Mauricio Ochoa Urioste es abogado, escritor y periodista boliviano. Fundador y director de El Faro 24, es un columnista reconocido por su estilo reflexivo y literario. Ha publicado poesía, análisis político y crónicas culturales, apostando por un periodismo independiente, crítico y comprometido con la verdad.
Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.
El 17 de agosto de 2025, una vez conocido el resultado preliminar de las elecciones generales 2025 en Bolivia, mi alegría algo contenida hasta el momento se puso a prueba, y escribí inmediatamente un artículo de opinión favorable al ganador de la primera vuelta.
Durante el prolongado gobierno de Evo Morales, Bolivia experimentó una profunda distorsión de los principios fundamentales que sostienen el Estado de derecho.
La política boliviana vive nuevamente un capítulo de alta tensión de cara al balotaje del 2025. Los nombres en disputa no son nuevos en el escenario nacional, pero las circunstancias actuales presentan un cuadro particularmente frágil, donde cada declaración y cada gesto tienen un peso decisivo sobre el rumbo del país.
Bolivia despertó el 17 de agosto de 2025 a una realidad que pocos imaginaron posible. Las urnas, esos recipientes sagrados de la voluntad popular, habían pronunciado un veredicto que resonaría como campanas de libertad en los rincones más remotos del continente: el fin de una era, el alba de otra, y en el medio, el silencio expectante de una nación que por dos décadas había olvidado la esperanza genuina.
¿Qué rumbo tomar?. Esa es la pregunta que Bolivia se hace desde hace décadas. Una nación atrapada entre promesas rotas, saqueos institucionales y una corrupción que parece haberse incrustado en lo más hondo de su tejido social. Pero para responder a esa pregunta —con honestidad y sin propaganda— es necesario mirar el pasado sin idealizaciones.
Bolivia necesita unidad más allá de las elecciones: reformas profundas, respeto a la institucionalidad y un frente amplio que garantice democracia, justicia y libertad.
El pluralismo político es un pilar esencial de la democracia. En elfaro24.com defendemos la imparcialidad informativa y rechazamos toda dependencia de partidos, ONG’s u organismos internacionales.
El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 5 de junio de 2024, pone de manifiesto un problema recurrente en la justicia boliviana: la aplicación selectiva del derecho y la posible interferencia de intereses políticos en las decisiones judiciales.
Bolivia ha dejado de ser un actor soberano en el escenario internacional. Mientras el mundo condena las agresiones de regímenes autoritarios, la diplomacia boliviana opta por la ambigüedad, el silencio y la sumisión ideológica. El servilismo del MAS en la ONU y la falta de estrategia en el MERCOSUR han llevado al país a un aislamiento peligroso. ¿Podrá Bolivia recuperar su voz antes de quedar atrapada en la irrelevancia global?.
El país se ha convertido en una eterna fila: para conseguir gasolina, para comprar gas, para buscar justicia. Mientras el pueblo espera, los poderosos siguen sin rendir cuentas, la corrupción se pasea impune y el Estado se reparte entre leales al régimen. ¿Hasta cuándo seguiremos en la fila de la desesperanza?
El organismo electoral debe aplicar la ley sin titubeos, cancelar la personería de FPV y PAN-BOL y confirmar que Morales no puede postularse.
La falta de pago de Bolivia a la ONU no es solo un impago administrativo, sino el reflejo de una crisis más profunda: un gobierno sin dirección, una diplomacia debilitada y una economía en deterioro que evidencian la incompetencia del presidente Luis Arce para gestionar las obligaciones internacionales del país.
La Central Obrera Boliviana (COB) ha dejado de ser la voz combativa de los trabajadores para convertirse en una sombra dócil del poder. En tiempos donde el pueblo boliviano enfrenta una crisis económica palpable, con la escasez de dólares golpeando sectores productivos y un mercado informal cada vez más fuerte, su dirigencia prefiere repetir el discurso oficialista en lugar de exigir soluciones reales.
El anuncio hecho público por el Presidente boliviano, Luis Arce, para frenar al menos parcialmente la crisis energética en el país es una buena señal, pero tiene sus grandes bemoles.
Bolivia enfrenta una crisis energética y económica sin precedentes, y el gobierno parece seguir atrapado en la negación. La escasez de dólares ha paralizado la capacidad del Estado para importar combustibles, poniendo en riesgo el abastecimiento interno y llevando al país a un escenario de colapso. Mientras el oficialismo insiste en repetir discursos vacíos y atribuir la crisis a factores externos, el tiempo se agota y la realidad es clara: Bolivia no tiene dólares suficientes para sostener su modelo económico basado en subsidios y dependencia de importaciones.
elfaro24.com se fundó hace pocos días atrás. El primer número es de fecha 1 de marzo de 2025. Espero remar muchos años más en este barco del periodismo digital.
En plena crisis de combustibles en el país, resulta evidente que diversos actores políticos han centrado su atención al problema coyuntural. Pero, ¿es acaso también necesario centrar el debate en aquéllos problemas estructurales del país?. ¿Es acaso el declive económico el resultado de una mala praxis política?.
En el nuevo siglo, las materias primas han pasado a un segundo lugar respecto a la importancia mayor de la materia gris, es decir, del intelecto y la cultura.
Más allá de penalizar aún más los delitos dolosos de quiénes imprudentemente conducen vehículos de transporte público, hace falta en el país una cultura de la vida y una sociedad "menos alcohólica".
Elecciones limpias en Bolivia el año 2025 debería ser la propuesta de la sociedad civil organizada, y para esto falta una norma que regule estrictamente el financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas.