A pesar de las promesas de industrialización y progreso, los contratos firmados por el Estado boliviano con empresas chinas y rusas para la explotación del litio han despertado alertas por su alto costo financiero, la falta de consulta a comunidades indígenas, la opacidad en las cláusulas y el riesgo de daño irreversible a los salares. Entre el discurso del desarrollo y las voces silenciadas del territorio, este reportaje expone las tensiones de fondo del nuevo “oro blanco” boliviano.
Actualidad26 de marzo de 2025
José Ochoa RenjelEl Defensor del Pueblo abordó la explotación del litio desde un enfoque de derechos humanos, señalando riesgos y desafíos que el Estado boliviano debe atender para garantizar que esta actividad no vulnere derechos fundamentales ni cause daño ambiental irreversible.
Planteó tres ejes clave:
1. Acceso a la información y participación pública
- Las comunidades locales tienen derecho a conocer los impactos ambientales y sociales de los proyectos de litio.
- La falta de información genera desconfianza, conflictos y una ruptura entre Estado y sociedad.
- Citó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2. Consulta previa, libre e informada
- Los pueblos indígenas y comunidades asentadas en zonas de explotación deben ser consultados de forma respetuosa, con información clara y en sus propios tiempos y formas organizativas.
- Este derecho está reconocido en la Constitución boliviana, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
- La consulta no debe ser un trámite simbólico, sino un proceso que garantice participación real en las decisiones.
3. Acceso a la justicia ambiental
- Se necesitan mecanismos eficaces para denunciar daños al medio ambiente y exigir responsabilidad a empresas y autoridades.
- Las comunidades deben poder acceder a tribunales, reclamar reparaciones y activar sanciones cuando se vulneran sus derechos.
Además, Callisaya advirtió sobre la criminalización de defensores y defensoras del medioambiente, que han sido hostigados o perseguidos por su labor en Bolivia. La Defensoría del Pueblo exige que el Estado los proteja y garantice su labor.
Héctor Córdova analizó la explotación del litio desde una perspectiva económica y tecnológica, subrayando que Bolivia enfrenta una oportunidad histórica en el contexto de la transición energética global.
1. El litio como recurso estratégico
- El litio es clave para almacenar energía generada por fuentes renovables como el sol y el viento, que son intermitentes.
- Aunque se investigan alternativas como el sodio, el litio seguirá siendo dominante en el mercado durante varios años, especialmente en el sector de la movilidad (autos eléctricos).
2. Riesgo de repetir el modelo extractivista
- Exportar litio como materia prima sin industrializarlo es, según él, “el peor negocio para un país”.
Bolivia debe evitar repetir el patrón de explotación sin valor agregado, como ocurrió con otros recursos naturales.
3. Condiciones para una verdadera industrialización
- Se requiere más que litio: se necesitan insumos como carbonato de sodio, políticas industriales sólidas, infraestructura, tecnología, un régimen regulatorio claro y, sobre todo, talento humano capacitado.
- El país debe fortalecer sus instituciones y formar profesionales capaces de negociar y gestionar todo el proceso, desde la extracción hasta la fabricación de baterías.
Córdova planteó que el litio puede ser una fuente de desarrollo, pero solo si Bolivia controla más eslabones de la cadena productiva. De lo contrario, quedará como proveedor barato para potencias tecnológicas extranjeras.
José Carlos Solón desglosa cláusulas específicas del contrato firmado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas extranjeras (como CBC de China) y advierte sobre condiciones financieras desfavorables que pueden comprometer los beneficios reales del Estado.
1. Retribución al operador y costos ocultos
- El contrato establece que se pagará al operador (la empresa extranjera) en especie, es decir, con parte del litio producido.
- El pago incluye: costos operativos (Opex), gastos financieros, licencias técnicas, mantenimiento, distribución y más.
- Todo esto se reembolsa sobre la base de libros contables de la empresa, sin mecanismos claros de control estatal.
2. Altos costos de las plantas
Se invertirán:
- 310 millones de dólares en una planta con capacidad de 10.000 toneladas
- 720 millones de dólares en una segunda planta de 25.000 toneladas
- Para un total estimado de 1.030 millones de dólares de inversión inicial.
3. Tasa de interés alarmante
- El contrato establece una tasa de interés referencial del 12%, basada en promedios de bancos internacionales.
Sin embargo, según cálculos de expertos, la tasa real podría superar el 20% por el riesgo país de Bolivia y la estructura del contrato.
- Esto podría elevar drásticamente el costo final del proyecto.
4. Costo del servicio técnico
- Se ha fijado un pago de $2.700 por tonelada por "servicio técnico", lo cual representa un gasto considerable.
