El ajuste que Bolivia necesitaba: la propuesta de Quiroga era más inteligente

El resultado inmediato fue predecible: la gasolina registró un incremento del 86,1% y el diésel del 163%. Las calles se llenaron de filas interminables en los surtidores, los pasajes de transporte público se duplicaron de la noche a la mañana, y los mercados amanecieron con precios disparados.

Nadie discute que el subsidio era insostenible. Cada semana Bolivia necesitaba cerca de 60 millones de dólares para importar carburantes, uno de los mayores gastos públicos del país. Mantener ese esquema en 2026 habría demandado unos 3.500 millones de dólares que el Estado simplemente no tiene. El diagnóstico era correcto; la cirugía, brutal e innecesariamente dolorosa.

Aquí es donde la propuesta del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga demuestra su superioridad técnica y política. Durante la campaña electoral, Quiroga planteó algo que ahora parece de una lucidez evidente: mantener la subvención para el transporte público al menos un año, mientras se aplaste la inflación, hasta garantizar que no se tenga financiamiento del Banco Central y que la gente esté tranquila.

La diferencia no es menor. El enfoque de Quiroga reconocía una verdad económica fundamental: el transporte público es el eslabón que conecta todos los precios de la economía. Cuando sube el pasaje, sube el costo de llevar alimentos al mercado. Cuando sube el diésel para los camiones, sube el precio del pan, la carne, las verduras. Es una cadena inflacionaria que se propaga como fuego en paja seca.

Quiroga advirtió que haber incrementado el combustible incluso para el transporte público podría generar un efecto inflacionario que genere sufrimiento para la población. No hacía falta ser profeta: bastaba con entender economía básica.

El plan de Quiroga era quirúrgico donde el de Paz fue un hachazo. Quiroga explicó que sólo mantendría la subvención para el transporte público con el objetivo de evitar una cadena y espiral inflacionaria, mientras que los sectores productivos —agroindustria, minería, grandes empresas— que ya estaban pagando precios de mercado negro de 10 a 13 bolivianos por litro, pasarían formalmente a precios internacionales. Era un ajuste realista: esos sectores ya habían absorbido el golpe; la población urbana que depende del trufi y el micro para llegar a su trabajo, no.

Además, la propuesta de Quiroga contemplaba un colchón de estabilización previo. Quiroga proponía acudir a préstamos del Fondo Monetario Internacional por 12.000 millones de dólares para enfrentar la escasez de divisas antes de retirar el subsidio, no después. Era un plan de salvataje integral: primero las divisas, luego la reforma cambiaria, después —y solo después— el ajuste gradual de combustibles con protección al transporte masivo.

¿Qué hizo el gobierno de Paz? Lo contrario. Prometió en campaña que no tocaría los subsidios, y aunque habló de una medida gradual, terminó quitando el subsidio de golpe.

El resultado está a la vista. El transporte público elevó arbitrariamente sus tarifas en un promedio de 100%, o incluso más, generando la protesta de los usuarios. En Cochabamba los pasajeros pagan el doble; en La Paz los minibuses cobran 4,50 bolivianos donde antes cobraban 2,50. El transporte interdepartamental ha llegado a triplicar sus tarifas.

Los defensores del gobierno argumentarán que no había alternativa, que la situación fiscal era terminal, que había que actuar con urgencia. Pero la urgencia no justifica la torpeza. Un estudio de Oxfam calcula que la eliminación abrupta del subsidio podría aumentar la pobreza moderada en 2,5% y la extrema en 1,5%. Esos puntos porcentuales son familias reales que pasarán de la precariedad a la miseria.

La compensación ofrecida por el gobierno —un aumento del 20% al salario mínimo y bonos sociales— es insuficiente y mal diseñada. El sector informal y las pequeñas empresas absorben el shock del diésel con mayores costos de transporte y de insumos, pero sin una red de protección equivalente. El trabajador informal que vende empanadas en la esquina no recibe salario mínimo; la señora que tiene su puesto en el mercado no tiene empleador que le suba el sueldo.

Quiroga tenía razón al advertir que los carbones del incendio siguen allí y se le va a echar gasolina al carbón sin el balde de agua de un programa estructural bien hecho de balanza de pagos. La metáfora es precisa: Bolivia ya tenía inflación alta, ya tenía escasez de dólares, ya tenía una economía estrangulada. El decreto de Paz no apagó el incendio; le echó combustible.

Es justo reconocer que hay aspectos del decreto que Quiroga mismo ha validado: eliminar al diésel de la lista de sustancias controladas era necesario para combatir el contrabando y las distorsiones del mercado negro. Pero una cosa es liberar el mercado mayorista y otra muy distinta es abandonar al ciudadano común a su suerte.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde hace más de dos años que se traduce en la escasez de dólares, combustible y el aumento sostenido de los precios de la canasta básica. La inflación interanual en julio llegó a 24,86%. En ese contexto, la gradualidad no era un lujo ideológico: era una necesidad técnica. Un paciente debilitado no resiste la misma dosis de medicina que uno sano.

El gobierno de Paz tendrá que enfrentar ahora las consecuencias de su decisión. La medida genera posiciones encontradas y constituye el primer conflicto social del gobierno cuando cumple apenas 40 días de mandato. Los sindicatos se movilizan, las calles protestan, y el fantasma de Evo Morales —siempre oportunista— ya anuncia bloqueos para capitalizar el descontento.

Nada de esto era inevitable. Bolivia podía tener un ajuste fiscal responsable que protegiera al transporte público, que llegara con un colchón de reservas internacionales, que diera tiempo a la economía para adaptarse. Esa era la propuesta de Quiroga. El país eligió otra cosa, y ahora paga el precio.

La historia económica de América Latina está llena de ajustes mal ejecutados que terminaron costando más de lo que ahorraron. El "gasolinazo" de Paz tiene todos los ingredientes para sumarse a esa lista. La inteligencia económica no está solo en diagnosticar el problema; está en diseñar la solución que cause menos daño colateral.

Tuto Quiroga lo entendió. Rodrigo Paz, lamentablemente, no.