Bolivia recibió el día del mar en el año 2025, el Bicentenario, con un amargo sabor de derrota, fracaso y callejones sin salida. Los conflictos sobre el Silala y el acceso al mar con soberanía, son dos caras de una misma moneda: el descalabro como Estado y la progresiva decadencia en la defensa de los intereses de Bolivia como una Nación endeble, dentro de los balances de poder en la globalización.
Las relaciones entre Bolivia y Chile se encuentran en un su momento más desigual y contradictorio. Desde el tratado de 1904, es la primera vez que nuestro país tropieza con una posición de “completa subordinación”, pues se agotaron los argumentos políticos e ideológicos, además de soportar a un Estado debilitado, después de haberse reconocido que Chile tiene la “razón”, tanto en su rechazo a reconocer que hay conflictos pendientes en una salida al mar, como en la bloqueada problemática del Silala. Nuestra razón de Estado se doblegó frente a la fuerza de Chile como ganador. Así de duro es el panorama. Chile no tiene ya nada que tratar sobre nuestra soberanía marítima.
Asimismo, el derecho internacional es, fundamentalmente, una ordenación espacial y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) clausuró cualquier alternativa para que el Estado boliviano reorganice su soberanía política. El haber recurrido a la CIJ fue un error estratégico porque se consolidaron las previsiones de largo plazo que Chile siempre planteó, tratando de mostrar, primero, que el Silala era un río internacional y, por lo tanto, sus beneficios debían ser compartidos por igual con Bolivia. Segundo, Chile ha incrementado sus exigencias para obligarnos a renunciar absolutamente a una negociación digna sobre el acceso al océano Pacífico. Bolivia no logró proteger sus razones de Estado: “territorio y recursos valiosos” como el agua del Silala, así como tampoco supimos salvaguardar nuestra soberanía.
Las resoluciones de la CIJ fueron también alambicadas, por decir lo menos. En torno al Silala, se determinó que hubo varias coincidencias entre las argumentaciones de Bolivia y Chile, sobre todo porque las aguas del Silala fueron entendidas como un “sistema hídrico”. Por esto, la CIJ decidió dejar el futuro de las relaciones a un tratamiento diplomático, sin tomar en cuenta que los elementos de cohesión entre la integridad territorial del Estado boliviano y la identidad nacional contienen una medida de justicia. Asumir que las aguas del Silala son internacionales, no contribuyó a establecer los límites firmes, susceptibles de demarcación y división territorial para fortalecer al Estado boliviano, mostrando un signo de identidad plena en el orden internacional. Chile salió con una mejor imagen y con la virtud de haber derrumbado a los planteamientos bolivianos.
Con la demanda marítima ante la CIJ (proceso que duró de 2013 a 2018), Bolivia no modificó el escenario de los balances de poder internacionales. Es imposible forzar a Chile cualquier negociación y, entonces, ¿cómo generar un acercamiento diplomático de justicia histórica? Los argumentos de la demanda se sustentaban en los denominados actos unilaterales de los Estados que, supuestamente, eran capaces de crear obligaciones jurídicas.
El fracaso boliviano en la CIJ ratificó aquello que el experto de las Naciones Unidas, Alain Pellet, ya adelantó desde comienzos de los años 2000: los actos unilaterales no son fuentes de derecho internacional, tampoco son unívocos y dan lugar a múltiples interpretaciones que, en gran medida, desembocan en situaciones políticas donde la geoestrategia del más fuerte llega a imponerse, dejando a la CIJ como un régimen internacional plagado de formalismos procedimentales y cuyas decisiones le hicieron justicia, precisamente al Estado con más poder: Chile.
