La expresidenta Jeanine Áñez Chávez podría recuperar su libertad en los próximos días gracias a un recurso de revisión extraordinaria de la sentencia dictada en el caso denominado “golpe de Estado II”, el único proceso penal que la mantiene en el penal de Miraflores.
Actualidad02 de septiembre de 2025
Redacción
Su defensa confía en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anule el fallo, luego de que la máxima instancia judicial del país marcara distancia del Ejecutivo y asumiera una línea más independiente en el tratamiento de causas consideradas políticas.
La hija de la exmandataria, Carolina Rivera, declaró a EL DEBER que este trámite representa el “último paso” para que Áñez retorne a su hogar después de más de cuatro años de encierro, tiempo en el que, según afirmó, fue utilizada como “trofeo político” del oficialismo.
La abogada defensora, Norka Cuéllar, recordó que durante la gestión de Luis Arce se abrieron nueve procesos penales ordinarios contra Áñez, a pesar de que la Ley 044 establece que las máximas autoridades del Estado deben ser juzgadas mediante un juicio de responsabilidades. Tres de esos casos ya fueron anulados por incompetencia, luego de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó que solo corresponde procesarla a través de la vía especial.
Entre los procesos abiertos figuraban los relacionados con los hechos de Senkata y Sacaba, el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), la presunta venta ilegal de combustible, un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), observaciones sobre la administración de Fundempresa y una denuncia de resoluciones inconstitucionales. De todos ellos, únicamente el caso “Golpe II” sigue vigente y mantiene a la exmandataria tras las rejas.
El giro en el escenario judicial se produjo con la instructiva 18/2025, firmada el 22 de agosto por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, que ordenó revisar los plazos de detención preventiva en los procesos contra Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari. Ambos ya recuperaron su libertad, lo que alimenta las expectativas en torno al futuro de la expresidenta.
La medida desató críticas del Gobierno y de representantes del MAS, quienes alertaron que resoluciones de este tipo podrían derivar en impunidad respecto a los hechos de 2019, en particular las muertes y heridos en Sacaba y Senkata. La Defensoría del Pueblo y legisladores oficialistas cuestionaron que la decisión no se haya tomado en Sala Plena, mientras que la ministra de Justicia y el procurador advirtieron sobre las consecuencias internacionales por incumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
En respuesta, Saucedo defendió la independencia del Órgano Judicial y aseguró que se cerró la llamada Comisión 898, instaurada en el gobierno de Evo Morales, que mantenía al TSJ vinculado al Ejecutivo. El magistrado insistió en que la justicia ya no será “mercenaria de la democracia” y llamó a los exiliados políticos a regresar al país, garantizando procesos con respeto al debido proceso.
El trasfondo político y judicial de la causa se remonta a la crisis de noviembre de 2019, cuando la renuncia de Evo Morales tras las denuncias de fraude electoral y la presión social derivó en la asunción de Áñez como presidenta transitoria. Desde 2020, con el retorno del MAS al poder, se abrieron múltiples causas en su contra. La defensa de la exmandataria ha sostenido en reiteradas ocasiones que la Fiscalía nunca investigó las denuncias de fraude electoral y que su llegada a la presidencia respondió a un vacío de poder.
Ahora, con el recurso en manos del TSJ, la expectativa se centra en si se anulará la sentencia que la mantiene en prisión. De confirmarse, la expresidenta podría abandonar Miraflores y sumarse a la lista de líderes opositores que recientemente han recuperado la libertad, en un contexto de redefinición del rol de la justicia en Bolivia.
Fuente: El Deber.
Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur manifestaron su preocupación tras la anulación de los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios mandos militares y policiales vinculados a los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019.
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En el municipio argentino de Aguas Blancas (Salta), fronterizo con Bermejo, Bolivia, salió a la luz un notable desajuste entre la población censada y la cantidad de personas registradas para votar.
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Según Patrick Wintour, editor diplomático de The Guardian, los líderes europeos han intensificado la presión sobre Donald Trump para que aclare qué tipo de respaldo ofrecerá Estados Unidos a una eventual fuerza de paz europea en Ucrania si se logra un alto el fuego.
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