Han pasado apenas semanas desde que Rodrigo Paz Pereira juró como presidente de Bolivia aquel lluvioso 8 de noviembre, prometiendo que la Pachamama bendecía un nuevo comienzo. El fin de casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo despertó esperanzas legítimas entre quienes sufrieron persecución política durante ese período. Sin embargo, a principios de diciembre, la pregunta persiste: ¿dónde están las acciones concretas para garantizar el retorno seguro y el cese definitivo de la persecución contra los refugiados amparados por la Convención de Ginebra de 1951?
Las palabras del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, invitando a los exiliados a "volver a su casa" porque "la justicia se ha restablecido", fueron recibidas con esperanza. La liberación de figuras como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez pareció confirmar un cambio de viento. Pero las declaraciones judiciales y las liberaciones selectivas no constituyen una política de Estado. Y la Asamblea Legislativa Plurinacional sigue sin aprobar el instrumento que realmente importa: una ley de nulidad de procesos político-judiciales que incluya la reparación integral de las víctimas.
Es fundamental comprender la diferencia. Una amnistía presupone que existieron delitos y el Estado decide perdonarlos. Pero quienes fueron perseguidos por el régimen del MAS no cometieron delitos; fueron víctimas de un aparato estatal que utilizó la justicia como arma política. Lo que corresponde no es perdonar lo que nunca existió, sino reconocer formalmente que esos procesos fueron nulos desde su origen.
La nulidad de procesos político-judiciales implica el reconocimiento estatal de que el sistema de justicia fue instrumentalizado para perseguir adversarios políticos. Que las acusaciones fueron fabricadas. Que los procedimientos estuvieron viciados. Que las sentencias —cuando las hubo— carecieron de legitimidad. En suma: que el Estado cometió un abuso sistemático contra sus propios ciudadanos.
Esta distinción no es meramente semántica. Tiene consecuencias jurídicas y morales profundas. La amnistía deja una sombra de culpabilidad sobre el beneficiario; la nulidad restituye plenamente su honor y reconoce su condición de víctima. Y como víctimas, les corresponde reparación integral.
Durante los gobiernos del MAS se perfeccionó en Bolivia lo que internacionalmente se conoce como lawfare: la guerra política por vía judicial. Exautoridades departamentales, municipales, dirigentes cívicos, empresarios, periodistas y activistas fueron sometidos a procesos judiciales plagados de irregularidades, con acusaciones genéricas, prisiones preventivas extendidas indefinidamente y jueces que respondían a instrucciones políticas.
José Luis Paredes permaneció 16 años en el exilio por una acusación vinculada a la construcción de un parque urbano. Leopoldo Fernández pasó más de una década en prisión preventiva —sin sentencia firme— por el caso Porvenir. Manfred Reyes Villa debió abandonar el país por procesos que se multiplicaban cada vez que emergía como alternativa política. La lista es extensa y documentada.
Estos no fueron procesos judiciales legítimos que merezcan ser "perdonados". Fueron instrumentos de persecución que deben ser declarados nulos. Y quienes los padecieron merecen reparación por los daños sufridos.
Bolivia es signataria de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Los ciudadanos bolivianos que obtuvieron refugio en otros países lo hicieron porque demostraron ante autoridades internacionales que sufrían persecución fundada en motivos políticos. El reconocimiento de su condición de refugiados por parte de terceros Estados constituye evidencia internacional de que Bolivia violó sus derechos.
La propia Constitución boliviana, en su artículo 29, reconoce el derecho de asilo y refugio por persecución política o ideológica. Si el Estado boliviano reconoce este derecho cuando otros huyen hacia su territorio, debe asumir la responsabilidad de haber generado las condiciones que forzaron a sus propios ciudadanos a buscar protección internacional.
Una ley de nulidad de procesos político-judiciales con reparación integral no solo permitiría el retorno seguro de los refugiados; constituiría el reconocimiento formal del Estado boliviano de que actuó ilegalmente contra ellos y que está dispuesto a resarcir el daño causado.
