La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur manifestaron su preocupación tras la anulación de los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios mandos militares y policiales vinculados a los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019.
ActualidadHace 2 horas
Redacción
Ambas instancias internacionales consideran que las resoluciones judiciales representan un paso atrás en la búsqueda de justicia para las víctimas.
En un comunicado difundido este viernes, alertaron que suspender lo avanzado en estos juicios “supone un riesgo de revictimización” y compromete el deber del Estado de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en aquel contexto.
Los giros judiciales se produjeron a fines de agosto, cuando el Tribunal de Sentencia Cuarto de El Alto y, pocos días después, el Tribunal de Sacaba se declararon incompetentes para continuar los procesos. Ambas decisiones se fundamentaron en una instructiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó revisar la legalidad de las detenciones preventivas de Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari.
Frente a este panorama, tanto la CIDH como la ONU instaron a las autoridades bolivianas a tener en cuenta sus compromisos internacionales y a garantizar que no se vulneren los derechos de las víctimas. Recordaron, además, que estas determinaciones obstaculizan la aplicación de las recomendaciones emitidas por organismos especializados, como las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia) y el informe elaborado por una misión de la ONU, cuyo seguimiento está a cargo de la CIDH a través de la MESEG-Bolivia.
Fuente: El Deber
Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur manifestaron su preocupación tras la anulación de los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios mandos militares y policiales vinculados a los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019.
Charlie Kirk, activista conservador estadounidense y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA, murió el 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo en plena conferencia en la Universidad del Valle de Utah.
En el municipio argentino de Aguas Blancas (Salta), fronterizo con Bermejo, Bolivia, salió a la luz un notable desajuste entre la población censada y la cantidad de personas registradas para votar.
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Según EFE, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) realizó este viernes un acto simbólico en la plaza central de Cochabamba para conmemorar la sentencia dictada contra dos jesuitas españoles, Ramón Alaix y Marcos Recolons, condenados a un año de prisión por encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas.
El defensor de Arturo Murillo, Jaime Tapia, afirmó este jueves que los casos que se siguen contra el exministro tienen un trasfondo político y puso en duda la validez de las sentencias que actualmente lo alcanzan. Sostuvo que su cliente debe enfrentar las investigaciones en libertad.
Según Patrick Wintour, editor diplomático de The Guardian, los líderes europeos han intensificado la presión sobre Donald Trump para que aclare qué tipo de respaldo ofrecerá Estados Unidos a una eventual fuerza de paz europea en Ucrania si se logra un alto el fuego.
El Gobierno de Chile criticó este martes la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, de legalizar los vehículos robados provenientes principalmente de Chile, conocidos como “autos chutos”.
La expresidenta Jeanine Áñez Chávez podría recuperar su libertad en los próximos días gracias a un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia dictada en el caso denominado “golpe de Estado II”, el único proceso penal que la mantiene en el penal de Miraflores.