La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras conocerse las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que pidió aplicar sanciones económicas a cuatro medios por la publicación de columnas de opinión entre el 15 y el 17 de agosto.
ActualidadHace 4 horas
Redacción
En un comunicado difundido este sábado, la organización que agrupa a los principales periódicos impresos del país exhortó a la Sala Plena del TSE a que, “en estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, desvirtúe el pedido de sanciones a medios de comunicación”.
La ANP manifestó su rechazo a las recomendaciones del SIFDE, que apuntan a los periódicos Correo del Sur (Sucre) y El Diario (La Paz), así como a los portales digitales Urgentebo y Brújula Digital. Los cuestionamientos se basan en columnas de los periodistas Carlos Valverde, Augusto Vera y Manuel Morales, a las que el SIFDE atribuye un supuesto efecto de beneficio o perjuicio hacia candidatos presidenciales.
Según la entidad dependiente del TSE, estas publicaciones contravienen la Ley 026, que prohíbe la difusión de artículos sobre temas electorales dos días antes y durante la jornada de votación. Bajo ese argumento, recomendó multas económicas, una medida que la ANP calificó de inconstitucional.
Defensa de la libertad de expresión
La ANP remarcó que las columnas cuestionadas “no tienen carácter propagandístico” y que se enmarcan en el artículo 106 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de información, así como a la rectificación y a la réplica.
La organización advirtió que los señalamientos contra medios independientes constituyen una amenaza a derechos fundamentales, recordando que la normativa nacional e internacional prohíbe la censura previa.
“El informe del SIFDE no parece estar en consonancia con la política de transparencia electoral que el propio TSE ha manifestado”, señaló la ANP, en referencia a la columna de Carlos Valverde sobre un supuesto caso de cohecho electoral que derivó en un instructivo del TSE sobre el uso de celulares en los recintos de votación.
Asimismo, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH (2000), la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley de Imprenta (1925) excluyen expresamente la censura previa. En ese sentido, subrayó que la Ley Electoral de 2010 y sus reglamentos colisionan con estas disposiciones.
El comunicado también citó a la OEA, que considera el periodismo como “una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información”, indispensable para un debate público vigoroso y democrático.
Llamado al TSE
En la parte final del pronunciamiento, la ANP destacó que los medios señalados por el SIFDE actuaron como “defensores de los derechos constitucionales” y publicaron análisis en el marco de las garantías legales.
“La ANP, en representación de los medios impresos de Bolivia, hace un llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para rectificar actuaciones contrarias a los estándares internacionales, a la Constitución y a la Ley de Imprenta, con el ánimo de contribuir a una renovada etapa de fortalecimiento democrático”, expresa el documento.
La organización reiteró que la labor periodística está respaldada no solo por la Constitución boliviana, sino también por tratados internacionales ratificados por el país, y pidió al TSE actuar con pleno respeto a las normas que garantizan la libertad de expresión.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha cruzado una línea peligrosa. Al acoger las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) para sancionar económicamente a medios de comunicación por la publicación de columnas de opinión, el órgano que debería garantizar la transparencia y la democracia se convierte en censor y verdugo de derechos fundamentales.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) criticó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras conocerse las recomendaciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), que pidió aplicar sanciones económicas a cuatro medios por la publicación de columnas de opinión entre el 15 y el 17 de agosto.
El 17 de agosto se votó por presidente, vicepresidente, senadores, diputados uninominales y plurinominales y “representantes supraestatales”.
Según informó Shaun Walker en The Guardian y medios internacionales, el gobierno de Polonia confirmó que varios drones rusos ingresaron recientemente en su espacio aéreo en lo que se interpreta como un intento del Kremlin de medir la reacción de la OTAN sin provocar una guerra directa.
Según informó Shaun Walker en The Guardian y medios internacionales, el gobierno de Polonia confirmó que varios drones rusos ingresaron recientemente en su espacio aéreo en lo que se interpreta como un intento del Kremlin de medir la reacción de la OTAN sin provocar una guerra directa.
En Bolivia se ha desatado una fuerte polémica por la gestión de las reservas internacionales de oro, en un contexto de crisis económica y escasez de divisas.
En una entrevista exclusiva con elfaro24.com, la exdiputada y abogada Dra. Norma Piérola Valdez lanzó duras acusaciones que comprometen no solo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, sino también a organismos internacionales vinculados a procesos electorales, como la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).
En el municipio argentino de Aguas Blancas (Salta), fronterizo con Bermejo, Bolivia, salió a la luz un notable desajuste entre la población censada y la cantidad de personas registradas para votar.
Según EFE, la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) realizó este viernes un acto simbólico en la plaza central de Cochabamba para conmemorar la sentencia dictada contra dos jesuitas españoles, Ramón Alaix y Marcos Recolons, condenados a un año de prisión por encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Alfonso Pedrajas.
El defensor de Arturo Murillo, Jaime Tapia, afirmó este jueves que los casos que se siguen contra el exministro tienen un trasfondo político y puso en duda la validez de las sentencias que actualmente lo alcanzan. Sostuvo que su cliente debe enfrentar las investigaciones en libertad.