Estados Unidos deporta a más de 250 presuntos pandilleros a El Salvador desafiando orden judicial

La administración de Donald Trump deportó a más de 250 personas a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a una orden judicial que bloqueaba la medida. El presidente Nayib Bukele confirmó el internamiento de 238 venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua en una prisión de máxima seguridad.

InternacionalHace 2 horasRedacciónRedacción
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Foto: Donald TrumpArchivo. Wikimedia Commons.

Estados Unidos ha deportado a más de 250 presuntos miembros de pandillas a El Salvador, desafiando una orden judicial que bloqueaba estas expulsiones. La administración del presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo las deportaciones, a pesar de que un juez federal había emitido una orden para detenerlas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la llegada de 238 venezolanos, presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, y su traslado inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en el país centroamericano. Además, Estados Unidos entregó a 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, agradeció a Bukele por recibir a los deportados y destacó que esta colaboración "ahorrará dinero" a los contribuyentes estadounidenses. Rubio calificó a Bukele como "el líder de seguridad más fuerte de nuestra región" y un "gran amigo de Estados Unidos".

Por su parte, el presidente Trump se refirió a los deportados como "monstruos" y agradeció a Bukele por su apoyo, afirmando que "no lo olvidaremos". Trump justificó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros argumentando que el Tren de Aragua es una organización terrorista que amenaza la seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, la medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan las condiciones del CECOT y cuestionan la legalidad de las deportaciones bajo una ley del siglo XVIII. Además, la decisión de la administración Trump de ignorar la orden judicial ha generado un debate sobre la separación de poderes y el respeto al estado de derecho en Estados Unidos.

Fuentes:

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