Más allá de penalizar aún más los delitos dolosos de quiénes imprudentemente conducen vehículos de transporte público, hace falta en el país una cultura de la vida y una sociedad "menos alcohólica".
Editorial04 de marzo de 2025
Mauricio Ochoa Urioste
Todo comienza, ciertamente en la falta de una política de educación sobre los efectos devastadores de las bebidas alcohólicas, vistas - lamentablemente - como parte de la cultura urbana y popular.
Otro país de la región, como Uruguay, para poner un sólo ejemplo, legalizó el consumo de la marihuana de manera controlada para evitar precisamente el narcotráfico. De este modo la comercialización hecha por el Estado es limitada, y ningún sujeto puede comprar más allá de lo que las normas estipulan. Con todo, se plantea a la par, una educación pública sobre los efectos devastadores de la marihuana en la salud mental.
Ya antes, durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Uruguay dispuso que fumar en ambientes cerrados está prohibido, y las portadas de las cajas de cigarros, deben anunciar explícitamente los efectos sobre la salud, que son altamente perjudiciales.
En otras palabras, parte de la responsabilidad la tienen los gobernantes desde antaño, pero también los educadores tanto de las escuelas como de las familias.
Masticar hoja de coca junto con el "traguito" y conducir, es un mal muy grave en Bolivia. Un mal tan grave, que no se soluciona enviando a la cárcel al conductor que cometió el crimen.
Otro mal de males, y un pacto de silencio se teje, en la corrupción imperante en las instituciones públicas encargadas de vigilar el estado psicofísico de los aspirantes a libretas de conducir, así como la otorgación - en muchos casos fraudulenta - de este documento.
En suma, se trata de un problema integral, un problema muy grave, que no puede desatenderse. Amén de las malas carreteras que son otro cantar y otro problema no menor.
¿Qué rumbo tomar?. Esa es la pregunta que Bolivia se hace desde hace décadas. Una nación atrapada entre promesas rotas, saqueos institucionales y una corrupción que parece haberse incrustado en lo más hondo de su tejido social. Pero para responder a esa pregunta —con honestidad y sin propaganda— es necesario mirar el pasado sin idealizaciones.
Bolivia necesita unidad más allá de las elecciones: reformas profundas, respeto a la institucionalidad y un frente amplio que garantice democracia, justicia y libertad.
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El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 5 de junio de 2024, pone de manifiesto un problema recurrente en la justicia boliviana: la aplicación selectiva del derecho y la posible interferencia de intereses políticos en las decisiones judiciales.
Bolivia ha dejado de ser un actor soberano en el escenario internacional. Mientras el mundo condena las agresiones de regímenes autoritarios, la diplomacia boliviana opta por la ambigüedad, el silencio y la sumisión ideológica. El servilismo del MAS en la ONU y la falta de estrategia en el MERCOSUR han llevado al país a un aislamiento peligroso. ¿Podrá Bolivia recuperar su voz antes de quedar atrapada en la irrelevancia global?.
El país se ha convertido en una eterna fila: para conseguir gasolina, para comprar gas, para buscar justicia. Mientras el pueblo espera, los poderosos siguen sin rendir cuentas, la corrupción se pasea impune y el Estado se reparte entre leales al régimen. ¿Hasta cuándo seguiremos en la fila de la desesperanza?
