Según informó Mila Thiebault en Libération, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el pasado 14 de julio a la administración de Donald Trump a continuar con su plan para reducir drásticamente el Departamento de Educación. Esta decisión judicial reactiva un decreto presidencial firmado en marzo, suspendido temporalmente por un juez federal en mayo, y abre la vía para que el poder ejecutivo avance unilateralmente en la reestructuración de una agencia federal creada por el Congreso en 1979.
Actualidad15 de julio de 2025
Redacción
El decreto establece una reducción de cerca del 50% del personal del Departamento y transfiere sus funciones a los gobiernos de los 50 estados, eliminando la participación del Estado federal en políticas educativas. Aunque la Corte permite que el proceso continúe, la disolución total del Departamento de Educación requeriría aún la aprobación de una ley en el Senado con al menos 60 votos. Actualmente, los republicanos cuentan con 53 escaños.
Este fallo de la Corte, dominada por una mayoría conservadora (6 de sus 9 jueces), ha sido duramente criticado por sus miembros progresistas. La magistrada Sonia Sotomayor calificó la decisión como “indefendible” y advirtió que el Congreso es el único poder con autoridad para abolir un ministerio federal. En su voto disidente, alertó que la función del Poder Judicial debe ser la de contener las acciones ilegales del Ejecutivo, no facilitar su ejecución.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Liz Huston respaldó el fallo, afirmando que el presidente tiene autoridad constitucional para reorganizar su administración. Esta interpretación ha generado preocupación entre sectores académicos y legales. La socióloga Kim Lane Scheppele, de la Universidad de Princeton, advirtió en una entrevista previa con Libération que el actual gobierno está llevando a cabo una “revolución legal”, mediante la firma de más de 150 decretos que alteran marcos normativos fundamentales, debilitando así los contrapesos del sistema democrático estadounidense.
El Departamento de Educación, aunque en EE. UU. tiene competencias más limitadas que en sistemas educativos centralizados, cumple funciones clave: gestiona préstamos estudiantiles federales, garantiza el cumplimiento de derechos civiles en escuelas, supervisa el rendimiento académico y apoya financieramente a distritos desfavorecidos y alumnos con discapacidad.
El proyecto de desmantelamiento no es nuevo. Ya en la década de 1980, sectores conservadores promovieron la eliminación del Departamento. Sin embargo, en años recientes, el impulso de los sectores pro-Trump ha cobrado fuerza, con críticas dirigidas a políticas educativas consideradas progresistas o inclusivas.
Este episodio refuerza las tensiones institucionales en EE. UU. y alimenta el debate sobre el alcance del poder presidencial, especialmente cuando las decisiones ejecutivas chocan con leyes históricas y competencias legislativas.
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