El anuncio hecho público por el Presidente boliviano, Luis Arce, para frenar al menos parcialmente la crisis energética en el país es una buena señal, pero tiene sus grandes bemoles.
Editorial13 de marzo de 2025
Mauricio Ochoa Urioste
En un anterior editorial, elfaro24.com se pronunció críticamente respecto a la política energética y económica de Bolivia. El Presidente Luis Arce, economista de profesión, parece haber tomado decisiones al menos transitorias para dejar sin efecto los efectos más nocivos de la escasez de combustibles de Bolivia.
Hallamos que se trata de medidas no estructurales sino cortoplacistas. La necesidad número uno en Bolivia debería centrarse - para el sector de los hidrocarburos - en una profunda revisión y modificación de las leyes que han puesto cortapisas a la inversión extranjera directa en la exploración de nuevos campos. Y claro está, hacer efectiva esta seguridad en la necesaria diversificación de la economía ya no tan solo en los recursos naturales no renovables, sino en sectores de la economía de gran potencial todavía rezagados: pienso en el turismo por ejemplo.
Diez medidas que intentan mitigar al menos de momento el enorme problema social que entraña el no tener combustibles. Pero que nada dicen tampoco sobre el modelo económico, que debería centrarse ya no en el extractivista y rentista; sino en el de una economía social de mercado abierta al mundo que precisa de reglas claras para el libre mercado y la inversión.
Podemos o no discrepar del gobierno de Luis Arce, pero son medidas al fin, incluida la de suba del precio del diésel que implica una menor subvención a ciertos sectores económicos.
Lo que no se ajusta a la verdad es decir que la población no siente los efectos de este problema. El "corralito de divisas" que ha impuesto el gobierno, lejos de ser constitucional, porque frena la capacidad de ahorro de los bolivianos, se extenderá, esperemos, por un tiempo definido.
Es también vital que el gobierno de Arce, reconozca la incapacidad de mantener el juego de los préstamos indefinidamente, pues, aunque parezca mentira, es con esos préstamos que se paga una parte de la deuda internacional. Préstamos urgentes y necesarios sí, pero siempre que también se baje la aparatosa burocracia y el gasto público que ella conlleva.
Los antídotos para atacar esa bacteria que recorre el ampuloso cuerpo estatal, es bajar en el más breve plazo y frontalmente el déficit fiscal, e incentivar raudamente la inversión extranjera directa.
A mal de males, algún bien se halla en el camino. Pero faltan, en efecto, seguridad jurídica, menor gasto público para mantener una burocracia estatal ineficiente, revisión de los bonos sociales concienzudamente, y comprender que difícilmente - al menos Arce - pueda ser reelecto si las elecciones son libres y justas el próximo agosto. Y esto último, porque su impopularidad, queramos o no, es galopante y encaminada a un precipicio.
Hace falta, pues, un reconocimiento de que la crisis es estructural, y también cerrar empresas deficitarias es una prioridad.
Ojalá, que la economía mejore, y que la oposición política traiga soluciones antes que críticas siempre destructivas en la época electoral. Necesitamos, todos juntos, evitar la escalada de la crisis macroeconómica, y se requiere el concurso de todos y cada uno de los bolivianos.
Para un corto plazo, pero tan necesario como todo lo anterior, es imprescindible mejorar la educación, reformar sino total, al menos parcialmente, la Ley Avelino Siñani, y que nuestros hijos y sus progenitores sean competitivos a escala regional y global. Creemos que enseñar quechua o aymara en las escuelas y universidades no está mal, para la comprensión del entramado cultural y social boliviano.
Lo que sí es negativo y perverso, es no enseñar igualmente al menos inglés, no formar buenos científicos ni ingenieros, capaces de dar un salto copernicano hacia el mundo del siglo XXI, y los retos que presenta.
Canchitas de fútbol en pueblos sin educación, sanidad ni alcantarillado, son una forma de vender humo; o mejor dicho, enclaustrar nuestro futuro. Y no sabemos cuán consciente sea el señor Presidente de todo esto.
¿Qué rumbo tomar?. Esa es la pregunta que Bolivia se hace desde hace décadas. Una nación atrapada entre promesas rotas, saqueos institucionales y una corrupción que parece haberse incrustado en lo más hondo de su tejido social. Pero para responder a esa pregunta —con honestidad y sin propaganda— es necesario mirar el pasado sin idealizaciones.
Bolivia necesita unidad más allá de las elecciones: reformas profundas, respeto a la institucionalidad y un frente amplio que garantice democracia, justicia y libertad.
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El país se ha convertido en una eterna fila: para conseguir gasolina, para comprar gas, para buscar justicia. Mientras el pueblo espera, los poderosos siguen sin rendir cuentas, la corrupción se pasea impune y el Estado se reparte entre leales al régimen. ¿Hasta cuándo seguiremos en la fila de la desesperanza?