El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles sanciones contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados.
Actualidad09 de julio de 2025
Redacción
La medida, reportada por Andrés Gil en eldiario.es, se enmarca en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump y responde a la participación de Albanese en investigaciones impulsadas por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás desde el 7 de octubre de 2023.
Rubio acusa a Albanese de colaborar con la CPI sin el consentimiento de Estados Unidos ni de Israel —ambos países no forman parte del Estatuto de Roma— y de promover campañas que, según Washington, representan una amenaza a su soberanía. Las sanciones incluyen el bloqueo de activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de cualquier transacción con ella dentro del territorio o por ciudadanos de EE. UU., salvo autorización oficial.
La decisión se produce pocos días después de que Albanese publicara un informe donde denuncia el papel de numerosas empresas, incluidas algunas estadounidenses, en la ocupación de Palestina. El documento identifica sectores como el financiero, tecnológico, energético y de defensa, señalando que estas compañías habrían facilitado, directa o indirectamente, el desplazamiento de población palestina y se habrían beneficiado de la economía de ocupación y, desde 2023, de lo que describe como “economía del genocidio”.
Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023, diversas fuentes, entre ellas la propia relatora y medios internacionales, han contabilizado más de 57.000 víctimas palestinas. En paralelo, la CPI ha solicitado órdenes de arresto tanto para dirigentes de Hamás como para el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Estas sanciones a Albanese se suman a otras impuestas previamente por Estados Unidos contra cuatro juezas de la CPI, a las que acusa de extralimitarse en sus funciones. El gobierno estadounidense ha reiterado que no reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya sobre sus ciudadanos ni sobre aliados como Israel.
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