La Central Obrera Boliviana (COB) ha dejado de ser la voz combativa de los trabajadores para convertirse en una sombra dócil del poder. En tiempos donde el pueblo boliviano enfrenta una crisis económica palpable, con la escasez de dólares golpeando sectores productivos y un mercado informal cada vez más fuerte, su dirigencia prefiere repetir el discurso oficialista en lugar de exigir soluciones reales.
Editorial13 de marzo de 2025
Mauricio Ochoa Urioste
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, ha afirmado recientemente que “hay plata en bolivianos, lo que falta es dólares”, una frase que, lejos de ofrecer una lectura crítica de la realidad, refleja un alineamiento absoluto con el relato gubernamental. En lugar de reconocer las profundas distorsiones económicas que atraviesa el país, intenta transmitir un mensaje de normalidad en medio de un entorno que dista mucho de serlo.
La falta de dólares en la economía no es un problema menor ni una simple coyuntura pasajera. La caída de las reservas internacionales ha llevado a una escasez de divisas que afecta a importadores, empresarios y ciudadanos de a pie, obligándolos a acudir a un mercado paralelo donde el tipo de cambio ya no respeta el oficialismo del Banco Central. Los precios de bienes esenciales aumentan, y la incertidumbre sobre el futuro económico del país se instala en cada conversación del ciudadano común. Pero la COB, en lugar de asumir un rol de defensa de los trabajadores, prefiere aplaudir al Ejecutivo y respaldar su gestión.
La entrega del pliego petitorio de la COB, con demandas de incremento salarial del 20% al haber básico y del 15% al salario mínimo nacional, parece más un ritual que una verdadera estrategia de lucha. Se trata de un mecanismo para justificar su existencia, sin un análisis de fondo sobre cómo un ajuste de esta magnitud podría sostenerse en un contexto de déficit fiscal y crecimiento económico desacelerado. La dirigencia sindical se mantiene cómoda en su papel de interlocutora gubernamental, repitiendo consignas y evitando confrontaciones reales con el poder.
No se trata de negar la necesidad de mejorar los salarios ni de ignorar las carencias de los trabajadores, sino de preguntarse si la COB sigue siendo un actor independiente o un simple engranaje de un oficialismo que necesita desesperadamente el respaldo de los movimientos sociales. Su postura complaciente con el gobierno de Luis Arce, en un momento donde la crisis económica es evidente, genera dudas sobre su capacidad de representar verdaderamente a los obreros, en lugar de servir como una correa de transmisión de los intereses políticos del MAS.
Mientras en otros tiempos la COB fue una organización que desafió gobiernos y lideró luchas históricas por los derechos laborales, hoy parece haber optado por el silencio complaciente. Los trabajadores bolivianos necesitan una representación sindical que no solo negocie aumentos salariales, sino que exija soluciones estructurales para una economía que muestra signos de fragilidad. Necesitan dirigentes que cuestionen, propongan y luchen, no que se limiten a validar discursos oficiales.
Si la COB quiere recuperar su credibilidad, debe demostrar que su lealtad es con los trabajadores y no con el poder de turno. Debe exigir respuestas concretas a la crisis de divisas, impulsar políticas que generen empleo y crecimiento, y romper con la inercia de la sumisión política. De lo contrario, seguirá siendo una organización sindical de nombre, pero sin voz ni fuerza en la realidad nacional.
¿Qué rumbo tomar?. Esa es la pregunta que Bolivia se hace desde hace décadas. Una nación atrapada entre promesas rotas, saqueos institucionales y una corrupción que parece haberse incrustado en lo más hondo de su tejido social. Pero para responder a esa pregunta —con honestidad y sin propaganda— es necesario mirar el pasado sin idealizaciones.
Bolivia necesita unidad más allá de las elecciones: reformas profundas, respeto a la institucionalidad y un frente amplio que garantice democracia, justicia y libertad.
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El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 5 de junio de 2024, pone de manifiesto un problema recurrente en la justicia boliviana: la aplicación selectiva del derecho y la posible interferencia de intereses políticos en las decisiones judiciales.
Bolivia ha dejado de ser un actor soberano en el escenario internacional. Mientras el mundo condena las agresiones de regímenes autoritarios, la diplomacia boliviana opta por la ambigüedad, el silencio y la sumisión ideológica. El servilismo del MAS en la ONU y la falta de estrategia en el MERCOSUR han llevado al país a un aislamiento peligroso. ¿Podrá Bolivia recuperar su voz antes de quedar atrapada en la irrelevancia global?.
El país se ha convertido en una eterna fila: para conseguir gasolina, para comprar gas, para buscar justicia. Mientras el pueblo espera, los poderosos siguen sin rendir cuentas, la corrupción se pasea impune y el Estado se reparte entre leales al régimen. ¿Hasta cuándo seguiremos en la fila de la desesperanza?