Chile siempre rebatió la demanda marítima y aunque la CIJ aceptó tener las competencias para reflexionar sobre el conflicto con Bolivia, lo que prevaleció fue un “falso universalismo” porque cuando la CIJ emitió un fallo en contra de Bolivia, lo hizo con el manto de un novedoso acto jurídico que abrió las puertas a las acciones dominantes de Chile. La CIJ dijo claramente que Bolivia no podía exigir a Chile la negociación de una salida al Pacífico y, por lo tanto, era inadmisible una “ordenación del espacio” soberano de los Estados en el escenario de las Naciones Unidas, adonde pertenece la CIJ. En consecuencia, eran de esperarse nuevas “capitulaciones” para Bolivia como, de hecho, sucedieron con el Silala.
Las determinaciones de la CIJ incurrieron en una sobre-interpretación del derecho internacional porque los balances de poder global simularon una universalidad para impartir justicia que, en verdad, era inexistente o, por lo menos, muy desigual. El derecho internacional requiere de una “base espacial” de sustentación que dé sentido a las relaciones entre los Estados. En este ámbito, Bolivia no convenció a la CIJ y al sistema internacional que debe establecerse justicia, sobre la base del reconocimiento de un Estado soberano que reclama una “integridad territorial” y derechos de propiedad sobre el Silala, lo cual otorgaba pleno derecho a la razón de Estado, antes que a estudios científicos que comprueben que el Silala era un río internacional.
Los estudios técnicos son una parte que, en el fondo, deben estar supeditados a la razón de Estado, ya que ésta es un acontecimiento histórico constitutivo para cualquier país, un acto de la legitimidad en el derecho internacional y una expresión de los Estados que funcionan como actores soberanos dentro de un territorio. La razón de Estado, además, otorga sentido a la soberanía de la ley (Estado de Derecho) y a la eficacia de la identidad nacional en el sistema internacional (integración en la globalización). La ordenación espacial era fundamental para preservar el planteamiento del Silala como propiedad del Estado boliviano.
Las determinaciones de la CIJ solamente consideraron que los acueductos y alteraciones artificiales hechas por Chile sobre el curso de las aguas, pueden ser desmanteladas en cualquier momento por Bolivia, que deberá negociar considerando los criterios de acceso ecuánime. El fallo de la CIJ tenía que haber tomado en cuenta la legitimidad otorgada por la ordenación espacial y no analizando únicamente las aguas del Silala como un río internacional porque esta supuesta situación objetiva no existe, por ejemplo, en la apropiación de las islas Diaoyu en el mar Oriental que reclama China en el conflicto con Japón.
En referencia a las aguas del Silala, es un hecho que éstas se originan en el territorio boliviano y, por lo tanto, la ordenación espacial era la fuente última de legitimidad jurídica internacional. Además, se pide a Bolivia “ecuanimidad” para no desmantelar los acueductos, cuando Chile se fortaleció al utilizar las aguas del Silala y jamás reconocerá la deuda histórica sobre la soberanía boliviana en el Pacífico. Sufrimos el peso de relaciones totalmente desiguales y una decadencia de las razones de Estado.
Desde Chile, las autoridades siempre expresaron un sentido de superioridad y sutil desprecio por Bolivia, mientras que la prensa, poco a poco, reforzó una actitud nacional-defensiva al estilo de los Estados dominantes que no se dejan intimidar ante nada. Chile se sabe más fuerte que nunca porque protegió su soberanía territorial y consideró a Bolivia como un enemigo “latente” que le bloqueó las puertas por medio de presiones respecto a la venta del gas natural y el acceso a otras fuentes de energía como el agua.
La equidad en la negociación bilateral entre Chile y Bolivia, por el momento, está agotada y es previsible que continúen diversos choques constantes. ¿Cómo imaginar una reorientación útil y estratégica para las reivindicaciones bolivianas si los factores principales de soberanía e integridad territorial como Estado fueron cercenados? La crisis energética chilena, especialmente su demanda de agua, está efectivamente solucionada con los caudales del Silala.
