Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
PolíticaAyer
RedacciónCuarenta días le bastaron a Rodrigo Paz Pereira para enfrentar la crisis más compleja de su gestión. El Decreto Supremo 5503 —que el oficialismo presentó como "Decreto por la Patria"— provocó un rechazo transversal que abarca desde los transportistas hasta el propio vicepresidente de la República, pasando por campesinos, gremiales, juntas vecinales y la Central Obrera Boliviana.
Lo que el gobierno diseñó como un paquete de estabilización económica se convirtió, en menos de 24 horas, en el catalizador de una movilización social que amenaza con escalar si el Ejecutivo no ofrece señales de apertura.
La Confederación de Choferes fue la primera en fijar posición. Su dirigencia otorgó al gobierno un plazo de 24 horas para abrogar el decreto. De no obtener respuesta, el sábado en ampliado nacional definirán las medidas de presión que adoptarán. El sector tiene razones de sobra para la alarma: el diésel, su principal insumo, pasó de Bs 3,72 a Bs 9,80 por litro, un incremento del 163% que compromete la viabilidad financiera de miles de unidades.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto, a través de su dirigente David Callisaya, calificó la norma como "un decretazo, un gasolinazo que afecta a todo el pueblo boliviano" y también estableció un plazo de 24 horas. Callisaya advirtió que "no hay gobierno nacional que haya atentado contra la seguridad alimentaria del pueblo y pueda tener la suficiente capacidad de sostenerse".
La Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia fue más allá. En un comunicado, exigió la derogatoria del "maldito decreto" y advirtió que, de no cumplirse, demandará la renuncia del presidente "por todas las malas acciones tomadas hasta el día de hoy". En Potosí, el ejecutivo departamental de la federación campesina, Simeón Serrano, anunció bloqueos de carreteras si no hay respuesta favorable: "Las organizaciones sociales vamos a salir a las carreteras hasta que se vaya este gobierno".
La Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado nacional de emergencia para mañana viernes en La Paz. El comunicado del ente matriz calificó las medidas gubernamentales como "cobarde conducta" y "atentado contra el pueblo boliviano", un lenguaje que anticipa posiciones difícilmente conciliables.
La señal más preocupante para Palacio Quemado no llegó desde la calle sino desde adentro. El vicepresidente Edman Lara apareció este jueves en conferencia de prensa junto a jefes de bancada de Libre, Súmate, Alianza Popular y el PDC —tanto de Diputados como de Senadores— para rechazar públicamente el decreto.
"La posición de todas las bancadas presentes rechaza categóricamente el decreto supremo que establece la eliminación de la subvención y todas las medidas que ha puesto el presidente Rodrigo Paz", afirmó Lara. Según el vicepresidente, las medidas "lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar".
El distanciamiento del segundo mandatario respecto del jefe de Estado, a poco más de un mes de asumir juntos, configura un escenario de debilidad institucional inusual. Paz Pereira enfrenta la tormenta con un Legislativo medianamente adverso y sin el respaldo de su propio compañero de fórmula.
Mientras los sectores sociales organizan su respuesta, la economía cotidiana ya siente los efectos del anuncio.
Las estaciones de servicio en las principales ciudades registraron filas desde la madrugada. Los conductores buscan cargar combustible antes de que los nuevos precios se apliquen plenamente, generando escenas de congestión y espera que recuerdan los episodios de desabastecimiento de meses anteriores.
En los mercados, los comerciantes comenzaron a ajustar precios anticipándose a la inflación de costos que viene. En el Mercado Abasto de Sucre, el azúcar que ayer se vendía a Bs 260 hoy cuesta Bs 280 y en algunos puestos llega a Bs 320. Similar tendencia muestran el arroz y el aceite.
El transporte público también reaccionó. En varias ciudades, los choferes aplicaron incrementos de tarifas con porcentajes similares al alza de los carburantes, generando fricciones con los usuarios. Algunos comercios de alimentos optaron por cerrar temporalmente a la espera de evaluar cómo evoluciona el mercado.
El viernes será una jornada clave. La COB sesionará en ampliado de emergencia por la mañana. Los plazos de 24 horas otorgados por transportistas, campesinos y vecinos vencerán durante el día. El sábado, la Confederación de Choferes definirá sus medidas en encuentro nacional.
El gobierno tiene una ventana estrecha para ofrecer señales que descompriman la tensión. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró que el decreto "no es negociable", pero la historia boliviana enseña que las posiciones inflexibles suelen flexibilizarse cuando la presión social alcanza cierto umbral.
Lo que está en juego no es solo un decreto sino la capacidad del Ejecutivo de implementar ajustes económicos —que muchos consideran necesarios— sin fracturar su relación con los sectores sociales. Paz Pereira deberá decidir si mantiene la rigidez inicial o si abre canales de diálogo que permitan introducir modificaciones sin desmontar el paquete completo.
Las próximas 48 horas definirán el rumbo.
Los líderes sudamericanos llegaban con "la lapicera pronta", pero Roma cambió de posición en el último tramo. Lula da Silva aceptó esperar; analistas advierten que la postergación profundiza la crisis del bloque regional.
El DS 5503 puede estabilizar las cuentas fiscales, pero sin diálogo social y sin reducir el aparato estatal, solo sembrará el resentimiento que catapultó al MAS al poder.
Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
La CEPB calificó el ajuste de combustibles como "necesario y urgente", aunque cuestionó la decisión "unilateral" de incrementar el salario mínimo en 20%. Exigieron que los responsables de la crisis respondan ante la justicia.
Un ajuste económico que ignora a la sociedad puede estabilizar las cuentas fiscales y desestabilizar la democracia. Bolivia ya pagó ese precio una vez.
Los sectores más vulnerables serán transportistas y productores agrícolas, quienes dependen directamente de los combustibles. El BID respaldó las reformas y anunció visita oficial a Bolivia en 2026.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la normativa responde a un estudio técnico y ofreció mesas de diálogo para explicar los alcances de las medidas.
Washington señaló que "está listo para respaldar la transición de Bolivia" y "profundizar nuestra asociación".
"Consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar", afirmó la autoridad.
El ministro de Economía advirtió que no permitirá aumentos injustificados y recordó las medidas adoptadas para reducir costos de operación del sector.
El proyecto fue sancionado pese al rechazo de la bancada de Libre, que cuestionó la aprobación de un presupuesto elaborado durante la gestión del MAS.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
El Decreto Supremo 5503 fija las tarifas para siete tipos de carburantes como parte de las medidas económicas para enfrentar la crisis.
Más de 80 puntos de bloqueo afectan la circulación vehicular mientras el Gobierno convoca al diálogo pero descarta revisar el Decreto 5503.
El DS 5503 puede estabilizar las cuentas fiscales, pero sin diálogo social y sin reducir el aparato estatal, solo sembrará el resentimiento que catapultó al MAS al poder.
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