
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cruzado una línea peligrosa. Al acoger las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para sancionar económicamente a medios de comunicación por la publicación de columnas de opinión, el órgano que debería garantizar la transparencia y la democracia se convierte en censor y verdugo de derechos fundamentales.