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Órgano Judicial declara emergencia presupuestaria y exige mayor financiamiento
El Órgano Judicial de Bolivia se declaró en “emergencia presupuestaria”, alegando falta de recursos para garantizar su funcionamiento. En una conferencia de prensa en Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, solicitó al Ministerio de Economía una asignación adicional de fondos, argumentando que la actual crisis afecta el acceso a la justicia y la operatividad del sistema judicial.
ActualidadAyer
José Ochoa Renjel
Foto: Los TiemposFotograma del vídeo de la conferencia de prensa de los altos magistrados del Órgano Judicial, difundida hace la tarde de hoy, martes 11 de marzo, por la cuenta de Facebook de la Agencia Judicial de Noticias | AJN
El Órgano Judicial ha declarado oficialmente una "emergencia presupuestaria", denunciando la insuficiencia de recursos económicos para garantizar su operatividad. La medida fue anunciada este martes en Sucre por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, en una conferencia de prensa junto a representantes del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
“Nos encontramos junto al presidente y la Sala Plena del Tribunal Agroambiental, así como con el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos adoptado una postura firme, ya que no contamos con un presupuesto que garantice el funcionamiento adecuado del Órgano Judicial”, declaró Saucedo.
Ante esta situación, se presentó una solicitud ante la Comisión de la Ley 898, encargada de evaluar temas como la independencia judicial, la transparencia y el acceso a la justicia. "Hemos pedido que la Comisión reconozca y declare la emergencia presupuestaria del Órgano Judicial, para que con este respaldo podamos gestionar ante el Ministerio de Economía la asignación de mayores recursos", explicó el magistrado.
Las autoridades judiciales han advertido reiteradamente sobre el impacto negativo de la falta de financiamiento en el sistema de justicia, afectando la calidad del servicio, los tiempos procesales y el acceso equitativo a la justicia en Bolivia.
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