El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, descartó este jueves cualquier posibilidad de modificar el Decreto Supremo 5503, que establece la eliminación de la subvención a los combustibles y otras medidas de ajuste económico, pese a los cuestionamientos de diversos sectores sociales.
En entrevista con la red ERBOL, Lupo fue consultado sobre la posibilidad de negociar el porcentaje de incremento en el precio de los carburantes, una de las principales demandas surgidas tras la promulgación de la normativa.
"El decreto no es negociable y el decreto no es un capricho, es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. Para eso ha sido electo el gobierno, para gobernar, para tomar las decisiones, por difíciles que éstas sean", afirmó la autoridad.
Si bien ratificó la posición del Ejecutivo respecto a la intangibilidad del decreto, Lupo expresó la disposición gubernamental de instalar mesas de trabajo con los sectores afectados para exponer los fundamentos técnicos de las medidas adoptadas.
En esa línea, el ministro advirtió que mantener el esquema económico heredado habría profundizado el deterioro de las finanzas públicas. "Lo peor que podría pasar es seguir con lo que estábamos, con un déficit creciente insostenible que nos lleve a una elevación de precios, que es lo que más afecta a los pobres", argumentó.
Lupo calificó el anterior sistema de subsidios a los carburantes como un mecanismo que distorsionaba la economía y beneficiaba principalmente a quienes se dedicaban al contrabando de combustible hacia países vecinos.
"Estamos atacando las causas, no los síntomas. Las causas de la crisis están en ese déficit fiscal producido por este subsidio que enriquecía a unos cuantos sinvergüenzas que contrabandeaban nuestro combustible subvencionado", sentenció el titular de la Presidencia.
La CEPB calificó el ajuste de combustibles como "necesario y urgente", aunque cuestionó la decisión "unilateral" de incrementar el salario mínimo en 20%. Exigieron que los responsables de la crisis respondan ante la justicia.
Un ajuste económico que ignora a la sociedad puede estabilizar las cuentas fiscales y desestabilizar la democracia. Bolivia ya pagó ese precio una vez.
Los sectores más vulnerables serán transportistas y productores agrícolas, quienes dependen directamente de los combustibles. El BID respaldó las reformas y anunció visita oficial a Bolivia en 2026.
Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la normativa responde a un estudio técnico y ofreció mesas de diálogo para explicar los alcances de las medidas.
Los sectores más vulnerables serán transportistas y productores agrícolas, quienes dependen directamente de los combustibles. El BID respaldó las reformas y anunció visita oficial a Bolivia en 2026.
Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
Washington señaló que "está listo para respaldar la transición de Bolivia" y "profundizar nuestra asociación".
"Consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar", afirmó la autoridad.
El ministro de Economía advirtió que no permitirá aumentos injustificados y recordó las medidas adoptadas para reducir costos de operación del sector.
El proyecto fue sancionado pese al rechazo de la bancada de Libre, que cuestionó la aprobación de un presupuesto elaborado durante la gestión del MAS.
Ministro Lupo revela que el Estado invirtió $us 7.750 millones de las reservas internacionales y solo recuperó el 18%.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
El Decreto Supremo 5503 fija las tarifas para siete tipos de carburantes como parte de las medidas económicas para enfrentar la crisis.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la normativa responde a un estudio técnico y ofreció mesas de diálogo para explicar los alcances de las medidas.
Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
