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Bienvenidos a esta entrevista exclusiva para elfaro24.com. Hoy contamos con la presencia de Pablo Mariscal, licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública por la Universidad Mayor de San Andrés, con un máster en Marketing Político y Comunicación por el Centro Europeo de Postgrado de Madrid.
EntrevistasEl domingoMariscal ha trabajado como analista político y electoral, acumulando una vasta experiencia en instituciones públicas y privadas, además de colaborar con diversos medios de comunicación.
Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
José Ochoa Renjel: En un artículo reciente, mencionaste que la consigna "un ciudadano, un voto" podría generar confusión y afectar la cultura democrática en Bolivia. ¿Podrías profundizar sobre por qué consideras que esta propuesta es problemática en el contexto del sistema electoral actual?
Pablo Mariscal: Sin duda. Esta consigna ha sido ampliamente difundida en redes sociales y promovida por diversos actores políticos y de opinión, pero parte de una comprensión errónea de nuestro sistema electoral. Bolivia cuenta con un sistema de representación diseñado para garantizar la distribución equitativa del poder político entre sus distintas regiones.
Uno de los puntos más debatidos es la presunta desigualdad entre el voto rural y el urbano. Se argumenta que el voto rural tiene un peso desproporcionado, lo que genera una supuesta dicotomía entre "campo" y "ciudad". Sin embargo, este diseño busca evitar que las regiones más pobladas, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, monopolicen la representación en detrimento de departamentos menos poblados como Pando o Potosí.
Históricamente, la política boliviana ha estado marcada por una brecha entre el campo y la ciudad, fenómeno ampliamente analizado por politólogos como Moira Zuazo. Este discurso podría reforzar esa división en lugar de fomentar la inclusión y el consenso, afectando la estabilidad democrática del país.
José Ochoa Renjel: Has hablado en varias ocasiones sobre las desigualdades entre áreas rurales y urbanas en Bolivia. ¿Consideras que hay cambios necesarios en este sentido? ¿Qué medidas podrían implementarse para mejorar esta situación?
Pablo Mariscal: Sin duda, todavía hay muchas desigualdades que deben ser atendidas. El primer paso es reconocerlas como un problema estructural y debatirlas en los espacios adecuados, como la Asamblea Legislativa, desde donde se pueden impulsar políticas públicas efectivas.
Uno de los mayores desafíos es la ejecución de esas políticas, que requieren una inversión significativa. A menudo se discute sobre el gasto público, pero pocas veces se analiza cuánto de esos recursos se destina realmente a la reducción de desigualdades.
Por ejemplo, en Potosí, muchas comunidades aún carecen de servicios básicos como agua potable y electricidad. Estos son derechos fundamentales que deben ser garantizados a través de una gestión eficiente y coordinada entre los distintos niveles de gobierno: central, departamental y municipal. La prioridad debe ser mejorar la gestión pública en lugar de modificar el sistema electoral.
José Ochoa Renjel: Bolivia fue pionera en la elección de altas autoridades judiciales mediante voto universal, pero los resultados han sido ampliamente criticados. ¿Cuáles consideras que son las principales fallas de este modelo y qué alternativas podrían mejorar la selección de jueces y magistrados?
Pablo Mariscal: La elección judicial representó un cambio profundo en nuestro sistema de designación de autoridades. Si bien Bolivia no es el único país que elige jueces mediante voto popular—algunos estados en Estados Unidos tienen procesos similares—existen diferencias clave en la autonomía y descentralización de los sistemas judiciales.
Uno de los principales problemas en Bolivia ha sido la falta de consenso político sobre este mecanismo. Desde su implementación en 2011, la selección de candidatos ha estado marcada por la polarización y la intervención partidaria. Además, el escaso nivel de información que tienen los ciudadanos sobre los postulantes ha generado un alto porcentaje de votos nulos y blancos, lo que resta legitimidad al proceso.
Si bien eliminar las elecciones judiciales requeriría una reforma constitucional, sí es posible mejorar su transparencia y garantizar que los candidatos cumplan criterios de idoneidad bien definidos. También es fundamental fortalecer la educación cívica para que los votantes tengan una mayor comprensión del proceso y puedan tomar decisiones informadas.
José Ochoa Renjel: En un análisis reciente mencionaste que la oposición ha cambiado su estrategia en las elecciones judiciales. ¿Qué riesgos ves en este enfoque para la estabilidad democrática en Bolivia?
Pablo Mariscal: Desde el referéndum de 2016, la polarización política en Bolivia ha ido en aumento. En lugar de promover consensos, la oposición ha optado por una estrategia de confrontación permanente, lo que ha dificultado la posibilidad de alcanzar acuerdos en temas fundamentales como la reforma de la justicia.
Este tipo de confrontación extrema solo debilita las instituciones democráticas y profundiza la fragmentación social. Es crucial que tanto el oficialismo como la oposición busquen espacios de diálogo y consenso para garantizar la estabilidad política del país. La política debe centrarse en la construcción de soluciones en lugar de fomentar divisiones.
José Ochoa Renjel: Pablo, te agradecemos por compartir tu análisis sobre el sistema electoral, la democracia y la representación política en Bolivia. El camino hacia una democracia más inclusiva sigue siendo un reto, pero también una oportunidad para quienes buscan impulsar un cambio real.
Pablo Mariscal: Gracias a ustedes por el espacio. Son tiempos desafiantes para la democracia, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Lo fundamental es no perder de vista el diálogo y el respeto a la diversidad política para construir un país más equitativo y representativo.
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