En Bolivia se ha desatado una fuerte polémica por la gestión de las reservas internacionales de oro, en un contexto de crisis económica y escasez de divisas.
ActualidadHace 5 horas
Redacción
El debate se intensificó después de que Jorge Quiroga, candidato presidencial de la alianza Libre, acusara al Banco Central de Bolivia (BCB) de haber comprometido ilegalmente parte de las reservas. Según las declaraciones del opositor, el oro habría sido pignorado por debajo del mínimo legal de 22 toneladas, lo que, a su juicio, ameritaría sanciones contra los funcionarios responsables.
El Gobierno y las autoridades del BCB negaron esa acusación y explicaron que no se trató de un empeño de las reservas ya existentes, sino de un contrato de venta a futuro. Según el gerente de Operaciones del BCB, Oswaldo Quelali, se firmó un acuerdo que compromete la entrega de unas 8,4 toneladas de oro en el plazo de un año. Ese metal no provendrá de las reservas actuales, sino que será adquirido en el mercado interno en los próximos meses. La transacción permitió al Estado obtener alrededor de 800 millones de dólares que se usaron para importación de combustibles y pago de deuda externa.
Los críticos sostienen que la operación se realizó con un sustento legal cuestionable, ya que la ley del Banco Central exige que cualquier pignoración de oro sea autorizada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Presupuesto General del Estado 2025, aprobado sin debate parlamentario, habilitó al BCB a comprometer reservas sin necesidad de autorización legislativa. Además, un reglamento interno emitido en abril reforzó esa facultad. Para algunos expertos, esta situación genera dudas sobre la vigencia y constitucionalidad de las medidas.
El economista Jaime Dunn considera que la operación abre un debate sobre los límites legales del BCB y el rol de la Asamblea. A su vez, Roger Banegas, exdirector del Banco Central, advirtió que la falta de transparencia genera incertidumbre, ya que no está claro si el oro fue vendido anticipadamente, pignorado o puesto como garantía, ni bajo qué condiciones. Otra preocupación es que la venta anticipada limite la capacidad del próximo gobierno para disponer de esas reservas.
De acuerdo con el informe del BCB al 31 de agosto de 2024, Bolivia contaba con 24,12 toneladas de oro, de las cuales 21,85 estaban depositadas en bancos internacionales en Suiza, Alemania, Reino Unido, China y Estados Unidos, y 2,27 se mantenían en bóvedas internas. En abril de 2025, los datos oficiales indicaban que las reservas sumaban 22,50 toneladas, con 18,58 en depósitos internacionales, 2,95 en tránsito hacia refinación y 0,97 en bóvedas locales. El mismo informe señaló que las inversiones en el exterior generaron ingresos por casi 4 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año.
La normativa que regula el oro es la Ley 1503 de 2023, que autoriza la venta de casi la mitad de las reservas, obliga a mantener al menos 22 toneladas y dispone que el BCB debe informar cuatrimestralmente sobre sus operaciones. Sin embargo, la incorporación en el Presupuesto 2025 de la posibilidad de dar en garantía las reservas de oro ha generado críticas, y en respuesta, el Senado aprobó en abril de 2025 el Proyecto de Ley 207, que busca prohibir el uso de estas reservas como garantía de financiamiento externo. Algunos especialistas advierten que, si no se establece un plan claro de reposición, Bolivia podría enfrentar una reducción drástica de sus reservas hacia 2026.
Todo este debate se desarrolla en medio de una crisis que arrastra más de dos años. La caída de los ingresos petroleros redujo la entrada de dólares y provocó un mercado paralelo donde la divisa se cotiza casi al doble del tipo de cambio oficial. Esto ha derivado en inflación, encarecimiento de alimentos, problemas de abastecimiento de combustibles y una fuerte presión sobre las finanzas públicas. El presidente Luis Arce advirtió en junio que Bolivia corría riesgo de default y pidió a los legisladores acelerar la aprobación de créditos internacionales para sostener los últimos meses de su gestión.
Fuentes:
Infobae (María Silvia Trigo), Banco Central de Bolivia (informes oficiales y Ley 1503), Eju.tv, La Prensa, Unitel, Visión 360.
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