Aunque la auditoría externa no detectó irregularidades, expertos y jubilados piden conocer la rentabilidad real de los aportes y limitar la intervención estatal en decisiones financieras.
Economía04 de abril de 2025
José Ochoa Renjel
Tras la publicación de los resultados de una auditoría financiera realizada por la consultora Delta Consult, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó un crecimiento del 8% en el patrimonio total de los fondos que administra, alcanzando los Bs 187.791 millones entre 2023 y 2024. Sin embargo, el informe fue recibido con cautela por expertos y representantes del sector jubilado, quienes exigen mayor transparencia sobre las inversiones y la rentabilidad generada.
El gerente general de la Gestora, Jaime Durán, detalló que todos los fondos mostraron mejoras: el Fondo de Ahorro Previsional alcanzó los Bs 117.772 millones, el Fondo de Vejez los Bs 25.711 millones, y el Fondo Solidario —destinado a mejorar las pensiones más bajas— cerró con Bs 30.850 millones, un incremento del 9%. Incluso el Fondo de la Renta Universal de Vejez, que financia la Renta Dignidad, registró un notable aumento del 48%, situándose en Bs 932 millones.
Pese a estos resultados positivos, el analista en temas previsionales David Villarreal alertó que el informe financiero no es suficiente para evaluar la gestión de la Gestora. “Es necesario un análisis más amplio que incluya la rentabilidad efectiva de las inversiones, la composición de la cartera y los criterios de riesgo utilizados”, sostuvo. También advirtió sobre la ausencia de un Directorio, lo cual vulnera la Ley de Pensiones 065 que establece esta instancia como máxima autoridad para definir políticas y fiscalizar la gestión.
Desde la Confederación de Jubilados de Bolivia, Rodolfo Ayala expresó preocupación por la falta de datos sobre el traspaso de fondos desde las ex AFP y la situación de las deudas en mora que pudieran existir con la Gestora.
“Queremos saber quién debe, cuánto se está invirtiendo y cuánto se gana realmente con nuestros aportes”, señaló.
Por su parte, el especialista en políticas sociales Raúl Paz destacó la importancia de que la Gestora mantenga independencia respecto al Ejecutivo, especialmente en temas de inversión.
“No puede haber interferencia política cuando se trata de recursos de los trabajadores. Invertir en bonos soberanos sin criterios técnicos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”, advirtió.
Aunque Durán defendió la “opinión limpia” emitida por la auditoría y aseguró que se cumplió con las normativas de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), las observaciones apuntan a una demanda más amplia: no solo conocer los balances, sino también cómo se invierte el dinero de los futuros jubilados y bajo qué reglas.
El debate sobre el manejo de los fondos previsionales sigue abierto, y todo indica que la confianza en la gestión no dependerá solo de cifras positivas, sino también de transparencia, institucionalidad y control social efectivo.
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