YPFB proyecta perforar nuevos pozos, construir una planta de procesamiento de gas y un gasoducto hacia Caranavi. El campo, aún en fase de exploración, podría integrarse al sistema nacional en una segunda etapa, pero expertos cuestionan el entusiasmo oficial y piden cautela.
Economía06 de abril de 2025
José Ochoa Renjel
El desarrollo del campo gasífero Mayaya Centro, ubicado en el norte del departamento de La Paz, demandará una inversión inicial de $us 240 millones, según información proporcionada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La estatal proyecta que el gas de este campo alimente una futura central termoeléctrica en Caranavi y, en una segunda fase, se conecte al sistema nacional de transporte de gas natural.
El proyecto se sustenta en el hallazgo de hidrocarburos realizado en el pozo exploratorio Mayaya Centro-X1 (MYC-X1), perforado entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, que alcanzó una profundidad de 6.000 metros. Según YPFB, se confirmaron volúmenes de gas y condensado en las formaciones Copacabana y Tomachi. A partir de estos resultados, se prevé perforar al menos dos pozos adicionales para delimitar la estructura del reservorio.
Fernando Arteaga Pinto, gerente nacional de Exploración y Explotación de YPFB, explicó que el próximo paso será la ejecución de una Prueba de Producción Extendida, a partir de la cual se definirán las estimaciones de producción y el plan de desarrollo inicial.
“Una vez se declare la comercialidad, se construirán las facilidades de producción, una planta procesadora de gas y un gasoducto lateral para conectar con Caranavi”, indicó el ejecutivo.
Este gasoducto, a su vez, se enlazará con la línea Alto Beni–Caranavi, que será ejecutada por YPFB Transporte. El objetivo es suministrar gas a una planta termoeléctrica que se construirá en esa región, cuya producción eléctrica servirá al Nodo Caranavi y podría cubrir parte de la demanda de energía en los departamentos de La Paz y Beni.
En una segunda fase, YPFB contempla ampliar la infraestructura con un gasoducto de aproximadamente 200 kilómetros hasta la localidad de Janku K’ala, para integrar la producción de Mayaya al sistema nacional de gas. No obstante, ante el elevado costo de esa obra, se evalúa iniciar con instalaciones de procesamiento temprano que permitan reducir el gasto inicial (Capex) y acelerar el retorno de inversión.
Si bien desde el Gobierno se celebró este descubrimiento como el más importante desde 2005 —el presidente Luis Arce lo anunció en julio de 2024—, voces del sector energético han pedido moderar el optimismo. Para Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, es prematuro hablar de reservas confirmadas o viabilidad comercial con base en un solo pozo.
“Se requiere perforar más pozos para tener una estimación seria. Los anuncios son más políticos que técnicos”, señaló.
Velásquez también cuestionó la capacidad actual de YPFB para desarrollar el campo por sí sola, y subrayó la necesidad de atraer inversión extranjera con capital de riesgo.
“Eso no será posible sin una nueva política hidrocarburífera y sin seguridad jurídica. Bolivia ha nacionalizado el sector en tres ocasiones; eso espanta a los inversionistas”, advirtió.
El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos coincidió en que Mayaya ofrece datos geológicos valiosos, pero descartó que pueda hablarse ya de una fuente segura de reservas.
“Sin pruebas de producción a largo plazo y sin pozos delimitadores, no podemos considerar esto un descubrimiento comercial. El Gobierno vuelve a caer en la propaganda del ‘mar de gas’”, lamentó.
Ríos también observó que se anuncie infraestructura antes de que el campo esté técnicamente validado.
“No se puede hablar de gasoductos ni plantas sin confirmar reservas. Es poner la carreta delante de los bueyes”, agregó.
A pesar de las críticas, YPFB mantiene su hoja de ruta y apuesta por utilizar la producción de Mayaya para atender la demanda nacional e incluso exportar excedentes en el mediano plazo. Sin embargo, especialistas coinciden en que, más allá del entusiasmo oficial, el proyecto necesitará tiempo, inversión externa y garantías jurídicas para convertirse en una realidad sostenible.
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