Las intensas lluvias y la escasez de carburantes obligaron a más de 100 colegios a pasar a clases virtuales y a otros 260 a adoptar esquemas semipresenciales en varios departamentos del país.
Análisis21 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
La constitución plurinacional mantiene en el poder al crimen organizado, institucionaliza la dictadura/narcoestado en Bolivia y tiene hoy más de 320 presos políticos y 27.000 exiliados.
Nicea es una ciudad del noroeste de Turquía, donde hace 1700 años se realizó el primer concilio ecuménico de la Iglesia, que tuvo algunos rasgos singulares.
En una entrevista exclusiva con elfaro24.com, la exdiputada y abogada Dra. Norma Piérola Valdez lanzó duras acusaciones que comprometen no solo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, sino también a organismos internacionales vinculados a procesos electorales, como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).
Jeanine Áñez manifestó que la CIDH y la ONU no pueden “desentenderse” de la defensa de los derechos de los bolivianos. La ex presidenta interina de Bolivia se pronunció luego de que ambos organismos internacionales expresaran su preocupación por recientes fallos judiciales en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América del Sur manifestaron su preocupación tras la anulación de los procesos contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios mandos militares y policiales vinculados a los sucesos de Sacaba y Senkata en 2019.
En este contexto, es crucial que los responsables de las políticas económicas (bancos centrales y gobiernos) busquen la forma de mitigar el impacto y fomenten la estabilidad económica.
Los efectos económicos y sociales seguirán estando presentes. Nunca un acto de liberación habrá costado tanto dinero a sus ciudadanos.
La UE y América Latina deben actuar con pragmatismo, equilibrando flexibilidad y firmeza para proteger sus economías en un entorno particularmente volátil y hostil.
Para los Estados miembros de la UE, junto con socios afines como Canadá, Noruega, Turquía y el Reino Unido, el rearme no puede retrasarse más.
El uso de dinero público para beneficiar a exmandatarios es una distorsión del principio de equidad. Los privilegios no se heredan de la función pública.