Entre las múltiples tareas que aguardan a la Asamblea Legislativa Plurinacional en este nuevo ciclo político, pocas revisten la urgencia y trascendencia de restablecer la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras directas.
EditorialAyer
RedacciónLo que durante casi dos décadas se presentó como una conquista soberana frente al "imperialismo corporativo" ha resultado ser, a la luz de los hechos, uno de los errores estratégicos más costosos de nuestra historia económica reciente.
En mayo de 2007, Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en denunciar el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), seguida posteriormente por Ecuador y Venezuela. El entonces gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó esta decisión como un acto de dignidad nacional, un desmarque definitivo de los mecanismos que, según su narrativa, habían sido diseñados para someter a los Estados a los intereses de las transnacionales.
La retórica era seductora: Bolivia recuperaría su soberanía plena, las controversias con inversionistas se resolverían en tribunales nacionales y el país dejaría de ser rehén del sistema de arbitraje internacional. Sin embargo, como tantas veces ocurre cuando la ideología prevalece sobre el análisis técnico, la realidad se encargaría de desmentir las promesas.
Los números son implacables. Según informes de la propia Procuraduría General del Estado y estudios especializados sobre el sistema de solución de disputas inversor-Estado en América Latina, Bolivia ha perdido la abrumadora mayoría de los laudos arbitrales derivados del proceso de nacionalización. De los casos que llegaron a decisión final, el balance es devastador: más de una decena de fallos adversos frente a apenas un par de victorias menores.
La lista de derrotas es extensa y dolorosa: Pan American Energy ($357 millones), BBVA ($105 millones), Glencore ($253,5 millones), Quiborax ($42,6 millones), Rurelec, Iberdrola, Red Eléctrica Internacional, y la cuenta sigue creciendo. Cada uno de estos laudos representa no solo una pérdida económica directa, sino también el costo de una defensa jurídica ineficiente y, sobre todo, el daño reputacional ante la comunidad inversora internacional.
Lo paradójico —y esto debería llamar a la reflexión a quienes diseñaron esta política— es que la denuncia del CIADI no impidió que Bolivia siguiera siendo demandada ante ese mismo tribunal. Las cláusulas de ultraactividad contenidas en los Tratados Bilaterales de Inversión, que pueden extenderse hasta 20 años después de su denuncia, mantuvieron vigente la jurisdicción arbitral. El gobierno creyó cerrar una puerta que permaneció abierta.
Pero el problema va más allá del CIADI. Las denominadas "nacionalizaciones" impulsadas a partir de 2006 constituyen, en rigor jurídico, una ficción que el tiempo ha desnudado cruelmente.
Una revisión de los portales corporativos de las subsidiarias de YPFB revela una verdad incómoda: YPFB Andina, YPFB Chaco, YPFB Aviación, YPFB Logística, YPFB Refinación, YPFB Transporte, YPFB Transierra y Gas TransBoliviano continúan operando como sociedades anónimas. El Estado adquirió paquetes accionarios mayoritarios, pero jamás asumió el control societario real que una genuina nacionalización debería suponer.
Como bien ha señalado el economista Luis Fernando García, "no es un proceso de nacionalización, sino un proceso de adecuación en la cantidad patrimonial que tiene mayoría el Estado". La propaganda política se encargó de tergiversar la realidad, vendiendo como recuperación soberana lo que en esencia fue una compra de acciones a precio de mercado —cuando no sobrevalorado— sin modificar la estructura jurídica de las empresas.
El Código de Comercio boliviano establece con claridad la figura de las sociedades de economía mixta para aquellas entidades donde confluyen capitales públicos y privados bajo control estatal. Sin embargo, las empresas supuestamente nacionalizadas mantuvieron su forma de sociedades anónimas, preservando los derechos de los accionistas minoritarios y, con ellos, la semilla de las demandas que hoy desangran las finanzas públicas.
Lo más grave es que esta anomalía jurídica ya no admite corrección sin riesgos adicionales. Pretender ahora transformar estas sociedades anónimas en sociedades de economía mixta —como correspondía desde el principio— expondría al Estado a nuevas reclamaciones: los inversores minoritarios podrían legítimamente argumentar que el cambio de régimen societario implica condiciones menos beneficiosas para sus participaciones, abriendo la puerta a una nueva ola de demandas arbitrales. El error de origen se ha cristalizado; vivimos con sus consecuencias.
