
Litio en Bolivia: “Estos contratos comprometen la producción futura y ponen en riesgo nuestra soberanía energética”
Bolivia posee una de las mayores reservas de litio del mundo, pero su explotación ha estado marcada por errores y contratos cuestionables. En esta entrevista, el físico y analista energético Francesco Zaratti advierte sobre los riesgos de los recientes acuerdos con empresas extranjeras y explica por qué podrían comprometer la soberanía y rentabilidad del país.
EntrevistasHace 4 horas

Entrevista con Francesco Zaratti Sacchetti
Presentación
José Manuel Ochoa Renjel: Buenas noches, doctor Zaratti. Es un placer conversar con usted para este artículo. Antes de comenzar, me gustaría que se presentara para los lectores que no lo conocen.
Francesco Zaratti: Gracias por la presentación. Como bien mencionaste, soy físico teórico, nacido en Roma, Italia, y resido en Bolivia desde 1973. Fui docente e investigador en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) desde 1974 hasta 2015, ocupando diversos cargos académicos y administrativos. También dirigí temporalmente el Observatorio San Calixto y fundé en 1995 el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA.
En el ámbito energético, me especializo en hidrocarburos y energías renovables, y he asesorado a diferentes instituciones, incluyendo al gobierno de Carlos Mesa en la revisión y mejora de la capitalización. Además, soy columnista en medios nacionales e internacionales, donde analizo temas de ciencia, energía y medio ambiente.
En esta entrevista analizaremos los contratos de litio firmados por el gobierno boliviano con empresas extranjeras. He cuestionado su rentabilidad y sostenibilidad, planteando dudas sobre su impacto a largo plazo en la economía y la soberanía energética del país.
Jose Ochoa Renjel: Bolivia ha perdido varias oportunidades para desarrollar su industria del litio. ¿Cuáles fueron los principales errores que llevaron a este retraso? ¿Es posible corregirlos?
Francesco Zaratti: Han existido múltiples errores, principalmente de carácter político y de falta de capacidad para manejar las diferentes aristas de la explotación del litio.
El primer intento serio se dio en los años 90, cuando el gobierno de Jaime Paz Zamora firmó un contrato con la empresa estadounidense Lithco. Sin embargo, este contrato fue revocado debido a problemas constitucionales y al fuerte rechazo en Potosí.
Después de eso, no hubo avances hasta que el gobierno del MAS tomó la decisión de manejar el desarrollo del litio exclusivamente con recursos humanos y tecnología nacional. Se creó la Dirección de Recursos Evaporíticos, pero esta entidad se convirtió más en un reparto político que en un verdadero proyecto de desarrollo.
El Banco Central de Bolivia destinó alrededor de 1.000 millones de dólares para este proyecto. Sin embargo, hasta 2019 ya se habían gastado más de 700 millones sin lograr resultados concretos. Fue un fracaso total por falta de investigación y por intentar copiar el modelo chileno de extracción sin entender las diferencias entre el Salar de Atacama y el Salar de Uyuni.
Las diferencias clave son:
1.- En Atacama llueve solo 10-15 días al año, mientras que en Uyuni llueve tres meses al año.
2.- La tasa de evaporación en Atacama es siete veces mayor que en Uyuni.
3.- La concentración de litio en las salmueras de Atacama es 1.4 gramos por litro, mientras que en Uyuni es 0.5 4.- gramos o menos, lo que encarece su procesamiento.
5.- Estos factores hicieron inviable el método de evaporación solar en Bolivia, pero el gobierno no tomó en cuenta estas diferencias.
Jose Ochoa Renjel: ¿Cómo afecta la tecnología de extracción directa al modelo boliviano de explotación de litio?
Francesco Zaratti: Cuando se dieron cuenta de que la evaporación solar no iba a funcionar, el gobierno decidió apostar por la extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés).
En teoría, esta tecnología permite extraer el litio sin esperar la evaporación del agua, pero el problema es que aún no ha sido probada a gran escala industrial. No existen ejemplos exitosos de su uso en producción masiva.
Otro problema es que el litio de Uyuni tiene un alto contenido de magnesio (20 gramos por cada gramo de litio). Separar este magnesio es un proceso costoso y genera más residuos industriales.
A pesar de estos desafíos, el gobierno firmó contratos con CBC (China) y Uranium One (Rusia) sin realizar estudios de factibilidad previos. Eso es un error grave. Primero se debieron hacer los estudios y luego negociar los contratos, no al revés.
Jose Ochoa Renjel: Usted ha señalado que estos contratos fueron firmados por un gobierno de salida. ¿Cree que deberían ser revisados o incluso anulados por la próxima administración?
Francesco Zaratti: Un gobierno tiene derecho a firmar contratos hasta el último día de su gestión, pero la legitimidad de estos contratos es cuestionable.
Existen muchas dudas sobre su transparencia, rentabilidad y sostenibilidad ambiental. Lo más prudente sería que la próxima administración los revise antes de comprometerse a largo plazo.
Jose Ochoa Renjel: ¿Cuál debería ser el modelo ideal de extracción y producción de litio para Bolivia?
Francesco Zaratti: Bolivia necesita un modelo más flexible que permita asociaciones estratégicas con empresas extranjeras sin comprometer su soberanía ni aceptar condiciones desfavorables.
Los contratos actuales tienen serios problemas. No garantizan beneficios reales:
El litio boliviano se venderá a precios internacionales, pero con un 13% de descuento por los aranceles chinos.
Bolivia asumirá los costos de transporte hasta China, lo que reduce aún más la ganancia.
El costo de producción es más alto que el precio de venta actual:
El contrato con CBC establece un costo de producción de 13.500 dólares por tonelada, mientras que el precio actual del litio es de 8.000 dólares por tonelada.
Esto significa que Bolivia perderá dinero en lugar de generar ganancias.
Compromete la producción futura:
La empresa china CBC operará la planta y recuperará su inversión con la producción de litio, lo que significa que Bolivia no recibirá ingresos hasta que se pague la deuda.
El contrato dura 30 años, pero podría extenderse indefinidamente si la deuda no se salda.
En resumen, Bolivia debe revisar sus contratos y adaptar su legislación para permitir inversiones con reglas claras y rentables.


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