“No puede haber justicia sin debido proceso”: Áñez cuestiona el sistema de justicia en Bolivia

Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.

InternacionalHace 2 horasMauricio Ochoa UriosteMauricio Ochoa Urioste
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Foto:Bolivian President Jeanine Áñez with U.S. Undersecretary of State David Hale

Áñez (2019-2020) advirtió que “no puede existir justicia sin debido proceso” en los procesos relacionados con la crisis política y social de 2019, en los que ella figura como principal acusada. A través de su cuenta en X, aseguró que la @CIDH y la @ONU_derechos deben velar por los derechos humanos de todos los bolivianos y denunció que, desde su detención en marzo de 2021, el Gobierno del MAS vulneró sus garantías procesales, lo que calificó como un “secuestro”.

En sus declaraciones, Áñez cuestionó la independencia del sistema judicial al señalar que “no puede pedirse justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que controla impunemente al Órgano Judicial”. Además, recordó que Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia judicial, manifestó su preocupación porque se le negó un juicio de responsabilidades, al que tendría derecho por su condición de ex mandataria. Según Áñez, esta negativa respondió a instrucciones políticas de Evo Morales.

El viernes, la CIDH y la ONU Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que advirtieron que la anulación de los procesos por las masacres de Senkata y Sacaba podría significar “un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas”. Ambas instituciones instaron al Estado boliviano a evitar demoras procesales que favorezcan la impunidad y a garantizar que se cumplan sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los tribunales de sentencia que revisaron estos casos, el 25 y 29 de agosto, declararon la incompetencia de la justicia ordinaria y dispusieron que Áñez enfrente un juicio de responsabilidades. Estas resoluciones también beneficiaron a policías y militares procesados por las muertes de 2019.

Áñez ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de un proceso especial por su condición de ex presidenta y, en 2023, denunció al Estado boliviano ante la CIDH por la negativa a otorgarle ese fuero.

El oficialismo sostiene que en 2019 hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales, mientras que sus opositores aseguran que las movilizaciones respondieron a un fraude electoral en favor del ex mandatario, en unos comicios que finalmente fueron anulados. El MAS argumenta que el mandato de Áñez carecía de legitimidad porque no surgió del voto popular.

Fuente: INFOBAE.

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