La política de confrontación con el sistema internacional de protección de inversiones también tuvo un costo geopolítico que no puede soslayarse. Mientras Bolivia, Venezuela y Ecuador se atrincheraban en una posición maximalista, el resto de América Latina seguía un camino diferente. Chile, Perú, Colombia y México profundizaron su integración en cadenas globales de valor y suscribieron tratados de libre comercio que incluyen capítulos robustos de protección de inversiones.
El resultado está a la vista: Bolivia quedó marginada de los flujos de inversión extranjera directa que transformaron las economías vecinas. Mientras el discurso oficial celebraba la "independencia" del capital transnacional, los recursos que podrían haber financiado el desarrollo productivo del país tomaron otros destinos.
Es hora de abandonar los dogmas y abrazar el pragmatismo. El Legislativo boliviano debe emprender, con carácter urgente, una reforma integral del marco jurídico aplicable a las inversiones extranjeras. Esto implica:
Primero, aprobar la readhesión de Bolivia al Convenio CIADI. No se trata de una opción entre varias alternativas: es una necesidad impostergable. El CIADI, con todas las críticas que legítimamente puedan formulársele, constituye el estándar internacional de resolución de controversias en materia de inversiones. Permanecer fuera de este sistema equivale a autoexcluirse del mercado global de capitales productivos. Ningún inversionista serio comprometerá recursos significativos en un país que rechaza los mecanismos reconocidos de protección de sus derechos.
Segundo, negociar nuevos Tratados Bilaterales de Inversión con los principales socios comerciales y potenciales inversores, incorporando las lecciones aprendidas y las cláusulas de equilibrio que la experiencia internacional ha desarrollado en las últimas décadas. Bolivia no puede pretender atraer inversión para el litio, la agroindustria o la infraestructura mientras mantiene un vacío normativo que genera incertidumbre.
Tercero, profesionalizar radicalmente la defensa del Estado en controversias internacionales. Los resultados catastróficos de la Procuraduría no pueden repetirse. Bolivia necesita equipos jurídicos de primer nivel, y no tememos decirlo: si no los tiene internamente, debe contratarlos en el exterior. El costo de una asesoría legal competente es infinitamente menor que el de los laudos adversos que seguimos acumulando.
Cuarto, establecer una política de Estado —no de gobierno— en materia de inversiones extranjeras, que trascienda los ciclos electorales y brinde certidumbre de largo plazo. Los inversores no temen reglas claras, aunque sean exigentes; temen la arbitrariedad y el cambio impredecible de las condiciones pactadas.
El experimento boliviano de ruptura con el sistema internacional de protección de inversiones ha fracasado. No lo decimos desde una posición ideológica, sino desde la fría evidencia de los laudos perdidos, los millones pagados y las oportunidades desaprovechadas.
El nuevo ciclo político que se abre ofrece una oportunidad para corregir el rumbo. No se trata de entregar la soberanía nacional a las corporaciones, como falsamente se alegará desde ciertos sectores. Se trata de comprender que en un mundo interconectado, la seguridad jurídica no es una concesión al capital: es una condición indispensable para el desarrollo.
Bolivia necesita inversión extranjera para explotar sus reservas de litio, diversificar su matriz energética, industrializar sus recursos naturales y generar el empleo que su población demanda. Esa inversión no llegará —o llegará en condiciones desfavorables— mientras persista la percepción de que el país es un terreno hostil donde los contratos pueden ser desconocidos impunemente.
La Asamblea Legislativa tiene la palabra. La readhesión al CIADI debe ser prioridad en la agenda del próximo período de sesiones. El país no puede seguir pagando el precio de decisiones tomadas al calor de consignas que la realidad ha desmentido. Es tiempo de legislar con sensatez, mirando el futuro y no los fantasmas del pasado.
La medida responde a trabajos de rehabilitación en el tramo Cristal-Naranjitos-Padresama y estará vigente de lunes a jueves en horario diurno.
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