El Decreto Supremo 5503 introduce un paquete de medidas económicas que incluye beneficios fiscales para el sector empresarial.
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RedacciónEl Gobierno boliviano puso en vigencia un conjunto de medidas económicas orientadas a dinamizar el sector productivo y aliviar la carga fiscal de empresarios y emprendedores. Las disposiciones, contenidas en el Decreto Supremo 5503 aprobado el miércoles, contemplan desde la condonación de deudas tributarias hasta la liberalización de las exportaciones agropecuarias.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, detalló que el decreto establece la condonación de multas e intereses correspondientes a obligaciones tributarias generadas hasta el 31 de octubre de 2025. Asimismo, se habilitan planes de pago para regularizar dichas deudas.
En materia aduanera, la normativa permite el fraccionamiento de aranceles y gravámenes en plazos de hasta 36 meses, una medida que, según el titular de Economía, beneficiará particularmente a pequeños importadores y emprendedores que requieran adquirir maquinaria e insumos para sus inversiones.
Una de las disposiciones más significativas es la eliminación del Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo como requisito previo para las exportaciones. El artículo 51 del decreto restablece el principio de libertad de exportación para productos como maíz, sorgo, azúcar y carne de bovino.
No obstante, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua quedará a cargo de reglamentar un mecanismo de monitoreo que garantice el suministro interno, sin que ello implique regulación ni fijación de precios.
El paquete normativo incluye además la creación de un régimen especial de inversiones que ofrece protección jurídica y estabilidad normativa. En materia laboral, las nuevas contrataciones del sector privado podrán deducir de sus obligaciones impositivas los costos asociados a aportes patronales, una medida presentada como compensación ante el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos.
Finalmente, Espinoza destacó la incorporación del principio de silencio administrativo positivo: cuando el Estado no emita respuesta dentro de los plazos establecidos, los trámites y licencias se considerarán automáticamente aprobados.
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