Editorial

Entre las múltiples tareas que aguardan a la Asamblea Legislativa Plurinacional en este nuevo ciclo político, pocas revisten la urgencia y trascendencia de restablecer la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras directas.

Declaraciones de buena voluntad no sustituyen garantías legales. Bolivia necesita una ley de nulidad de procesos político-judiciales con reparación integral.

Hace menos de un mes, el 8 de noviembre, Rodrigo Paz Pereira juró como presidente de Bolivia con una fórmula que marcaba ya una ruptura simbólica: «Dios, patria y familia, sí, juro». Con esas palabras, pronunciadas bajo la lluvia que él mismo interpretó como una «limpia» de la Pachamama, se cerraba un ciclo de casi veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo y se abría un capítulo inédito en la historia del país altiplánico.

La crisis política que atraviesa el Ejecutivo boliviano ha dejado de ser un desacuerdo interno para transformarse en un conflicto abierto que expone una peligrosa dualidad de poder en el corazón del Estado. Las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara, en las que cuestiona la idoneidad del ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo por supuestos procesos judiciales pendientes y denuncia una falta de voluntad real para combatir la corrupción dentro de la Policía Boliviana, escalan una tensión inédita en la relación con el presidente Rodrigo Paz.