El defensor de Arturo Murillo, Jaime Tapia, afirmó este jueves que los casos que se siguen contra el exministro tienen un trasfondo político y puso en duda la validez de las sentencias que actualmente lo alcanzan. Sostuvo que su cliente debe enfrentar las investigaciones en libertad.
Actualidad05 de septiembre de 2025
Redacción
Murillo fue deportado desde Estados Unidos tras cumplir una condena y quedó aprehendido a su arribo a Bolivia, mientras se define su situación jurídica. En declaraciones a ERBOL, Tapia denunció que su defendido no fue notificado oportunamente con los fallos y que, por ello, no pudo ejercer su defensa ni utilizar los recursos legales disponibles.
“Todo ciudadano —incluido Murillo— tiene derecho a defenderse sin encierro, con un periodo probatorio razonable y con acceso pleno a las apelaciones previstas por la Constitución”, remarcó el abogado, quien también cuestionó la presión mediática y política en torno al caso. Según dijo, ya existen declaraciones oficiales que anticipan un encarcelamiento en Chonchocoro, lo que, a su juicio, contamina el proceso.
De acuerdo con las autoridades, pesan dos sentencias contra Murillo: una por el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otra por el préstamo de material antidisturbios proveniente de Ecuador. La defensa, sin embargo, rechaza esos fallos dictados en ausencia del acusado y plantea revisar su legalidad y constitucionalidad.
Tapia subrayó que la detención preventiva debe ser excepcional. Además, adelantó que se acogerán al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia para revisar las causas penales y detectar eventuales vulneraciones de derechos.
La audiencia de medidas cautelares está fijada para este viernes por la tarde, ocasión en la que la Fiscalía solicitará la reclusión de Murillo en el penal de San Pedro.
Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur manifestaron su preocupación tras la anulación de los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios mandos militares y policiales vinculados a los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019.
Charlie Kirk, activista conservador estadounidense y cofundador de la organización juvenil Turning Point USA, murió el 10 de septiembre de 2025 tras recibir un disparo en plena conferencia en la Universidad del Valle de Utah.
En el municipio argentino de Aguas Blancas (Salta), fronterizo con Bermejo, Bolivia, salió a la luz un notable desajuste entre la población censada y la cantidad de personas registradas para votar.
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Según EFE, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) realizó este viernes un acto simbólico en la plaza central de Cochabamba para conmemorar la sentencia dictada contra dos jesuitas españoles, Ramón Alaix y Marcos Recolons, condenados a un año de prisión por encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas.
Según Patrick Wintour, editor diplomático de The Guardian, los líderes europeos han intensificado la presión sobre Donald Trump para que aclare qué tipo de respaldo ofrecerá Estados Unidos a una eventual fuerza de paz europea en Ucrania si se logra un alto el fuego.
El Gobierno de Chile criticó este martes la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, de legalizar los vehículos robados provenientes principalmente de Chile, conocidos como “autos chutos”.
La expresidenta Jeanine Áñez Chávez podría recuperar su libertad en los próximos días gracias a un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia dictada en el caso denominado “golpe de Estado II”, el único proceso penal que la mantiene en el penal de Miraflores.