El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU determinó que la privación de libertad del gobernador Luis Fernando Camacho vulnera normas internacionales y exige al Estado boliviano su liberación inmediata, reparación e investigación de los hechos.
Actualidad29 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
Una reciente resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es arbitraria y contraria al derecho internacional. Según el documento oficial, su privación de libertad viola múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El organismo no solo exige que el Estado Plurinacional de Bolivia libere inmediatamente a Camacho, sino que también le garantice una indemnización, otras formas de reparación y que se inicie una investigación independiente para esclarecer las circunstancias de su aprehensión, identificando a los responsables de las violaciones cometidas.
La resolución destaca que, más allá de una simple recomendación, el pronunciamiento tiene carácter vinculante, debido a que Bolivia ha suscrito tratados internacionales que forman parte del llamado “bloque de constitucionalidad”, figura que integra el derecho internacional de los derechos humanos al sistema jurídico interno.
La Human Rights Foundation, el equipo jurídico de Camacho y su familia convocaron a una conferencia de prensa el lunes 31 de marzo, al mediodía, en el Hotel Presidente de La Paz, para pronunciarse públicamente sobre esta decisión.
La detención del gobernador, ocurrida el 28 de diciembre de 2022 en Santa Cruz de la Sierra, estuvo marcada por un operativo ejecutado por más de 40 agentes encapuchados y fuertemente armados. Camacho fue interceptado sin orden de aprehensión visible, reducido con violencia y trasladado en condiciones que organismos internacionales consideran irregulares y lesivas a sus derechos fundamentales.
Durante varias horas tras su captura, no se le permitió comunicarse ni con su familia ni con sus abogados. Actualmente, permanece recluido en la cárcel de Chonchocoro y enfrenta cargos dentro del proceso judicial conocido como “Golpe I”, el cual ya se encuentra en fase de juicio oral.
La decisión del Grupo de la ONU abre un nuevo capítulo en el debate sobre el respeto a los derechos humanos en Bolivia y pone presión internacional sobre el gobierno nacional, que deberá responder si acatará el pronunciamiento o persistirá en la detención de una autoridad electa bajo cuestionamientos crecientes.
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