La CEPB calificó el ajuste de combustibles como "necesario y urgente", aunque cuestionó la decisión "unilateral" de incrementar el salario mínimo en 20%. Exigieron que los responsables de la crisis respondan ante la justicia.
ActualidadAyer
RedacciónLa Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) manifestó su apoyo al paquete de medidas económicas contenidas en el Decreto Supremo 5503, aunque expresó reparos significativos respecto al incremento del salario mínimo nacional dispuesto por el Ejecutivo.
En un comunicado difundido este jueves, el gremio empresarial respaldó explícitamente la eliminación de la subvención a los combustibles, una medida que ha generado rechazo en amplios sectores sociales pero que la CEPB considera imprescindible para evitar un deterioro mayor de la economía.
"Apoyamos la decisión de aplicar medidas de ordenamiento estructural para evitar un agravamiento de la crisis que, en poco tiempo más, habría llevado a nuestro país a un colapso económico inmanejable", indica el pronunciamiento empresarial.
Respecto al nuevo esquema de precios de carburantes —gasolina a Bs 6,96 y diésel a Bs 9,80 por litro—, la confederación reconoció que tendrá "efectos complejos sobre la economía de todos", pero lo calificó como "una medida necesaria y urgente que el país debe asumir".
El respaldo empresarial, sin embargo, no es irrestricto. La CEPB cuestionó duramente el incremento del salario mínimo de Bs 2.750 a Bs 3.300, un alza del 20% que el gobierno justificó como compensación ante el impacto inflacionario del ajuste.
Los empresarios calificaron esta decisión como "unilateral" y advirtieron sobre sus potenciales consecuencias en el tejido productivo. "Expresamos nuestra preocupación por la determinación unilateral de incrementar el salario mínimo nacional en un 20%. Este incremento tendrá efectos severos sobre la estabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como sobre la generación y sostenibilidad del empleo formal", señala el documento.
La preocupación empresarial apunta a un dilema recurrente en contextos de ajuste: el incremento salarial busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores formales frente a la inflación que generará el alza de combustibles, pero simultáneamente eleva los costos laborales de las empresas en un momento de incertidumbre económica.
En sintonía con la posición expresada por el Comité Cívico pro Santa Cruz, la CEPB exigió que quienes condujeron al país a la situación actual enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
"La crisis que hoy enfrenta el país tiene responsables, y la impunidad resulta inaceptable. Las instituciones públicas deben acelerar las acciones que correspondan en el marco del cumplimiento de la ley y la vigencia del Estado de Derecho", enfatizó el gremio.
El comunicado empresarial concluyó con un llamado a los distintos actores sociales. A las autoridades gubernamentales les solicitó "dar muestras de austeridad, prudencia y responsabilidad" en la conducción del Estado. A las organizaciones sociales que han anunciado movilizaciones y medidas de presión, les pidió "comprensión para evitar la profundización de la crisis".
El posicionamiento de la CEPB configura un apoyo condicionado al gobierno de Paz Pereira: respaldo al ajuste fiscal y energético, pero resistencia al componente salarial del paquete. Una tensión que probablemente marcará las negociaciones entre el Ejecutivo y el sector privado en las próximas semanas.
Los líderes sudamericanos llegaban con "la lapicera pronta", pero Roma cambió de posición en el último tramo. Lula da Silva aceptó esperar; analistas advierten que la postergación profundiza la crisis del bloque regional.
El DS 5503 puede estabilizar las cuentas fiscales, pero sin diálogo social y sin reducir el aparato estatal, solo sembrará el resentimiento que catapultó al MAS al poder.
Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
La CEPB calificó el ajuste de combustibles como "necesario y urgente", aunque cuestionó la decisión "unilateral" de incrementar el salario mínimo en 20%. Exigieron que los responsables de la crisis respondan ante la justicia.
Un ajuste económico que ignora a la sociedad puede estabilizar las cuentas fiscales y desestabilizar la democracia. Bolivia ya pagó ese precio una vez.
Los líderes sudamericanos llegaban con "la lapicera pronta", pero Roma cambió de posición en el último tramo. Lula da Silva aceptó esperar; analistas advierten que la postergación profundiza la crisis del bloque regional.
Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
El Decreto Supremo 5503 introduce un paquete de medidas económicas que incluye beneficios fiscales para el sector empresarial.
El Decreto Supremo 5503 fija las tarifas para siete tipos de carburantes como parte de las medidas económicas para enfrentar la crisis.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
Ministro Lupo revela que el Estado invirtió $us 7.750 millones de las reservas internacionales y solo recuperó el 18%.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
El Decreto Supremo 5503 fija las tarifas para siete tipos de carburantes como parte de las medidas económicas para enfrentar la crisis.
Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
El DS 5503 puede estabilizar las cuentas fiscales, pero sin diálogo social y sin reducir el aparato estatal, solo sembrará el resentimiento que catapultó al MAS al poder.
Los líderes sudamericanos llegaban con "la lapicera pronta", pero Roma cambió de posición en el último tramo. Lula da Silva aceptó esperar; analistas advierten que la postergación profundiza la crisis del bloque regional.