Una ley de nulidad de procesos político-judiciales con reparación integral debería establecer:
Sobre la nulidad de los procesos:
La declaración de nulidad absoluta de todos los procesos judiciales iniciados con motivación política durante el período 2006-2025, identificando criterios objetivos para determinar cuáles procesos califican: ausencia de pruebas sustantivas, violaciones al debido proceso, intervención documentada de autoridades políticas en la conducción de las causas, uso abusivo de la prisión preventiva, entre otros.
La cancelación inmediata de todas las órdenes de aprehensión, alertas migratorias y medidas cautelares derivadas de estos procesos nulos.
La inhabilitación de los expedientes anulados para cualquier efecto jurídico futuro, impidiendo que puedan ser reactivados o utilizados como antecedentes.
Sobre la reparación integral de las víctimas:
El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares claros sobre reparación integral que Bolivia, como Estado parte de múltiples tratados, está obligada a observar. La ley debería contemplar las cinco dimensiones reconocidas internacionalmente:
Restitución: Devolver a las víctimas, en la medida de lo posible, a la situación anterior a la violación de sus derechos. Esto incluye la devolución de bienes confiscados o embargados, la restitución de derechos políticos suspendidos, la anulación de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y el reconocimiento del tiempo de servicio público interrumpido a efectos de jubilación y carrera administrativa.
Indemnización: Compensación económica por los daños materiales e inmateriales sufridos. Los años de exilio implicaron pérdida de ingresos, gastos legales extraordinarios, costos de reubicación, pérdida de oportunidades profesionales y deterioro patrimonial. La ley debe establecer mecanismos para calcular y otorgar indemnizaciones justas y proporcionales al daño sufrido.
Rehabilitación: Acceso a servicios médicos, psicológicos y sociales para las víctimas y sus familias. El exilio y la persecución dejan secuelas profundas: trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, ruptura de vínculos familiares. El Estado debe garantizar atención especializada para quienes la requieran.
Satisfacción: Medidas orientadas a restaurar la dignidad de las víctimas. Esto incluye el reconocimiento público de los hechos y aceptación de responsabilidad estatal, disculpas oficiales, actos de desagravio, inclusión de estos hechos en la memoria histórica nacional y, cuando corresponda, la identificación y sanción de los responsables de la persecución.
Garantías de no repetición: Reformas institucionales que aseguren que estos abusos no volverán a ocurrir. Esto implica reformas al sistema judicial para garantizar su independencia, mecanismos de control sobre el uso político de la justicia, capacitación a operadores judiciales en derechos humanos y fortalecimiento de los órganos de control constitucional.
Sobre el retorno de los refugiados:
Un mecanismo de coordinación con los países que otorgaron refugio a ciudadanos bolivianos, comunicando oficialmente el cese de las condiciones de persecución y facilitando la repatriación voluntaria en condiciones dignas, incluyendo apoyo logístico y económico para quienes decidan regresar.
Algunos argumentarán que una ley con reparación integral representa un costo fiscal significativo para un país que, como reconoció el propio presidente Paz, está "devastado" económicamente. Este argumento invierte la lógica de la responsabilidad.
El costo lo generó el Estado cuando decidió perseguir a sus ciudadanos. Las víctimas ya pagaron —con su libertad, su patrimonio, sus años de vida, su salud mental, la separación de sus familias—. La reparación no es un gasto discrecional; es una deuda que el Estado contrajo cuando violó los derechos de sus ciudadanos. Postergarla indefinidamente por razones presupuestarias equivale a perpetuar la injusticia.
Por lo demás, la reparación puede implementarse de manera gradual y programada, estableciendo prioridades según la gravedad de los casos y la situación de las víctimas. Lo importante es que el derecho quede consagrado en la ley y que exista un compromiso estatal vinculante.
