El economicismo ciego y las lecciones que Bolivia insiste en olvidar

Hay una trampa intelectual en la que han caído muchos analistas bolivianos: el economicismo. Esa mirada que reduce un país complejo, atravesado por fracturas históricas, tensiones regionales y memorias de exclusión, a un conjunto de variables macroeconómicas. Déficit fiscal, reservas internacionales, tipo de cambio, inversión extranjera. Números que importan, sin duda, pero que no capturan —ni remotamente— la totalidad de lo que Bolivia es.

El Decreto Supremo 5503 ha sido celebrado en ciertos círculos como un ejercicio de responsabilidad fiscal largamente postergado. Y técnicamente lo es. El déficit era insostenible, las reservas se habían evaporado, la subvención a combustibles alimentaba el contrabando más que a los hogares pobres. Algo había que hacer. Nadie sensato discute eso.

Lo que se discute —o debería discutirse— es cómo se hizo, quién paga los costos, y qué consecuencias políticas tendrá en el mediano plazo un ajuste diseñado en el vacío social.

Las hojas de cálculo no votan

Bolivia no es un modelo econométrico. Es un país donde la calle ha derrocado presidentes, donde los bloqueos de caminos son un lenguaje político tan antiguo como la República, donde millones de ciudadanos aprendieron que la movilización es el único recurso cuando el poder no escucha.

Los intelectuales que hoy celebran el DS 5503 mirando exclusivamente sus méritos técnicos cometen el mismo error que cometieron los economistas del ciclo neoliberal. Celebraron el 21060, celebraron las privatizaciones, celebraron la estabilidad macroeconómica de los noventa. No vieron —o no quisieron ver— que mientras las cifras mejoraban, el tejido social se desgarraba.

Los mineros relocalizados migraron al Chapare y fundaron el movimiento cocalero. Los excluidos del modelo encontraron en Evo Morales un canal para su resentimiento acumulado. La Guerra del Agua y la Guerra del Gas no fueron accidentes: fueron el resultado previsible de dos décadas de políticas que estabilizaron la economía mientras desestabilizaban la sociedad.

¿Cuántas veces debe Bolivia repetir el mismo ciclo para que sus élites intelectuales entiendan que la economía no existe en un vacío? ¿Que un ajuste técnicamente impecable puede ser políticamente suicida? ¿Que las hojas de cálculo no votan, pero la gente sí?

El "Estado tranca" que nunca se achicó

El presidente Paz Pereira llegó al poder con un diagnóstico claro: Bolivia sufría de un "Estado tranca" que asfixiaba la iniciativa productiva, multiplicaba trámites innecesarios, alimentaba una burocracia corrupta e ineficiente. La promesa era desmontarlo.

El DS 5503 no cumple esa promesa. El decreto sube el precio de los combustibles, congela los salarios de los funcionarios públicos de base, ofrece compensaciones modestas a los sectores vulnerables. Pero no reduce la estructura del Estado. No elimina ministerios redundantes, no fusiona entidades duplicadas, no recorta la alta burocracia que consume recursos mientras produce poco.

El sacrificio, en este decreto, tiene una dirección clara: de abajo hacia arriba. Los transportistas que verán duplicarse su costo de combustible. Las familias pobres que pagarán más por alimentos y transporte. Los trabajadores informales que no recibirán compensación alguna. Los funcionarios públicos de base cuyos salarios se congelan mientras la inflación los erosiona.

¿Y el aparato estatal que Paz Pereira diagnosticó como problema? Intacto. ¿Los altos cargos, las consultorías millonarias, las planillas infladas? Sin tocar.

La pregunta es inevitable: ¿por qué el sacrificio es para la gente y no para el Estado que el propio presidente prometió achicar? ¿Por qué el ajuste recae sobre quienes menos tienen y no sobre la burocracia que tanto se criticó?

La fábrica de resentimiento

La historia ofrece lecciones que Bolivia insiste en ignorar. Las medidas impopulares implementadas sin consenso social no resuelven problemas: los postergan y los agravan. Generan resentimiento. Y el resentimiento es el combustible de los líderes autoritarios y populistas.

Evo Morales no surgió de la nada. Fue el producto de dos décadas de ajustes que ignoraron a la sociedad. Fue la respuesta de millones de bolivianos que sintieron que el país crecía para otros, que las reglas del juego favorecían al capital extranjero y a las élites locales, que sus voces no importaban excepto cuando bloqueaban caminos o marchaban hacia la sede de gobierno.

