El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cruzado una línea peligrosa. Al acoger las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para sancionar económicamente a medios de comunicación por la publicación de columnas de opinión, el órgano que debería garantizar la transparencia y la democracia se convierte en censor y verdugo de derechos fundamentales.
EditorialHace 4 horas
Mauricio Ochoa Urioste
La medida, revestida de supuesta “neutralidad electoral”, viola de manera flagrante la Constitución Política del Estado, que en su artículo 106 es categórica: los bolivianos tienen el derecho de expresar y difundir ideas sin censura previa. La Carta Magna no admite interpretaciones ambiguas ni excepciones oportunistas.
Pero no solo se trata de un mandato constitucional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, protege el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, estableciendo que este derecho no puede estar sujeto a censura previa sino únicamente a responsabilidades ulteriores, siempre dentro de límites estrictos y razonables. Pretender silenciar columnas de opinión bajo el argumento de que “favorecen o perjudican” a candidatos es un atropello que contradice compromisos internacionales ratificados por Bolivia y que forman parte del bloque de constitucionalidad.
La Ley de Imprenta de 1925 también es clara: los delitos de prensa no pueden ser juzgados ni sancionados por tribunales ordinarios, y menos aún por autoridades administrativas que no tienen competencia para calificar opiniones. Sin embargo, el TSE pretende imponer sanciones pecuniarias a periódicos y portales digitales, invocando un artículo de la Ley Electoral 026 de 2010, una norma inferior jerárquicamente y que, en este caso, se enfrenta abiertamente a la Constitución y a la Ley de Imprenta.
Este proceder del TSE no es un simple error interpretativo: es un acto de censura disfrazado de legalidad. Es la confirmación de que el órgano electoral, en lugar de defender la democracia, opta por erosionarla. ¿Cómo puede un Tribunal que se dice garante del voto popular desconocer principios elementales como la libertad de opinión y el derecho de los ciudadanos a informarse a través de voces diversas e independientes?
Al perseguir columnas de opinión, el TSE revela un desprecio alarmante por el debate público y una peligrosa inclinación a controlar el pensamiento crítico. Pretender que una opinión periodística constituye propaganda electoral es desconocer la esencia misma del periodismo, que no es otra que interpretar, cuestionar y alertar sobre la realidad política.
La sanción contra los medios no es solo un ataque a periodistas y periódicos; es un ataque directo contra los ciudadanos, porque el derecho a informar y opinar tiene como contracara inseparable el derecho de la sociedad a estar informada. En democracia, el silencio nunca es neutral: siempre favorece al poder de turno.
El TSE debe rectificar de inmediato. Persistir en esta línea no solo lo coloca al margen de la Constitución y de los tratados internacionales, sino que lo convierte en cómplice de la censura, en enemigo declarado de la prensa libre y, por extensión, en enemigo de la democracia misma.
La historia será implacable con quienes, teniendo el deber de garantizar derechos, eligieron vulnerarlos. Y hoy, lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral ya carga con ese estigma.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cruzado una línea peligrosa. Al acoger las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para sancionar económicamente a medios de comunicación por la publicación de columnas de opinión, el órgano que debería garantizar la transparencia y la democracia se convierte en censor y verdugo de derechos fundamentales.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras conocerse las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que pidió aplicar sanciones económicas a cuatro medios por la publicación de columnas de opinión entre el 15 y el 17 de agosto.
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