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ActualidadHoy
RedacciónEn una reveladora conferencia de prensa que ha sacudido el panorama político y económico nacional, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, presentó este lunes un contundente informe que pone en evidencia el fracaso del modelo de empresas públicas implementado en Bolivia durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según los datos oficiales presentados por la autoridad, de las 67 empresas estatales creadas entre 2006 y 2024, únicamente tres resultan rentables y generan utilidades para el Estado boliviano.
"Solo tres empresas públicas hoy son rentables. Estas son: YPFB, ENDE y Comibol, que son las empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre tuvimos en Bolivia y estas son las únicas que generan utilidades al presente", declaró enfáticamente el ministro Lupo ante los medios de comunicación congregados en el Palacio de Gobierno.
El informe ministerial detalla que, durante el período comprendido entre 2006 y 2024, se destinaron 53.945 millones de bolivianos —equivalentes a 7.750 millones de dólares— provenientes de las reservas internacionales del país para la creación y financiamiento de empresas estatales. De esta astronómica cifra, apenas se ha logrado recuperar el 18%, lo que significa que aproximadamente 6.000 millones de dólares podrían haberse perdido de manera irrecuperable.
"Las reservas fueron totalmente licuadas a través de este proceso de creación de empresas", sentenció el titular del Ministerio de la Presidencia, quien calificó esta situación como parte de un sistemático "saqueo al Estado" ejecutado mediante dos mecanismos principales: la subvención de hidrocarburos y la creación de empresas públicas bajo el denominado "proceso de industrialización".
Un dato particularmente revelador del informe es que las tres únicas empresas rentables —Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)— generan el 95% del total de ingresos que producen todas las empresas estatales en conjunto.
El ministro Lupo subrayó que estas tres compañías no fueron creaciones de los gobiernos del MAS, sino que corresponden a "empresas heredadas de los sectores estratégicos que siempre hubo en el país", lo que evidencia que el éxito empresarial estatal se concentra precisamente en aquellas entidades que existían previamente y no en las nuevas iniciativas gubernamentales.
El informe gubernamental revela que en 2006, al inicio del primer gobierno de Evo Morales, Bolivia contaba con apenas 9 empresas públicas. Tras 19 años de gestión del MAS (con la breve interrupción del gobierno de transición de Jeanine Áñez), el número se multiplicó hasta alcanzar las 67 compañías estatales, conformadas por 45 nuevas empresas y 22 subsidiarias creadas bajo el paraguas de las empresas matrices existentes.
La estructura subsidiaria se expandió significativamente en las principales empresas del Estado. En el caso de YPFB, se crearon las ramas de Transportes, Refinación, Logística, Chaco, YPFB Aviación y YPFB Andina. Un patrón similar se replicó en ENDE y Comibol, generando un entramado empresarial de considerable complejidad administrativa.
Uno de los aspectos más críticos del informe se refiere a las denominadas "empresas inviables". Según los datos presentados por el ministro Lupo, el 28% de la inversión total —aproximadamente 2.205 millones de dólares— fue destinado a 14 empresas que resultaron completamente inviables y que, según la autoridad, se convirtieron en "instrumentos de corrupción".
Las empresas señaladas en esta categoría son: EBA (Empresa Boliviana de Almendras), ECEBOL (Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia), EEPAF (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos), Envibol (Empresa Pública Nacional de Envases de Bolivia), Quipus, Senatex (Servicio Nacional Textil), Yacana, Mutún, BoA (Boliviana de Aviación), Editorial del Estado, EABSA, EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos) y YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos).
De estas 14 empresas, el ministro confirmó que cuatro ya se encuentran cerradas y cinco operan en estado de quiebra técnica.
El titular de la Presidencia introdujo el concepto de "empresas zombie" para referirse a aquellas compañías estatales que continúan operando pese a encontrarse en situación de quiebra técnica y con patrimonios negativos. En esta categoría figuran Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), ASBA, Quipus, EBIH y Yacana.
"Necesitamos 697 millones de bolivianos para poder cumplir con las obligaciones de estas empresas", advirtió Lupo, aclarando que dicho monto sería necesario únicamente para proceder al cierre ordenado de estas entidades. El daño económico generado por estas "empresas zombie" asciende a 1.294 millones de dólares, según las cifras oficiales.
El ministro de la Presidencia presentó un desglose detallado de lo que denominó "la factura total del fracaso de las empresas públicas que tenemos que pagar todos los bolivianos":
Empresas cerradas: 122 millones de dólares
Empresas en quiebra técnica: 1.250 millones de dólares
Gasto de gestiones en curso: 91,5 millones de dólares
Total daño directo: 1.463,5 millones de dólares
Como ejemplo concreto, Lupo citó el caso de cuatro empresas ya cerradas —Ecobol, Construcciones del Ejército, Enatex y Boltur— donde se perdieron 122 millones de dólares de manera irrecuperable.
El informe ministerial reveló además que existían planes para profundizar este modelo empresarial con inversiones adicionales de 1.100 millones de dólares destinados a la creación de nuevas empresas públicas. Entre los proyectos contemplados se encontraban IBQ, LIFAB, Kokabol e IBAE.
"Eso no fue todo, querían seguir con esta práctica y eso ya era una crónica de una estafa anunciada", denunció Lupo, precisando que de estos proyectos solo se llegaron a ejecutar 91,5 millones de dólares antes de que fueran detenidos.
Más allá del fracaso de las empresas públicas per se, el ministro Lupo también expuso el colapso del ambicioso plan de industrialización que acompañó el modelo económico del MAS. Según los datos presentados, se planificaron 174 plantas industriales con una inversión de 1.132 millones de dólares.
El resultado, sin embargo, dista enormemente de las expectativas iniciales: de las 174 plantas planificadas, solo 40 fueron efectivamente entregadas y 134 permanecen aún en construcción. Esta situación representa, según el Gobierno, un daño económico adicional de 1.132 millones de dólares que se suma a las pérdidas generadas por las empresas estatales inviables.

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