Ludwig Sánchez, dirigente del sector hidrocarburífero, asegura que tras denunciar sobreprecios millonarios en la importación de combustibles, fue amenazado por allegados al Gobierno, incluso por uno de los hijos del presidente Arce. YPFB rechaza las acusaciones y anuncia acciones legales.
Actualidad29 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
Las denuncias por presunta corrupción en el sector de hidrocarburos escalaron a un nuevo nivel. Ludwig Sánchez Mier, dirigente del área petrolera, denunció este jueves que ha sido víctima de amenazas tras revelar supuestas irregularidades millonarias en los contratos de importación de combustibles. Apuntó directamente a funcionarios de YPFB y, de forma más grave, señaló como uno de los autores de las amenazas a un hijo del presidente Luis Arce.
Sánchez, respaldado por el diputado Miguel Roca (Comunidad Ciudadana) en una conferencia en La Paz, aseguró que el país está pagando precios inflados por el diésel, lo que estaría generando pérdidas que superan los 800 millones de dólares por año. Según sus cálculos, el litro de combustible puesto en Bolivia debería costar menos que el precio subvencionado actual.
“Esto no es subsidio, es sobreprecio disfrazado”, afirmó.
El dirigente explicó que, según los valores internacionales, el costo real de una tonelada métrica de diésel ronda los $us 480 en el puerto de Arica, y que, en consecuencia, el litro debería venderse a 2,75 bolivianos, muy por debajo de los 3,74 actuales.
“Hay un desfalco diario de más de 2 millones de dólares. El enriquecimiento ilícito es descarado”, denunció.
La denuncia sacudió el tablero político y provocó una respuesta inmediata. Desde YPFB se rechazaron las acusaciones y se anunció que se analizan acciones legales por "difamación y falsa representación". A ello se sumó una declaración de la Confederación Nacional Hidrocarburífera (Conahep), que desautorizó a Sánchez como miembro de su estructura, y lo acusó de usar su nombre y logotipo sin respaldo ni representación oficial.
Pese a eso, Sánchez reiteró sus acusaciones en Santa Cruz y aseguró tener pruebas, incluidas conversaciones que demostrarían amenazas personales.
“Uno de los hijos del presidente me ha escrito para intimidarme. Tengo los chats y los entregaré a instancias internacionales. No me voy a callar”, aseguró, visiblemente molesto.
En su declaración, también remarcó que no teme represalias.
“Soy un patriota, y los patriotas no retrocedemos. Si tengo que ir preso o morir por esto, estoy preparado”, declaró ante los medios.
El caso tomó aún más relevancia cuando la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión especial para investigar las denuncias sobre contratos firmados entre YPFB y su subsidiaria en Paraguay, Botrading.
La tensión crece mientras el Gobierno intenta contener el escándalo y el dirigente insiste en que irá hasta las últimas consecuencias. El conflicto recién empieza, y promete abrir un debate profundo sobre la transparencia y el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia.
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