Bolivia enfrenta una crisis energética y económica sin precedentes, y el gobierno parece seguir atrapado en la negación. La escasez de dólares ha paralizado la capacidad del Estado para importar combustibles, poniendo en riesgo el abastecimiento interno y llevando al país a un escenario de colapso. Mientras el oficialismo insiste en repetir discursos vacíos y atribuir la crisis a factores externos, el tiempo se agota y la realidad es clara: Bolivia no tiene dólares suficientes para sostener su modelo económico basado en subsidios y dependencia de importaciones.
Editorial11 de marzo de 2025
Mauricio Ochoa Urioste
El desabastecimiento de combustibles no es solo un problema logístico. Es la evidencia de que el modelo extractivista ha fracasado, de que las reservas internacionales están en su punto más bajo y de que la política energética del país ha sido irresponsable. La falta de inversión en el sector de hidrocarburos, la dependencia del gas como única fuente de ingresos y la obstinación en mantener subsidios insostenibles han creado una tormenta perfecta que ahora amenaza con arrastrar a toda la economía.
En lugar de aceptar la gravedad de la situación y tomar medidas urgentes, el gobierno ha optado por la inacción y la retórica populista. Mientras en las calles los ciudadanos hacen filas interminables para conseguir combustible y las industrias alertan sobre un posible desabastecimiento, las autoridades siguen anunciando "planes" sin resultados concretos.
Las soluciones no pueden seguir postergándose. Bolivia necesita decisiones firmes, aunque sean políticamente impopulares. La escasez de dólares y la crisis energética requieren medidas inmediatas, no discursos de campaña.
La escasez de dólares ha llevado a una reducción en las importaciones, afectando la disponibilidad de bienes esenciales y combustibles. Economistas sugieren que el gobierno debe asignar las divisas disponibles a la importación de productos fundamentales para la economía y la sociedad, garantizando así el funcionamiento de sectores clave.
La disminución en la exportación de gas natural ha reducido significativamente el ingreso de dólares al país. Expertos proponen que Bolivia renegocie acuerdos con países vecinos para mejorar las condiciones de exportación y asegurar mercados estables para sus productos energéticos.
Los subsidios a los combustibles representan una carga fiscal significativa. Analistas económicos sugieren que una liberación gradual y controlada de los precios podría reducir el gasto público y reflejar de manera más precisa los costos reales, aunque reconocen que esta medida debe implementarse con cautela para evitar impactos negativos en la población.
La falta de inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos ha llevado a una disminución en la producción. Especialistas señalan que mejorar el clima de inversión y ofrecer incentivos podría atraer capital extranjero, revitalizando el sector energético y aumentando la producción nacional. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) enfatizó este martes que urge que se realicen reformas con el fin de atraer inversiones de empresas petroleras privadas y que las normas vigentes como la Ley 767, de Promoción para la inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, hacen que Bolivia no sea un mercado “atractivo ni competitivo”, debido al marco legal que rige sus operaciones y el alto riesgo que representa.
Bolivia posee recursos naturales valiosos, como el litio y el gas. Economistas sugieren que emitir bonos respaldados por estos recursos podría atraer inversión extranjera y proporcionar liquidez al país, aunque advierten sobre los riesgos de endeudamiento y la necesidad de una gestión transparente.
La crisis económica ha llevado al gobierno a buscar financiamiento externo. Sin embargo, debido a divisiones políticas internas, la aprobación de créditos y préstamos por parte de organismos internacionales ha sido bloqueada, lo que ha impedido la llegada de fondos necesarios para estabilizar la economía. Aunque políticamente impopular para el oficialismo, recurrir al BID o al FMI es una opción que no puede ser descartada si se quiere evitar el colapso total.
Actualmente, el gasto público en Bolivia es insostenible. Según analistas económicos, una parte significativa del presupuesto nacional se destina a mantener una administración estatal inflada, con un exceso de funcionarios, instituciones redundantes y gastos superfluos en sectores no prioritarios. Esto drena recursos que podrían destinarse a sectores estratégicos como energía, infraestructura o seguridad alimentaria.
Reducir la burocracia estatal no solo es viable, sino que es una de las pocas soluciones de largo plazo que permitirían aliviar la crisis sin depender de endeudamiento externo ni ajustes fiscales brutales. Sin embargo, la decisión de implementar estas medidas requiere un liderazgo político firme y la disposición de enfrentar el costo social inmediato en beneficio de una economía más sostenible. Si el gobierno sigue negándose a aplicar estos cambios, la crisis no hará más que profundizarse.
La falta de información clara sobre la situación económica ha generado incertidumbre y desconfianza en la población. Expertos en comunicación y economía coinciden en que el gobierno debe proporcionar datos precisos y actualizados, explicando las medidas adoptadas y sus implicaciones, para mantener la confianza pública y evitar rumores que puedan exacerbar la crisis.
El gobierno de Luis Arce no puede seguir actuando como si tuviera margen de maniobra. La escasez de dólares, el desplome del sector energético y el agotamiento del modelo de subsidios han llevado a Bolivia a una encrucijada. Cada día que pasa sin decisiones firmes acerca al país a un estallido social.
Los ciudadanos ya están sintiendo el impacto de la crisis en su vida diaria. La falta de combustible paraliza el transporte, la inflación sigue avanzando y la incertidumbre económica se expande. La inacción del gobierno no solo es irresponsable: es criminal.
Si el oficialismo sigue sin actuar, será recordado no solo como el responsable de la peor crisis energética de Bolivia en décadas, sino como el arquitecto de su colapso económico. La historia no perdona la cobardía.
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