Las lluvias intensas registradas en las últimas semanas han provocado un escenario crítico en el país. Oruro declaró desastre departamental, más de 64 mil hectáreas de cultivos fueron dañadas, 350 mil cabezas de ganado se vieron afectadas y en Cochabamba, la basura se acumula por la falta de un sitio autorizado de disposición final.
Actualidad27 de marzo de 2025
José Ochoa Renjel
El impacto del cambio climático volvió a sentirse con fuerza en Bolivia. Las lluvias torrenciales que han azotado varias regiones del país durante las últimas semanas han dejado un saldo preocupante: miles de familias damnificadas, extensas áreas agrícolas inutilizadas, ganado en riesgo y ciudades colapsadas por problemas de gestión de residuos.
El departamento de Oruro fue uno de los más golpeados. Las autoridades declararon desastre departamental tras confirmar que más de 22.000 familias fueron afectadas por las lluvias, al igual que 3.674 hectáreas de cultivos, según informó la Gobernación.
“El cambio climático nos está pasando factura, y Oruro lo está viviendo con crudeza”, señaló el gobernador Jhonny Vedia, al confirmar que 33 de los 35 municipios del departamento sufrieron daños severos.
A nivel nacional, el panorama no es menos preocupante. De acuerdo con el Gobierno central, se estima que más de 64.000 hectáreas de cultivos —entre maíz, trigo, papa y hortalizas— fueron arrasadas por las precipitaciones. A esto se suma la afectación de más de 350.000 cabezas de ganado, especialmente en regiones del Beni y el Chaco, donde las inundaciones pusieron en riesgo la producción ganadera.
En el ámbito urbano, Cochabamba vive su propia crisis ambiental. La acumulación de más de 3.000 toneladas de basura en sus calles ha generado alarma sanitaria. La situación se debe a la falta de un sitio de disposición final autorizado, luego del cierre del vertedero de K’ara K’ara. Las autoridades aún no revelan el nuevo lugar donde será trasladada la basura, lo que agrava el conflicto entre el municipio y sectores movilizados.
Este conjunto de eventos pone en evidencia la urgencia de políticas públicas para enfrentar fenómenos climáticos extremos, así como la necesidad de fortalecer la gestión territorial, ambiental y de residuos en todo el país.
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