En el periodo 2004-2010, la negociación bilateral fue ineficiente y con altas dosis de incoherencia. Una pauta realista fue observar cómo Bolivia comenzaba algunos conflictos abiertos, incentivando la opinión pública nacionalista. La declaración de Evo Morales en marzo de 2011 para iniciar un proceso contencioso ante la CIJ, con el fin de forzar una solución a la demanda marítima, no fue sorpresiva para Chile que utilizó dicha noticia como un nuevo dato de “ruptura” en la construcción de los acercamientos de confianza.
Chile se impuso una vez más con las resoluciones de la CIJ favorables en el caso del Silala, en diciembre de 2022 y el resultado inmediato fue una era de tenue enemistad que, de cualquier manera, conducirá a que Chile refuerce su identidad como Estado y Nación dominantes en Sudamérica. Al mismo tiempo, introducir la demanda marítima y el problema del Silala dentro de la estructura burocrática de la CIJ, fue una decisión ingenua y conducida con poco profesionalismo. Los llamados “agentes” del Estado boliviano como Rodríguez Veltzé, desarrollaron su trabajo solamente como una campaña ideologizada a favor de Evo, fue poco sólido y, en el caso del Silala, el agente Sebastián Michel manejó todo con absoluto desconocimiento e improvisación.
La estrategia de Chile en la CIJ fue más efectiva que la de Bolivia por varios factores estratégicos, tanto en la demanda marítima (2013-2018) como en el caso del Silala (2016-2022). En primera instancia, definió una estrategia jurídica sólida y bien argumentada, pues desde el inicio, Chile se concentró en demostrar que no existía una obligación legal de negociar una salida soberana al mar con Bolivia.
Se enfocó en lo jurídico y no en lo histórico, ni en lo moral, de manera que, mientras Bolivia apelaba a la “obligación histórica” de Chile para negociar, Chile mostró que los tratados internacionales son jurídicamente vinculantes y no existía un precedente en el derecho internacional que obligara a un Estado a conversar sobre deudas históricas. Utilizó muy bien los balances de poder a su favor.
Reforzó el Tratado de 1904 como inamovible y, por lo tanto, Chile defendió que dicho tratado, firmado y ratificado por Bolivia, había resuelto la cuestión territorial de manera definitiva. Así, cuestionó la esencia de la demanda boliviana porque Bolivia argumentaba que existían “actos unilaterales” por parte de Chile que generaban una obligación de negociar. Chile desarmó esta supuesta evidencia.
Mientras en Bolivia, Héctor Arce y su séquito de adoradores del culto a la personalidad de Evo, manejaron la demanda con un fuerte discurso político y nacionalista, Chile mantuvo su estrategia dentro del ámbito jurídico, evitando caer en las provocaciones políticas o mediáticas estimuladas por Evo.
A pesar de haberse movilizado intensamente a la opinión pública de los bolivianos porque, aparentemente, se ponía de manifiesto que era posible llevar el conflicto histórico a un ámbito internacional donde Bolivia iba a ganar y obtener un fuerte apoyo internacional, todo se reorientó en contra. Además, desde un primer momento, muchos medios de comunicación tenían dudas sobre la efectividad real del proceso judicial. Para lo único que sirvió la demanda fue para fortalecer la odiosa obsesión de reelección presidencial de Evo Morales, junto con sus previsiones de corto plazo. Esta visión personalista también fracasó al tratar de encajar las razones de Estado y la integración de la Nación, dentro de los confines de un caudillismo que, finalmente, abandonó el poder.
En el caso del Silala, Chile se anticipó y presentó la demanda en la CIJ en 2016, antes de que Bolivia pudiera hacerlo, pidiendo que el Silala fuera declarado como un río internacional y, en consecuencia, tenía derecho a su uso. Usó mucha evidencia técnica ya que Chile presentó estudios geográficos para demostrar que el Silala era un curso de agua transfronterizo, siguiendo el derecho internacional sobre “ríos compartidos”. De esta manera, obligó a Bolivia a reconocer un punto clave, pues durante el juicio, Bolivia terminó aceptando que el Silala es un curso de agua internacional, lo que significó que el argumento principal de Chile sea plenamente validado.
