Las lecciones que Paz Pereira no debería olvidar: del 21060 a Evo Morales, y de Evo Morales a hoy

Hay una línea histórica que conecta el Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985 con la llegada de Evo Morales a la presidencia en enero de 2006. Es una línea que atraviesa dos décadas de ajustes estructurales, privatizaciones, desmantelamiento del Estado empresario, y también de exclusión social, precarización laboral y acumulación de resentimientos populares que eventualmente encontraron cauce político. Quienes diseñaron el modelo neoliberal boliviano no imaginaron —o no quisieron imaginar— que estaban sembrando las condiciones para su propio reemplazo por un proyecto radicalmente distinto.

El presidente Rodrigo Paz Pereira haría bien en estudiar esa historia antes de que sea demasiado tarde. El Decreto Supremo 5503 que acaba de firmar tiene méritos técnicos innegables, pero también tiene un defecto que podría resultar fatal: fue diseñado pensando en variables macroeconómicas e inversionistas extranjeros, no en los bolivianos de a pie que pagarán sus costos inmediatos. Ese mismo error —privilegiar la elegancia técnica sobre la viabilidad social— fue el que cometieron los gobiernos que siguieron al 21060. Y Bolivia sigue pagando las consecuencias.

Lo que el 21060 sembró

Cuando Víctor Paz Estenssoro firmó el Decreto 21060 en agosto de 1985, Bolivia enfrentaba una hiperinflación que llegó al 23.000% anual. El ajuste era necesario, quizás inevitable. La estabilización funcionó: la inflación se controló, las cuentas fiscales se ordenaron, la economía encontró un nuevo equilibrio. Los economistas aplaudieron. Los organismos internacionales celebraron el "milagro boliviano".

Lo que esos aplausos no registraron fue el costo humano del ajuste. La "relocalización" minera —eufemismo para el despido masivo de trabajadores de COMIBOL— lanzó a la calle a más de 20.000 familias que habían construido sus vidas en torno a la minería estatal. Muchos de esos relocalizados migraron al Chapare, donde encontraron en el cultivo de coca una alternativa de supervivencia. El sindicalismo minero, columna vertebral del movimiento obrero boliviano, quedó diezmado. En su lugar emergió, lentamente, un nuevo actor social: el movimiento cocalero.

Los gobiernos que siguieron —Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga— profundizaron el modelo. Privatizaron empresas públicas, abrieron la economía, atrajeron inversión extranjera, firmaron contratos con multinacionales. Las cifras macroeconómicas mejoraron. El PIB creció. La inflación se mantuvo controlada. Pero la desigualdad se amplió, el empleo se precarizó, los servicios públicos se deterioraron, y millones de bolivianos sintieron que el país crecía para otros, no para ellos.

Ese descontento acumulado encontró su expresión política en la Guerra del Agua de 2000, en la Guerra del Gas de 2003, en la caída de Sánchez de Lozada, y finalmente en la victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005. El líder cocalero no surgió de la nada: fue el producto de dos décadas de políticas que estabilizaron la economía mientras desestabilizaban el tejido social.

Lo que Evo Morales cosechó

Morales llegó al poder con un mandato claro: revertir el modelo neoliberal, recuperar los recursos naturales para el Estado, redistribuir la riqueza hacia los sectores históricamente excluidos. Durante sus primeros años, cumplió parcialmente esa promesa. La nacionalización de los hidrocarburos generó recursos que financiaron programas sociales. La pobreza se redujo. La economía creció impulsada por el boom de las materias primas. Los indicadores sociales mejoraron.

Pero el gobierno de Morales también trajo consigo algo que sus defensores prefieren olvidar: un deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos y del pluralismo político. La concentración de poder en el Ejecutivo, el copamiento del Poder Judicial, el hostigamiento a la prensa crítica, la persecución de opositores, el desconocimiento del referéndum de 2016 que le negó la reelección, la manipulación electoral de 2019. El MAS no fue solo un proyecto de redistribución económica; fue también un proyecto autoritario que erosionó las bases de la convivencia democrática.

Bolivia pagó el precio del neoliberalismo excluyente con la llegada de un gobierno que, prometiendo inclusión, entregó autoritarismo. La lección es clara: los ajustes económicos que ignoran a la sociedad no solo fracasan políticamente; también abren la puerta a alternativas que pueden ser peores que el problema original.

Lo que el DS 5503 puede sembrar

El Decreto Supremo 5503 tiene la misma estructura lógica que el 21060: un diagnóstico técnico correcto —déficit fiscal insostenible, reservas agotadas, subvenciones distorsivas— seguido de medidas que cargan el costo del ajuste sobre los sectores más vulnerables mientras ofrecen beneficios generosos a los sectores más poderosos.