El MAS no llegó al poder por sus méritos propios. Llegó porque el modelo anterior había perdido toda legitimidad social. Llegó porque el resentimiento acumulado necesitaba un canal político. Llegó porque la alternativa —más de lo mismo— resultaba inaceptable para las mayorías.

¿Y qué trajo el MAS? Redistribución mediante bonos, sí. Pero además: concentración de poder, copamiento institucional, persecución a opositores, desconocimiento del referéndum de 2016, fraude electoral, autoritarismo creciente. Bolivia pagó el precio de la exclusión neoliberal con casi veinte años de un gobierno que erosionó sistemáticamente la democracia y las instituciones.

El ciclo que amenaza repetirse

El DS 5503 tiene todos los ingredientes para sembrar una nueva cosecha de resentimiento. Un ajuste que carga los costos sobre los sectores vulnerables. Beneficios generosos para inversionistas extranjeros y grandes capitales. Amnistía tributaria para evasores. Liberalización que favorece a la agroindustria exportadora. Y compensaciones sociales que, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes y excluyen a millones de trabajadores informales.

Si este patrón se sostiene —sacrificio para abajo, beneficios para arriba—, el resultado en el mediano plazo es previsible. Crecerá el descontento. Se multiplicarán las movilizaciones. Algún líder canalizará ese malestar con discurso antisistema. Y Bolivia podría encontrarse, en pocos años, devolviendo el poder al mismo MAS autoritario que tanto costó desplazar. O a algo peor.

No es fatalismo. Es lectura de la historia. Es reconocer que las sociedades tienen memoria, que los agravios se acumulan, que la legitimidad política no se construye con decretos técnicamente correctos sino con procesos de diálogo y distribución equitativa de los sacrificios.

Lo que todavía puede hacerse

El gobierno de Paz Pereira tiene una ventana —estrecha pero real— para corregir el rumbo. No se trata de abrogar el decreto. Los problemas fiscales que lo motivaron son reales y requieren respuestas. Se trata de complementarlo, de equilibrarlo, de dotarlo de legitimidad social.

Primero, abrir mesas de diálogo genuino con los sectores afectados. No para negociar la abrogación, sino para identificar ajustes que alivien impactos sin desmontar el paquete. Los transportistas necesitan un programa de transición. Los campesinos necesitan protección frente al encarecimiento de insumos. Los informales necesitan alguna forma de compensación que los alcance.

Segundo, cumplir la promesa de achicar el Estado. Si el sacrificio es compartido, si la alta burocracia también paga su parte, el ajuste gana legitimidad. Si solo pagan los de abajo mientras los de arriba quedan intocados, el resentimiento es inevitable.

Tercero, comunicar con honestidad. Explicar por qué el ajuste era necesario, qué alternativas se consideraron, cómo se distribuirán los costos y los beneficios. La sociedad puede aceptar sacrificios si los entiende como justos y temporales. No puede aceptar lo que percibe como imposición arbitraria.

Un presidente no está solo para estabilizar la economía

Paz Pereira llegó al poder con un mandato implícito: sacar a Bolivia del pantano en que la dejó el MAS. Estabilizar la economía, sí. Ordenar las cuentas fiscales, también. Pero sobre todo: fortalecer la democracia, reconstruir instituciones, restaurar la confianza en las reglas del juego.

Un presidente no está solo para cuadrar números. Está para profundizar la democracia. Para construir consensos. Para gobernar con la sociedad y no contra ella.

El DS 5503 puede ser el inicio de la estabilización económica boliviana. O puede ser el inicio de un nuevo ciclo de resentimiento que termine devolviendo el poder a los autoritarios.

La diferencia entre uno y otro escenario no está en las cifras macroeconómicas. Está en la capacidad del gobierno de escuchar, dialogar, ajustar, distribuir el sacrificio con equidad.

Bolivia ya recorrió el camino del ajuste excluyente. Ya pagó el precio con casi dos décadas de autoritarismo. La pregunta es si aprenderemos de esa historia o si estamos condenados a repetirla.

La respuesta depende de lo que Paz Pereira haga en las próximas semanas. Y de lo que los intelectuales bolivianos —esos que hoy celebran el decreto desde su economicismo ciego— estén dispuestos a exigirle.

Las hojas de cálculo no capturan la complejidad de Bolivia. Es hora de que quienes piensan el país empiecen a verlo completo.

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