Por último, Chile enfocó el problema dentro de la “cooperación internacional”, argumentando que, en caso de disputas, los países debían negociar un uso equitativo de las aguas, lo que la CIJ respaldó, beneficiando ampliamente las razones de Estado chilenas. Bolivia gastó 30 millones de dólares en el mantenimiento de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) en 14 años (2010-2025), y no sirvió de mucho. Por esto, corresponde un juicio de responsabilidades a las autoridades de gobierno involucradas.
Después de doce años (2013-2025) se puede evaluar cuidadosamente todo el proceso. Desde la aceptación de la demanda marítima, no hubo un mejoramiento en el diálogo y acercamiento con Chile, aspecto que es negativo, en la medida en que, tanto Bolivia como Chile, debían negociar en igualdad de condiciones, buena fe y voluntad para encontrar algunas alternativas de solución duraderas. La derrota de Bolivia, sobre el mar y el Silala, le exige persistir en un acercamiento, inclusive a pesar de lo indigno que representa el hecho de doblegarse ante el más fuerte en medio de los balances de poder.
Tanto Bolivia como Chile llevaron adelante el proceso en medio de una serie de cálculos políticos que no necesariamente beneficiaban a la posibilidad de un acuerdo negociado. Ambos países exaltaron un exitismo exagerado, sobre todo cuando pusieron de por medio el concepto y la eficacia política de la “soberanía”. Este aspecto es central: llámese acceso al mar para Bolivia con soberanía, o defensa del territorio chileno con plena integridad territorial, sin ceder ni un solo milímetro.
No ceder un ápice de territorio, representa un enfoque político y razón de Estado que se ajusta a un criterio del derecho internacional vinculado al “Nomos de la tierra”, concepción que toma en cuenta los espacios no colonizados como sitios libres para la conquista, partición y posesión por los Estados fuertes como el actual comportamiento internacional de China. La CIJ asfixió esta posibilidad para Bolivia, al arrinconar los conflictos hacia normas, tratados y diseños jurídicos, desechando el orden espacial que es vital para construir las identidades de poder de cualquier Estado.
Ni Bolivia, ni Chile utilizaron la CIJ para reconducir sus relaciones hacia un rumbo más auspicioso. La derrota del Silala agrandó las desigualdades frente a Chile y, hoy por hoy, existe una mayor desconfianza entre uno y otro país, junto con el reforzamiento de la intolerancia. Los procesos ante la CIJ no abrieron una nueva era para las relaciones con Chile, algo que Bolivia ya no podrá cambiar, por lo menos dentro del marco de los tratados internacionales.
Un resultado negativo adicional para Bolivia fue la excesiva politización. Evo Morales utilizó la demanda marítima, en función de fortalecer su caudillismo y asegurar su reelección “indefinida”. Los balances de poder internacionales fueron interpretados por Morales como un recurso cortoplacista, en función de sus intereses políticos domésticos.
Los fallos de la CIJ jugaron a favor de Chile: el Silala como río internacional y la imposibilidad de negociar la salida soberana al Pacífico, lo cual exige mirar el largo plazo y las responsabilidades históricas para las nuevas generaciones, con la finalidad de hacer justicia y ejercer la práctica de la equidad entre dos democracias que, pacíficamente, negociarían algún tipo de soluciones. Entre éstas aún está vivo el probable canje territorial y la mutua interdependencia para que Bolivia y Chile puedan complementarse. Simultáneamente, todavía se podría negociar un “corredor con soberanía compartida” y Chile tendría que conceder un acceso al mar sin ceder soberanía, mediante un modelo de administración conjunta, o el uso de “zonas económicas especiales”, similares al puerto de Ilo en Perú, donde Bolivia tiene una zona con beneficios aduaneros.
