Los transportistas han denunciado que las largas filas en los surtidores se han convertido en parte de la rutina diaria, generando pérdidas económicas significativas y afectando la calidad del servicio. Reynaldo Luna, dirigente del sector, manifestó su frustración ante la falta de soluciones por parte del Gobierno, señalando que las medidas adoptadas hasta ahora no han tenido impacto real en la provisión de carburantes. "Estamos cansados de promesas vacías. No podemos seguir trabajando en estas condiciones", afirmó Luna.
El conflicto se intensificó después de que el Gobierno suspendiera el ampliado nacional de transportistas, previsto para el 13 de marzo, donde se esperaba discutir soluciones concretas. Los choferes también exigen la renuncia de Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, a quien acusan de no representar los intereses del sector.
El impacto del paro podría ser considerable, ya que El Alto es una de las principales ciudades del país y su sistema de transporte es fundamental para la movilidad urbana y la conexión con La Paz. Se espera que la medida de presión genere congestionamiento en vías principales y alteraciones en los servicios de transporte interprovincial.
El Gobierno, por su parte, ha pedido a los transportistas que reconsideren la decisión y ha asegurado que está trabajando en soluciones para normalizar el abastecimiento de combustible. Sin embargo, los dirigentes han advertido que no levantarán el paro hasta que se garantice el suministro regular en todos los surtidores del país.
El conflicto se suma a una serie de protestas en distintas regiones del país debido a la crisis económica y los problemas de abastecimiento de productos básicos. La Federación de Choferes ha dejado abierta la posibilidad de que otros sectores se sumen a la movilización en los próximos días.
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