La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en sus manos la posibilidad de aprobar esta ley. El Partido Demócrata Cristiano del presidente Paz cuenta con 49 diputados y 16 senadores, lo que le otorga una posición significativa aunque no mayoritaria. Esto exige construir consensos, pero también ofrece la oportunidad de que una ley de esta naturaleza trascienda las divisiones partidarias y se convierta en un acto de Estado.
Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado ningún proyecto en este sentido. La agenda legislativa parece concentrada en las urgencias económicas —comprensibles, dado el contexto—, pero la reconciliación nacional no puede esperar indefinidamente. Y no habrá reconciliación genuina sin justicia ni reparación.
Rodrigo Paz Pereira conoce el exilio en carne propia. Nació en Santiago de Compostela durante el destierro de su padre, Jaime Paz Zamora, perseguido por las dictaduras militares de los años setenta. Su infancia transcurrió en diez países diferentes, huyendo de la represión. Su familia experimentó lo que significa ser arrancado de la patria por razones políticas.
Esta biografía debería sensibilizar especialmente al presidente ante la situación de quienes hoy permanecen fuera de Bolivia. Él sabe que el exilio no es una elección libre sino una imposición dolorosa. Sabe que las familias se fragmentan, que los vínculos se erosionan, que la distancia pesa. Sabe que el daño no termina cuando termina la persecución; las cicatrices permanecen. Y sabe también que cuando su padre pudo regresar, lo hizo porque Bolivia restableció el Estado de derecho, no porque alguien le "perdonara" delitos que nunca cometió.
El presidente Paz afirmó en su investidura que "Bolivia decidió despertar" y que "comienza un tiempo de libertad". El vicepresidente Edmand Lara prometió que el nuevo gobierno "no discriminará a nadie". Pero la libertad no puede ser selectiva ni depender de declaraciones de buena voluntad.
Una democracia que mantiene vigentes procesos judiciales fabricados por el régimen anterior es una democracia que hereda la ilegitimidad de ese régimen. Una democracia que reconoce víctimas pero no las repara es una democracia que perpetúa la injusticia con otro rostro. No basta con que el clima político haya cambiado; se requiere una ruptura jurídica formal con las prácticas del pasado y un compromiso tangible con quienes las sufrieron.
Los refugiados bolivianos no piden clemencia. Piden justicia. Piden que el Estado reconozca que fueron víctimas, no delincuentes. Piden que los procesos espurios que los forzaron al exilio sean declarados lo que siempre fueron: instrumentos de persecución política, nulos de pleno derecho. Y piden reparación por los años perdidos, el patrimonio destruido, las familias fracturadas, la dignidad vulnerada.
Bolivia tiene hoy la oportunidad de dar un paso que pocos países han dado con claridad: reconocer institucionalmente que su sistema de justicia fue capturado y utilizado como herramienta de represión política, y asumir las consecuencias de ese reconocimiento mediante la reparación integral de las víctimas. Este paso no debilita al Estado; lo fortalece. Demuestra capacidad de autocrítica, compromiso con el Estado de derecho y voluntad genuina de reconciliación.
Una ley de nulidad de procesos político-judiciales con reparación integral sería un acto de grandeza política. Cerraría heridas que llevan años abiertas. Permitiría el retorno digno de ciudadanos que fueron expulsados de su patria. Resarciría —en la medida de lo posible— el daño causado. Y enviaría un mensaje claro: en la Bolivia democrática, la justicia no volverá a ser un arma contra los adversarios políticos, y cuando el Estado comete abusos, los reconoce y los repara.
El reloj corre. Los refugiados envejecen lejos de su tierra. Sus familias permanecen divididas. Algunos ya no podrán regresar porque la muerte los alcanzó en el destierro. Cada día que pasa sin una ley de nulidad con reparación integral es un día más de injusticia perpetuada.
El gobierno de Rodrigo Paz Pereira y la Asamblea Legislativa Plurinacional tienen la palabra. Las declaraciones ya las escuchamos. Ahora esperamos los hechos.
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