Un aspecto parece ser definitivo. Las acciones de la CIJ mostraron que ningún régimen internacional podrá nunca decir que Chile devuelva lo que fue el Litoral boliviano y, por lo mismo, Bolivia sigue atada a un país más poderoso. Depende de Bolivia vencer a Goliat sin la CIJ. La demanda marítima no tuvo la trascendencia que inicialmente se pensó porque es Bolivia y su propia fuerza estatal, quienes tendrán que jugar un papel fundamental en los acercamientos con Chile después de La Haya y para precisar los beneficios de las aguas del Silala, en función de una soberanía plena para Bolivia y según su integridad territorial.
Una posibilidad de acercamiento descansa en el denominado “ex aequo et bono” (se actuará según lo equitativo y bueno, o por equidad y en conciencia), que sería la alternativa más razonable para Bolivia, aunque con el beneplácito de Chile. ¿Este país negociará con nosotros en igualdad de condiciones?; ¿hasta dónde y en qué términos de razones de Estado?
Desde la creación de Bolivia en 1825 hasta el siglo XXI, nadie puede negar que las discusiones sobre la construcción de la sociedad, el progreso económico, el desarrollo a escala nacional y los esfuerzos para tener un Estado legítimo y soberano, están enlazados con la búsqueda por saber qué “identidad nacional” teníamos o tenemos. La Nación boliviana debe reconstruirse positivamente. Este reto no es un mito, ni un motivo para el conflicto, sino la añoranza para integrarnos con un sentido de pertenencia y con el interés por observar desde adentro cuáles son y dónde están nuestras potencialidades.
La construcción de una Nación viene a ser la razón de ser de la integración, pero, al mismo tiempo, el núcleo de incertidumbres que desencadena irreverencias o disputas. Los resultados adversos en La Haya sobre el mar y el Silala, deben, necesariamente, conducirnos hacia la discusión sobre un nuevo tipo de unidad nacional.
Finalmente, ¿qué debería hacer Bolivia desde una perspectiva de “razón de Estado”? Bolivia necesita fortalecer su capacidad estatal. Esto implica: a) desarrollar una política de Estado sostenida, más allá de los cambios de gobierno; b) crear una diplomacia profesional y estratégica, con negociadores expertos y no solo discursos nacionalistas; c) diversificar su economía, para no depender únicamente de recursos naturales y tener mayores márgenes de maniobra en cualquier negociación internacional; d) invertir en infraestructura y logística, especialmente en rutas alternativas al mar; e) fortalecer el liderazgo político, para que el tema marítimo no dependa solamente de coyunturas políticas internas. Si Bolivia no resuelve estos problemas estructurales, cualquier intento para recuperar un acceso soberano al mar, o mejorar su posición internacional, será difícil de concretar.
Franco Gamboa Rocabado- Sociólogo político, especialista en políticas públicas y experto en el análisis de relaciones internacionales
En este contexto, es crucial que los responsables de las políticas económicas (bancos centrales y gobiernos) busquen la forma de mitigar el impacto y fomenten la estabilidad económica.
Los efectos económicos y sociales seguirán estando presentes. Nunca un acto de liberación habrá costado tanto dinero a sus ciudadanos.
La UE y América Latina deben actuar con pragmatismo, equilibrando flexibilidad y firmeza para proteger sus economías en un entorno particularmente volátil y hostil.
Para los Estados miembros de la UE, junto con socios afines como Canadá, Noruega, Turquía y el Reino Unido, el rearme no puede retrasarse más.
El uso de dinero público para beneficiar a exmandatarios es una distorsión del principio de equidad. Los privilegios no se heredan de la función pública.
Mientras un supuesto Estado ficticio intenta arrendar territorios indígenas por mil años, el debilitamiento institucional y la pérdida del sentido de nación exponen a Bolivia a nuevas formas de despojo sin resistencia.