Usuarios denuncian que las tarifas se duplicaron en algunas rutas. El Ejecutivo invita a los transportistas a conformar mesas técnicas, pero la nota no fija cuándo. Más de 80 puntos bloqueados en La Paz y El Alto; en Santa Cruz los buses se replegaron.
PolíticaHace 2 horas
RedacciónEl impacto del Decreto Supremo 5503 llegó a las terminales de buses del país con incrementos que oscilan entre Bs 50 y Bs 200 en los pasajes interdepartamentales, según la ruta. Los operadores atribuyen las subas a la eliminación de la subvención a los combustibles y a la alta demanda por las fiestas de fin de año. Los pasajeros, atrapados entre precios duplicados y servicios suspendidos por los bloqueos, enfrentan un escenario de incertidumbre para sus viajes navideños.
En la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra, los pasajes a Sucre y Trinidad pasaron de Bs 134 a Bs 250. Otro operador de la misma terminal detalló que el boleto a Sucre, que antes costaba Bs 125, ahora se vende a Bs 250, mientras que a Cochabamba el salto fue de Bs 50 a Bs 250 —un incremento de Bs 200—.
"Por el incremento del diésel los precios han subido", reconoció uno de los vendedores. "Hay mucha gente que quiere viajar por época de vacaciones y se encuentra con estos precios", lamentó.
En la terminal de Cochabamba la situación es similar. El pasaje a La Paz se vende hasta en Bs 250 cuando antes costaba Bs 120; a Santa Cruz pasó de Bs 180 a Bs 330. Los transportistas conocidos como "surubí", que cubren rutas hacia el occidente, también duplicaron tarifas: de Cochabamba a Oruro cobran ahora Bs 200 y a La Paz Bs 300.
Desde la terminal de La Paz, en tanto, los operadores informaron que varias salidas interdepartamentales fueron suspendidas debido a los bloqueos instalados por transportistas que rechazan la eliminación de la subvención.
El alza no se limita a los viajes de larga distancia. En el transporte urbano, los choferes aplicaron incrementos unilaterales apenas conocido el decreto. En Santa Cruz, el pasaje subió de Bs 2,30 a Bs 5. En La Paz pasó de Bs 2,40 a Bs 5, y en El Alto de Bs 1,50 a Bs 3.
Estos aumentos —que en algunos casos superan el 100%— se implementaron sin negociación previa con autoridades municipales ni con los usuarios, generando fricciones en las calles y reclamos de pasajeros que cuestionan la proporcionalidad de las subas respecto al incremento de combustibles.
Desde la madrugada de este viernes, transportistas de La Paz y El Alto mantienen bloqueados más de 80 puntos en ambas ciudades, exigiendo la abrogación del DS 5503. En Santa Cruz, los operadores optaron por replegar sus unidades, dejando sin servicio a miles de usuarios.
La medida de presión responde al ajuste de precios de combustibles dispuesto por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira: la gasolina pasó de Bs 3,74 a Bs 6,96 por litro, y el diésel de Bs 3,72 a Bs 9,80 —un incremento del 163%—.
En medio del conflicto, el viceministro de Transportes, Hugo Criales, anunció este viernes una convocatoria al diálogo dirigida a la Confederación Nacional de Transporte y otras organizaciones del sector. El objetivo, según la autoridad, es conformar mesas técnicas para buscar acuerdos.
Sin embargo, la nota enviada a los dirigentes no fija fecha ni hora para el encuentro. "Primero vamos a hacer llegar las invitaciones y esperar a que haya la aceptación de los dirigentes", explicó Criales. "Voy a apelar a su madurez porque la patria está en riesgo".
El viceministro defendió el decreto con argumentos similares a los esgrimidos por otras autoridades del Ejecutivo: "Nuestra patria está en quiebra, no había otra solución, no había otra forma, era una muerte anunciada. Todos sabíamos, cuando hemos ido a las elecciones a votar, que nuestra patria está en este estado, que es la consecuencia de 20 años que nos hemos farreado el dinero y no hemos dicho nada".
Criales adelantó que en las eventuales mesas de trabajo se explicará la aplicación del arancel cero para importación de llantas, repuestos y aceites automotrices —uno de los beneficios incluidos en el decreto— y que se extenderá la invitación a cooperativas, transporte libre y cámaras departamentales.
Durante la campaña electoral y los primeros días de gobierno, el presidente Paz Pereira y su equipo habían reiterado que la eliminación de la subvención a los carburantes se aplicaría de manera gradual, sin afectar en primera instancia al transporte público.
El DS 5503, publicado el miércoles, rige sin excepciones para ningún sector.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, ratificó este viernes que "la medida no tiene marcha atrás", en línea con las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien el jueves afirmó que el decreto "no es negociable".
Los transportistas de La Paz anunciaron que si no hay respuesta favorable del gobierno, el paro será indefinido a partir del lunes. La Confederación de Choferes sesionará mañana sábado en ampliado nacional para definir sus medidas de lucha. La Central Obrera Boliviana convocó para hoy a un ampliado de emergencia en La Paz.
Mientras tanto, miles de bolivianos que planeaban viajar por las fiestas de fin de año enfrentan un panorama incierto: pasajes al doble de precio, rutas bloqueadas, terminales con servicios suspendidos y un conflicto que apenas comienza.
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Los sectores más vulnerables serán transportistas y productores agrícolas, quienes dependen directamente de los combustibles. El BID respaldó las reformas y anunció visita oficial a Bolivia en 2026.
Transportistas, campesinos, obreros y juntas vecinales dieron un plazo de 24 horas para derogar el decreto. El vicepresidente Lara se sumó a las críticas junto a bancadas opositoras. Los mercados ya registran alzas en productos básicos.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que la normativa responde a un estudio técnico y ofreció mesas de diálogo para explicar los alcances de las medidas.
Washington señaló que "está listo para respaldar la transición de Bolivia" y "profundizar nuestra asociación".
"Consideramos que no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que causarán es más pobreza, desempleo y la subida de la canasta familiar", afirmó la autoridad.
El ministro de Economía advirtió que no permitirá aumentos injustificados y recordó las medidas adoptadas para reducir costos de operación del sector.
Una iniciativa legislativa sin precedentes que busca restaurar el Estado de Derecho y reparar casi dos décadas de abusos judiciales en Bolivia
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