Luis Fernando Romero Torrejón advierte que el gobierno ha utilizado el 96% de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el FMI, aumentando las obligaciones externas del país. En 2025, Bolivia deberá pagar más de 11 millones de dólares en intereses y se encuentra en mora con el organismo internacional.
EconomíaHoy
Redacción
El economista Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, analizó la situación de la deuda externa de Bolivia y el manejo financiero del gobierno en los últimos años. Ante los temores de un posible default, el ministro de Economía aseguró que el país cumplirá con sus obligaciones internacionales en 2025. Durante la gestión 2024, Bolivia destinó 1.526,1 millones de dólares al pago del servicio de la deuda externa, de los cuales 108,8 millones se usaron para la cancelación de los bonos soberanos y otros títulos de deuda.
Sin embargo, poco se ha mencionado sobre otros pasivos externos que también forman parte de las Reservas Internacionales Netas (RIN), como los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos activos pueden ser convertidos en divisas, como el dólar, y fueron utilizados por el gobierno actual para obtener liquidez temporal y financiar el gasto corriente, en respuesta a los problemas financieros del sector público.
En agosto de 2021, el FMI asignó a Bolivia 230,13 millones de DEG, elevando el total acumulado del país a 394,26 millones de DEG. Sin embargo, actualmente solo quedan 14,81 millones de DEG (equivalentes a 19,74 millones de dólares), lo que representa apenas el 3,76% del total original. En los últimos 19 años, ningún otro gobierno había utilizado estos recursos, pero en menos de cuatro años, la administración de Luis Arce Catacora consumió el 96,24% de los DEG asignados.
El uso de estos recursos no es indefinido ni gratuito, ya que deben ser reintegrados al FMI como parte del servicio de la deuda externa. Sin embargo, los informes del Banco Central de Bolivia (BCB) no reflejan claramente los DEG utilizados ni los pagos correspondientes, a pesar de que estos forman parte de los compromisos financieros del país.
Para 2025, Bolivia deberá pagar 8,94 millones de DEG en intereses, equivalentes a 11,9 millones de dólares. Las obligaciones continuarán en los siguientes años, con pagos de 11,94 millones de DEG en 2026 y 2027, 11,95 millones en 2028 y 11,93 millones en 2029. Actualmente, Bolivia se encuentra en mora con el FMI respecto a estos compromisos, y según el organismo internacional, las obligaciones vencidas por más de tres meses deben figurar en la sección de "Obligaciones Vencidas y Pagos Proyectados al Fondo".
El análisis de Romero Torrejón sugiere que el gobierno ha utilizado estos 505 millones de dólares principalmente para gasto corriente, ante la falta de liquidez en divisas. Es posible que estos fondos también se hayan destinado al pago del servicio de la deuda externa y a la importación de combustibles, un factor crítico en la economía nacional. Esta situación refleja el uso de fuentes de financiamiento no convencionales para sostener el déficit fiscal, un hecho que hasta ahora no ha sido plenamente transparentado por las autoridades.
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