- Si las dos plantas llegaran a operar al 100% de su capacidad durante 36 años, el monto total a pagar superaría los 1.785 millones de dólares, es decir, mucho más que la inversión inicial.
5. Advertencia sobre rentabilidad
- El informe oficial estima que el proyecto sería rentable solo si el precio del litio se mantiene por encima de $30.000 por tonelada.
- Esta estimación no considera escenarios adversos, y no se incluyen análisis de sensibilidad financiera (variaciones del precio, demanda, producción real).
Gonzalo Mondaca advierte que la explotación de litio en Bolivia se está desarrollando en la zona más árida del país, donde los niveles de precipitación son mínimos y la disponibilidad de agua dulce subterránea es crítica para sostener la vida y los ecosistemas.
1. Zona altamente vulnerable
- En el sur del altiplano llueve menos de 500 mm por año y el 70% del agua se evapora por las altas tasas de radiación solar.
- Es la región más seca de Bolivia y una de las más frágiles frente al cambio climático.
- Estudios recientes proyectan que el calentamiento global de 2°C podría alcanzarse ya en 2036, con un descenso crítico en las lluvias.
2. Dependencia total del agua subterránea
- La vida y los ecosistemas en los salares dependen de acuíferos subterráneos fósiles, cuya recarga es extremadamente lenta.
- No hay suficiente investigación sobre cómo se comportan estas aguas, ni cómo las afectará la inyección y extracción de salmueras en la explotación del litio.
- Los llamados “ojos de agua”, vitales para la biodiversidad, podrían desaparecer por alteraciones hidrológicas.
3. Impactos ambientales acumulativos y sinérgicos
- Mondaca alerta sobre el riesgo de interferencias en las reservas de agua por las actividades de inyección, evaporación y disposición de residuos sólidos.
- Estos impactos no están siendo medidos ni previstos adecuadamente.
4. Falta de evaluación ambiental estratégica
- Aunque la legislación boliviana (artículos 7 y 20 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental) contempla este tipo de estudios, no se ha realizado ninguna evaluación ambiental estratégica en la zona.
- Esto pone en riesgo no solo el ecosistema, sino la viabilidad del propio proyecto a largo plazo.
5. Datos sobre reservas
- Aunque Bolivia tiene identificados 21 millones de toneladas de litio, solo el 10% estaría en condiciones de ser explotado actualmente.
- Falta inversión en certificación de reservas y estudios de sostenibilidad.
Vivian Lagrava denuncia la violación sistemática del derecho a la consulta y a la libre determinación de las comunidades afectadas por los megaproyectos de explotación de litio, y plantea la necesidad urgente de aplicar el principio precautorio antes de avanzar con nuevas tecnologías como la inyección de salmueras residuales.
1. Comunidades excluidas de la toma de decisiones
- Denunció que universidades y técnicos llegan a los territorios sin permiso, arrogándose el derecho a investigar sin devolver resultados a las comunidades.
- En contraste, su colectivo realiza investigaciones que validan con las comunidades, y entregan como base para la resistencia a megaproyectos.
2. Violación al derecho a la libre determinación
- Las estructuras comunitarias no son respetadas.
- Se siguen otorgando permisos para uso de agua sin consulta, como en el caso de San Cristóbal, donde el uso de agua creció de 10 a 178 litros por segundo.
- Aunque algunos territorios no estén formalmente incluidos en zonas protegidas, están amparados por la Convención RAMSAR.
3. Impactos ambientales visibles
- Denuncia disminución del caudal del río Grande, hundimientos de suelos y alteración de la biodiversidad.
- Advierte sobre los riesgos de inyectar salmueras residuales, una técnica aún no probada ni siquiera en Chile.
- Se refiere a estos impactos como “pasivos ambientales” que no se están socializando ni discutiendo de forma transparente.
4. Pronunciamiento colectivo
- Junto a más de 84 organizaciones ambientales, exigieron al gobierno aplicar el principio precautorio y detener el avance del proyecto hasta que se realicen estudios hidrogeológicos confiables.
- Asegura que la gente ya percibe los impactos: los animales sufren, el acceso al agua se dificulta y el ecosistema se ve afectado.
1. China y la carrera por el litio
- China lidera la inversión en megaproyectos de extracción de litio a nivel global.
- Estas inversiones no solo se enfocan en extraer el recurso, sino también en asegurar toda la cadena de valor: desde la extracción hasta la producción de autos eléctricos.
- El crecimiento proyectado de la demanda de litio será superior al 60% en los próximos 15 años, lo que presiona aún más sobre los países con mayores reservas.
2. Riesgos por concentración de poder económico
- En Bolivia, China ha asegurado participación en proyectos clave como el de CBC con YLB.
