Dualidad de poder en Bolivia: cuando la grieta en el Ejecutivo se vuelve pública

Lejos de quedar en un ámbito reservado, el vicepresidente ha elegido llevar estas acusaciones al espacio público, utilizando sus redes y actos recientes para advertir sobre la “contaminación” de altos mandos policiales, la permanencia de redes corruptas y la falta de resultados de quienes deberían liderar la reforma institucional.

Estas nuevas advertencias se suman a otras declaraciones recientes en las que Lara no sólo cuestionó al ministro Oviedo, sino que puso en duda la eficacia del propio presidente en la lucha contra la corrupción. Acusó al Jefe de Estado de rodearse de figuras que, según él, perjudican la gestión, y anunció que presentará nuevas denuncias contra otros miembros del gobierno. La reiteración de estas críticas —primero aisladas, luego constantes— configura un patrón de desmarque político que ya no puede interpretarse como simple diferencia de criterios. Se trata de un vicepresidente que se ha colocado, de hecho, en un rol de fiscal interno del gobierno que integra.

El resultado es un escenario de fractura que genera una profunda preocupación institucional. Un gobierno que no logra transmitir unidad de mando, y que aparece dividido públicamente entre la palabra del presidente y los cuestionamientos directos de su vicepresidente, queda debilitado ante la ciudadanía, la oposición y la comunidad internacional. Cuando el vicepresidente afirma que el ministro de Gobierno podría influir en procesos judiciales en su contra, o que la Policía sigue capturada por redes de corrupción, se erosiona no sólo la figura del ministro, sino la credibilidad de instituciones esenciales del Estado. Y cuando, además, afirma que el presidente no está reaccionando a estas señales, la erosión alcanza el propio núcleo presidencial.

El MAS, naturalmente, encuentra en esta fractura una oportunidad para alimentar dudas sobre la consistencia del gobierno. Pero incluso al margen de intereses políticos, la disputa interna tiene efectos directos sobre la administración pública. La lentitud para encarar reformas a la Policía, la sensación de vacío de mando en el área de seguridad, y la percepción de que el gabinete se encuentra atravesado por tensiones internas, repercuten en la capacidad del Estado para responder con eficacia a los desafíos cotidianos. En este contexto, cualquier decisión que tome el presidente —mantener al ministro, removerlo, o responder públicamente a las denuncias de Lara— será interpretada como signo de fortaleza o de fragilidad, según el sector que la lea.

La situación revela algo más profundo: la ruptura de los canales institucionales de resolución de conflictos dentro del Ejecutivo. Cuando las discrepancias dejan de manejarse mediante reuniones del gabinete, informes oficiales o mecanismos internos, y pasan a expresarse mediante declaraciones públicas, acusaciones en redes sociales y contramensajes mediáticos, lo que se deteriora es la lógica de funcionamiento interno del propio Estado. Un gobierno dividido no sólo corre el riesgo de debilitar su autoridad; también transmite a la ciudadanía la impresión de que afronta sus tensiones sin claridad ni control.

Las implicaciones de esta dualidad de poder son serias. En un país donde la estabilidad institucional es un bien frágil y disputado, la exposición pública de un conflicto entre presidente y vicepresidente envía señales contradictorias a todos los niveles: a los funcionarios públicos, que no saben a qué mando obedecer; a las instituciones encargadas de seguridad, que quedan atrapadas en pugnas políticas; a las organizaciones sociales, que interpretan la disputa como posibilidad de reacomodar lealtades; y a la oposición, que aprovecha la rendija para proyectar escenarios de desgaste. La consecuencia más inmediata es la incertidumbre, pero la más peligrosa es el deterioro progresivo de la gobernabilidad.