El gobierno de Meloni limita el derecho de sangre a dos generaciones y exige vínculos activos con Italia, afectando a millones de latinoamericanos.
Internacional28 de marzo de 2025
Redacción
El gobierno de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, aprobó el 28 de marzo de 2025 una reforma que restringe significativamente el derecho de nacionalidad por descendencia, también conocido como Ius sanguinis. A partir de ahora, solo podrán solicitar la ciudadanía italiana quienes tengan padre o abuelo nacido en Italia, eliminando la posibilidad para los descendientes de bisabuelos o generaciones anteriores.
Esta decisión afecta principalmente a millones de descendientes de italianos en América Latina, particularmente en Argentina y Brasil, donde las cifras de solicitudes han sido elevadas en los últimos años. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en Argentina 30.000 personas obtuvieron la nacionalidad italiana en 2024 y 20.000 en 2023. En Brasil, se registraron 20.000 en 2024 y 14.000 en 2022.
La medida, discutida y adoptada en el Consejo de Ministros, establece también que los ciudadanos naturalizados en el extranjero deberán mantener un "vínculo real" con Italia. Esto implicará haber ejercido algún derecho o deber cívico al menos una vez cada 25 años, una condición inédita que podría dar lugar a la pérdida de nacionalidad si no se demuestra dicha conexión activa.
El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, aclaró que el principio del Ius sanguinis no será eliminado, pero sí se le impondrán “límites precisos” para evitar abusos y la comercialización de pasaportes italianos. “La nacionalidad debe ser una cosa seria”, señaló Tajani, enfatizando la necesidad de preservar el sentido profundo del vínculo con Italia.
La reforma tiene un impacto geopolítico evidente. Bajo la legislación anterior, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían potencialmente reclamar la ciudadanía italiana. La nueva norma reduce de forma drástica esa posibilidad, afectando principalmente a comunidades con fuertes raíces italianas, como las de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
Organizaciones de italianos en el exterior y expertos en migración han criticado la medida por considerarla discriminatoria y contraria a la historia migratoria italiana. Para muchos, se trata de un retroceso en el vínculo entre Italia y su diáspora, que por décadas fue considerado un puente cultural, económico y político con América Latina.
Por otro lado, el gobierno de Meloni sostiene que la reforma es necesaria para evitar “abusos masivos” y modernizar un sistema que, según ellos, había quedado desbordado por solicitudes sin una conexión real con el país. La narrativa se enmarca en la visión nacionalista y soberanista que impulsa el actual Ejecutivo italiano.
La reforma aún deberá pasar por los mecanismos legislativos para su implementación plena, pero ya marca un cambio de paradigma en la forma en que Italia gestiona su identidad nacional en el contexto global.
Fuentes:
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