- Esto no es nuevo: China ya ha tenido inversiones mineras de largo plazo en la región, muchas de las cuales han generado conflictos por impactos ambientales y vulneraciones de derechos humanos.
3. Falta de estudios ambientales integrales
- Denuncia que los contratos firmados en Bolivia no cuentan con evaluaciones ambientales completas ni compartidas con las comunidades.
- En muchos casos, los impactos no se conocen hasta que el daño ya está hecho.
- Esta falta de transparencia se repite en varios países de América Latina.
4. Experiencia previa con empresas chinas
- Gandarilla menciona que en todos los proyectos analizados de empresas chinas en la región, se identificaron impactos sobre los derechos humanos, desde contaminación hasta desplazamientos forzados.
- En Bolivia, esos riesgos ya están presentes en el contrato con CBC y los socios tecnológicos del proyecto.
La explotación del litio en Bolivia se presenta como una gran promesa de desarrollo tecnológico y económico, pero el análisis de expertos y defensores territoriales revela una realidad mucho más compleja. Si bien el país posee una de las mayores reservas del mundo, los contratos firmados con empresas extranjeras —especialmente chinas y rusas— contienen cláusulas que comprometen la soberanía económica, con costos financieros elevados, falta de control estatal y beneficios inciertos a largo plazo.
Desde el enfoque de derechos humanos, se evidencia una violación sistemática del derecho a la consulta previa, libre e informada, especialmente en comunidades indígenas del sur de Potosí. La participación de estas poblaciones ha sido mínima o inexistente, pese a que sus territorios, modos de vida y fuentes de agua están directamente afectados.
A nivel ambiental, el panorama es alarmante. La explotación de litio se concentra en uno de los ecosistemas más frágiles de Bolivia, dependiente del agua subterránea fósil. Investigadores advierten que la extracción intensiva, sumada a tecnologías no probadas como la inyección de salmueras residuales, podría desencadenar daños irreversibles, desde la pérdida de biodiversidad hasta el colapso de fuentes de agua.
Finalmente, la presencia creciente de capital chino en la región, sin estudios ambientales integrales ni garantías claras, reproduce un patrón conocido en América Latina: megaproyectos extractivos que priorizan el beneficio económico de actores externos sobre el bienestar de las comunidades y la protección del territorio.
El litio puede ser una oportunidad, pero solo si se gestiona con transparencia, respeto a los derechos humanos, responsabilidad ambiental y visión soberana. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otra historia de riqueza prometida y destrucción asegurada.
Este reportaje se basa en las exposiciones presentadas en el seminario “Contratos de Litio en Bolivia: Retos para la Protección de los Derechos Humanos y la Naturaleza”, realizado el martes 25 de marzo de 2025 en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz.
El evento fue organizado por el Colectivo Socioambiental de Acción Pública en alianza con organizaciones defensoras del territorio y el medioambiente, y contó con la participación de expertos en economía, derechos humanos, medioambiente y geopolítica.
Los panelistas fueron:
1.- Pedro Francisco Callisaya Aro, Defensor del Pueblo
2.- Héctor Córdova Eguívar, analista en economía y energía
3.- José Carlos Solón, investigador en finanzas públicas y contratos extractivos
4.- Gonzalo Mondaca, investigador ambiental
5.- Vivian Lagrava Flores, defensora de derechos humanos y miembro de organizaciones territoriales
6.- Marco Gandarilla, analista de la Red Latinoamericana de Observación de Industrias Extractivas
Este espacio de diálogo y reflexión permitió visibilizar diversas voces sobre los contratos firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas CBC (China) y Uranium One Group (Rusia), y sus implicaciones para el país.
Organizaciones de las 20 provincias demandan al TSE anular las nuevas circunscripciones y mantener el mapa usado en las elecciones de 2019 y 2020.
Beni se declaró en emergencia por inundaciones y brotes de enfermedades. San Borja y Rurrenabaque están entre los municipios más afectados, con daños severos y asistencia humanitaria en marcha.
Mientras trabajadores del sector salud protestan por la no renovación de contratos, la Alcaldía asegura haber cumplido con los pagos y califica la medida como injustificada.
El alcalde de La Paz se enteró en plena Fiscalía de la imputación en su contra por presunto incumplimiento de deberes y lesiones. La medida surge por las 40 viviendas afectadas.
Mientras la escasez de dólares complica la importación de insumos, farmacéuticos lidian a diario con precios elevados y problemas de abastecimiento.
Desde la madrugada, choferes de la Federación Yungas de La Paz interrumpen el tránsito hacia el norte paceño. Exigen solución a la escasez de combustible y mejoras urgentes en las rutas.