En plena crisis de combustibles en el país, resulta evidente que diversos actores políticos han centrado su atención al problema coyuntural. Pero, ¿es acaso también necesario centrar el debate en aquéllos problemas estructurales del país?. ¿Es acaso el declive económico el resultado de una mala praxis política?.
Editorial06 de marzo de 2025
Mauricio Ochoa Urioste
La crisis cambiaria, la escasez de combustibles, la ya inobjetable alza de precios que afectan al consumidor, han hecho que aparezcan "por arte de magia" personas y colectivos que como vendedores de humo, apuestan por un futuro mejor en el país. Muchos de estos nuevos actores, de talante claramente economicista, no entienden que la raíz del problema boliviano se encuentra en la necesidad de una nueva Constitución de reconciliación nacional, donde blancos, mestizos, criollos, pardos, morenos, indígenas, amarillos, y un largo etcétera, construyan las bases y principios fundacionales del país.
Es muy reduccionista pretender ligar los problemas presentes sólo a la inadecuada política económica del Movimiento al Socialismo. A este juego nos quieren llevar algunos arcistas y evistas.
Los principios fundacionales ut supra deben hallarse inscritos en la Carta Magna y sus leyes de desarrollo. Por ejemplo, la Ley Avelino Siñani, no ha roto el esquema de pésima educación en el país, porque bajo el eufemismo de lo plurinacional se inscribe otra faceta más lúgubre y sinuosa: la mala praxis de las autoridades. Y es que el prefacio de la Constitución de 2009, es un mito muy grande y tenebroso que precisa "sacudirse" para el bien de las futuras generaciones.
La Ley Avelino Siñani, es pues el resultado de la Constitución de 2009, que provoca una ruptura con los valores occidentales y la modernidad.
Vemos, en este ejemplo, que el origen de todos los males (entre los que se encuentra la educación) es de carácter absolutamente político.
Otro ejemplo de cómo el sistema político - léase la Constitución de 2009 - ha provocado desmanes, es la elección de magistrados. Nada más absurdo que eso. Si se tiene presente que el Judicial no es un órgano deliberativo, y están prohibidas las campañas electorales de los candidatos a jueces, es un despropósito constitucional que debe ser enmendado. Más aún si la justicia en Bolivia es un saludo a la bandera.
Otros problemas de grueso calibre en Bolivia son la forma de gobierno y la descentralización política real. Sería muy largo este editorial para referirnos a ellos. Nuestra opción es por el federalismo y el parlamentarismo.
En conclusión, no hay nada de malo hablar de economía en tiempos de crisis. Pero si no caemos en cuenta que es derivada de la política, entramos en un juego perverso y un fatal error.
¿Qué rumbo tomar?. Esa es la pregunta que Bolivia se hace desde hace décadas. Una nación atrapada entre promesas rotas, saqueos institucionales y una corrupción que parece haberse incrustado en lo más hondo de su tejido social. Pero para responder a esa pregunta —con honestidad y sin propaganda— es necesario mirar el pasado sin idealizaciones.
Bolivia necesita unidad más allá de las elecciones: reformas profundas, respeto a la institucionalidad y un frente amplio que garantice democracia, justicia y libertad.
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El reciente fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anuló la convocatoria a la Séptima Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 5 de junio de 2024, pone de manifiesto un problema recurrente en la justicia boliviana: la aplicación selectiva del derecho y la posible interferencia de intereses políticos en las decisiones judiciales.
Bolivia ha dejado de ser un actor soberano en el escenario internacional. Mientras el mundo condena las agresiones de regímenes autoritarios, la diplomacia boliviana opta por la ambigüedad, el silencio y la sumisión ideológica. El servilismo del MAS en la ONU y la falta de estrategia en el MERCOSUR han llevado al país a un aislamiento peligroso. ¿Podrá Bolivia recuperar su voz antes de quedar atrapada en la irrelevancia global?.
El país se ha convertido en una eterna fila: para conseguir gasolina, para comprar gas, para buscar justicia. Mientras el pueblo espera, los poderosos siguen sin rendir cuentas, la corrupción se pasea impune y el Estado se reparte entre leales al régimen. ¿Hasta cuándo seguiremos en la fila de la desesperanza?