Alcalde Iván Arias denuncia sorpresiva imputación por el caso Bajo Llojeta
El alcalde de La Paz, Iván Arias, reveló este martes que fue imputado formalmente por el Ministerio Público en el marco del caso Bajo Llojeta. La acusación incluye los delitos de incumplimiento de deberes y lesiones, y está acompañada de una solicitud de detención preventiva.
El anuncio fue realizado por la autoridad edil durante una conferencia de prensa en instalaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz, a donde había acudido por otro procedimiento legal.
“Estando acá en la Fiscalía me acabo de enterar que por el caso de (Bajo) Llojeta he sido imputado y piden mi detención preventiva. ¡Sorprendido!”, declaró Arias, denunciando una posible motivación política detrás del proceso.
La directora de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Amparo Morales, confirmó que la imputación fue emitida el lunes, aunque el alcalde aún no fue formalmente notificado.
“Tenemos conocimiento por el sistema. Analizaremos la misma y seguramente el juez titular va a realizar la notificación correspondiente”, explicó.
Contexto del caso
El 23 de noviembre de 2024, un deslizamiento de tierra en la zona de Bajo Llojeta arrasó con más de 40 viviendas y causó la muerte de una niña de cinco años. La tragedia impulsó al Ministerio Público a iniciar una investigación de oficio para establecer responsabilidades.
En diciembre de ese mismo año, la Justicia determinó que Arias se defienda en libertad. Sin embargo, la reciente imputación formal cambia el panorama judicial del burgomaestre.
Posturas encontradas
La Alcaldía paceña sostiene que fue la única institución que actuó para mitigar los efectos del desastre, y el propio Arias señaló como principal responsable al empresario Luis Iturralde, dueño de la empresa Kantutani, que realizaba trabajos en la zona.
Por su parte, el Ministerio Público insiste en que la Alcaldía habría incurrido en omisiones que derivaron en consecuencias fatales. El caso ahora pasa a una etapa decisiva con la solicitud de detención preventiva, cuya resolución quedará en manos del juez encargado.
El desarrollo del proceso será clave para determinar el grado de responsabilidad institucional en uno de los eventos más trágicos registrados en La Paz en los últimos años.