La eliminación de la subvención a combustibles golpea directamente a transportistas, campesinos, comerciantes populares, familias de bajos ingresos. La estabilidad jurídica de 15 años para inversionistas extranjeros, la amnistía tributaria para evasores, la liberalización de exportaciones agropecuarias: todo esto beneficia al gran capital, nacional e internacional. Las compensaciones sociales —el PEPE, el incremento de Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto— son reales pero insuficientes, y dejan fuera a millones de trabajadores informales que no aparecen en ningún registro estatal.

El resultado es un decreto que puede equilibrar las cuentas fiscales mientras desequilibra la relación entre el Estado y la sociedad. Un decreto que puede atraer inversión extranjera mientras genera resentimiento popular. Un decreto que puede resolver problemas macroeconómicos mientras siembra problemas políticos que germinarán en el mediano y largo plazo.

¿Qué surgirá del descontento que hoy se expresa en ultimátums de transportistas, amenazas de bloqueos campesinos, movilizaciones vecinales? No lo sabemos. Pero la historia boliviana sugiere que cuando los gobiernos ignoran sistemáticamente a los sectores populares, esos sectores eventualmente encuentran liderazgos que canalizan su frustración. Y esos liderazgos no siempre son democráticos, no siempre son responsables, no siempre son mejores que lo que reemplazan.

Del 21060 nació el movimiento que llevó a Evo Morales al poder. Del DS 5503 puede nacer algo que hoy no alcanzamos a vislumbrar, pero que difícilmente será favorable para la democracia boliviana si el gobierno persiste en su sordera social.

Lo que Bolivia necesita de Paz Pereira

El presidente Paz Pereira llegó al poder en circunstancias excepcionales, con un mandato de transición y sin aspiraciones de continuidad electoral. Esa condición, que algunos interpretan como debilidad, podría ser su mayor fortaleza: tiene la libertad de gobernar sin cálculos electorales, de tomar decisiones impopulares si son necesarias, de construir consensos sin la presión de complacer a una base partidaria.

Pero esa libertad viene con una responsabilidad histórica: dejar a Bolivia mejor de lo que la encontró. Y "mejor" no significa solo cuentas fiscales ordenadas e inversión extranjera fluyendo. Significa, ante todo, una democracia más sólida, una sociedad menos fracturada, instituciones más confiables, un contrato social renovado entre el Estado y los ciudadanos.

El DS 5503, tal como está diseñado, no cumple esa función. Puede estabilizar la economía, pero desestabiliza la política. Puede atraer capitales, pero aleja a la ciudadanía. Puede resolver problemas de corto plazo, pero sembrar crisis de largo plazo.

Lo que Bolivia necesita no es solo un ajuste económico. Necesita un ajuste que sea percibido como justo, como equitativo, como un sacrificio genuinamente compartido. Necesita un gobierno que dialogue antes de decretar, que escuche antes de imponer, que construya consensos antes de enfrentar resistencias. Necesita, en suma, profundizar la democracia que tanto costó recuperar tras los años del autoritarismo masista.

El deber histórico

Paz Pereira tiene una oportunidad que pocos presidentes bolivianos han tenido: gobernar sin la presión de la reelección, sin la necesidad de complacer a una maquinaria partidaria, sin la tentación de perpetuarse en el poder. Puede usar esa libertad para hacer lo correcto aunque sea difícil, para tomar decisiones pensando en el país y no en su carrera, para construir un legado basado en la responsabilidad y no en la popularidad.

Pero lo correcto no es solo lo técnicamente óptimo. Es también lo socialmente viable, lo políticamente sostenible, lo democráticamente legítimo. Un decreto firmado en Palacio Quemado sin consulta, sin diálogo, sin participación, puede ser técnicamente impecable y políticamente suicida. La economía no existe en un vacío; existe en una sociedad con historia, con memoria, con heridas que no han sanado.

El deber de Paz Pereira no es solo estabilizar la economía boliviana. Es conducirnos hacia una democracia más madura, más inclusiva, más resiliente. Una democracia donde los ajustes necesarios se implementen con consenso y no con imposición. Donde los costos se distribuyan con equidad y no con privilegios. Donde el Estado escuche a la sociedad y la sociedad confíe en el Estado.

Si el presidente entiende esto, todavía está a tiempo de corregir el rumbo. No se trata de abrogar el decreto —los problemas fiscales que lo motivaron son reales—, sino de complementarlo con medidas que distribuyan mejor los costos, que protejan a los más vulnerables, que abran espacios de diálogo genuino. Se trata de gobernar con la sociedad y no contra ella.

Si no lo entiende, si persiste en la rigidez tecnocrática que caracterizó a los gobiernos del ciclo neoliberal, entonces estará sembrando —como ellos sembraron— las semillas de su propio reemplazo por algo que puede ser mucho peor.

Bolivia ya recorrió ese camino una vez. No necesita recorrerlo de nuevo.