Los sectores más vulnerables serán transportistas y productores agrícolas, quienes dependen directamente de los combustibles. El BID respaldó las reformas y anunció visita oficial a Bolivia en 2026.
PolíticaAyer
RedacciónEl ajuste a los precios de los hidrocarburos decretado por el gobierno de Rodrigo Paz generará presión inflacionaria sobre el 80% de los hogares bolivianos, aquellos que pertenecen al sector informal y carecen de mecanismos de compensación como el incremento al salario mínimo, advirtieron los economistas Gonzalo Chávez y Gonzalo Colque.
"Va a haber un impacto directo para la mayoría de la población, una presión inflacionaria en las familias, las cuales tendrán que absorber, por su cuenta, los efectos. Los precios van a aumentar de manera generalizada, lo cual afecta inicialmente a la canasta básica alimentaria", indicó Colque a Visión 360.
El problema radica en que cerca del 80% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal, sin salario mínimo garantizado, sin contratos laborales y sin acceso a los mecanismos de compensación anunciados por el Ejecutivo. Esta condición abarca desde vendedores gremiales y transportistas hasta cocaleros, emprendedores y profesionales independientes.
"Las compensaciones están fuertemente concentradas en el sector formal de la economía. Para el segmento informal, el shock del diésel se traduce en mayores costos de transporte y de insumos, pero sin una red de protección equivalente", complementó Chávez.
Ambos especialistas coinciden en que los primeros sectores en resentir el impacto serán aquellos que dependen directamente de los combustibles: transportistas de todo tipo y productores agrícolas del altiplano, los valles y el oriente del país. La situación se agrava porque el Gobierno aún no ha definido mecanismos claros de compensación para estos rubros.
Esta indefinición ya detonó los primeros conflictos. Los transportistas no solo rechazan lo que denominan un "gasolinazo", sino que han comenzado a incrementar tarifas de forma arbitraria según el vehículo, la zona y el recorrido.
"La gran pregunta pendiente es qué ocurrirá con las tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental. Un ajuste en estos precios podría amplificar el impacto inflacionario sobre los hogares, mientras que su congelamiento trasladaría las pérdidas a transportistas ya afectados por el alza de costos", advirtió Chávez.
Colque matizó que, si bien el ajuste es duro, la población boliviana ya se encuentra en un estado de emergencia debido a la crisis económica que atraviesa el país. "La gente tiene que tomar la situación con calma. La mayor parte de la población en este momento ya sufre impactos en el poder adquisitivo de su dinero. No va a aumentar el consumo significativamente, porque la gente está minimizando el consumo que tenía años antes", consideró.
Sin embargo, alertó que las reacciones populares —como el intento de acumular alimentos y productos— podrían agravar la situación.
Por su parte, Chávez cuestionó que el ajuste recaiga desproporcionadamente sobre los hogares y pidió al Gobierno buscar consensos políticos y revisar su ejecución presupuestaria: "Resulta inevitable preguntar por qué no se optó simultáneamente por medidas más duras del lado del gasto público, como el cierre de empresas estatales deficitarias o recortes significativos en planillas salariales del sector público".
En contraste con las advertencias internas, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, respaldó el paquete de medidas. "El nuevo paquete de reformas económicas del presidente Rodrigo Paz es un paso oportuno y necesario para restablecer la estabilidad y sentar las bases de un crecimiento sostenible", publicó en su cuenta de X.
El BID, principal acreedor internacional de Bolivia con más de 4.000 millones de dólares de la deuda externa del país, anunció que equipos del organismo han trabajado con el gobierno en programas de protección social, reformas regulatorias, digitalización del Estado y ampliación del acceso a la inversión.
Como muestra de compromiso, Goldfajn confirmó que su primer viaje oficial de 2026 será a Bolivia, con visitas previstas a La Paz y Santa Cruz.
Apenas transcurrido un día desde la publicación del Decreto Supremo 5503, los economistas señalan que aún se deben esperar más señales. Colque considera que, en términos macroeconómicos, lo mejor que se puede esperar es una reducción del déficit fiscal que traiga mayor estabilidad.
Chávez, en tanto, indicó que el desenlace dependerá de tres factores clave: si el aumento salarial del 20% logra sostener el consumo; si se diseñan mecanismos de compensación más amplios para el sector informal y el transporte; y la reacción de la población organizada frente a un shock que, aunque anunciado, "sigue siendo social y políticamente explosivo".
Fuentes: vision360 y erbol
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Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
La CEPB calificó el ajuste de combustibles como "necesario y urgente", aunque cuestionó la decisión "unilateral" de incrementar el salario mínimo en 20%. Exigieron que los responsables de la crisis respondan ante la justicia.
Un ajuste económico que ignora a la sociedad puede estabilizar las cuentas fiscales y desestabilizar la democracia. Bolivia ya pagó ese precio una vez.
Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la normativa responde a un estudio técnico y ofreció mesas de diálogo para explicar los alcances de las medidas.
Washington señaló que "está listo para respaldar la transición de Bolivia" y "profundizar nuestra asociación".
"Consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar", afirmó la autoridad.
El ministro de Economía advirtió que no permitirá aumentos injustificados y recordó las medidas adoptadas para reducir costos de operación del sector.
El proyecto fue sancionado pese al rechazo de la bancada de Libre, que cuestionó la aprobación de un presupuesto elaborado durante la gestión del MAS.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
El Decreto Supremo 5503 fija las tarifas para siete tipos de carburantes como parte de las medidas económicas para enfrentar la crisis.
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