1985 marcó un antes y un después en la historia económica de Bolivia. La hiperinflación no solo destruyó el valor del dinero, sino también la estabilidad social y la confianza en las instituciones. Hoy, algunos indicadores económicos muestran señales preocupantes, y la historia nos advierte que ignorar estos ecos puede costarnos caro.
Análisis20 de marzo de 2025 Sergio J. Pérez Paredes
La hiperinflación de 1985 no fue un rayo en cielo despejado. Fue el desenlace de años de políticas irresponsables: un gasto público sin control, financiado por la maquinita de imprimir billetes; una economía dependiente del estaño, incapaz de diversificarse; y una deuda externa que se multiplicaba sin pensar en el día de pago. Pero, sobre todo, fue hija de una ceguera política, de gobiernos que pensaron que podían engañar al tiempo y al pueblo. Creyeron que podían sostener promesas huecas sobre un edificio en ruinas.
Los grandes procesos históricos no ocurren porque sí. Se gestan lentamente, a veces sin que los protagonistas lo noten. Pero cuando estallan, arrastran con violencia a quienes no quisieron ver. Bolivia, en 1985, fue arrasada no solo por el precio del estaño ni por la deuda externa, sino por la falta de autocrítica y visión.
Pocas cosas son tan destructivas para la sociedad como la pérdida de valor del dinero. No es solo un fenómeno técnico; es un golpe cotidiano, silencioso, que hiere al trabajador, al pequeño productor, al comerciante, al ama de casa. En 1985, cada día era una lucha para que el salario alcanzara, para que los alimentos no cambiaran de precio entre la mañana y la tarde.
Vi familias vender lo poco que tenían, vi migraciones internas desbordadas, vi la descomposición social en cada esquina. La clase media, otrora sostén del país, quedó reducida a sobrevivientes. Y no olvidemos el sector productivo, que quedó estrangulado, sin acceso a insumos ni a crédito. No fue solo una crisis económica; fue un proceso de empobrecimiento moral y social.
Bolivia no está hoy en los niveles de 1985, es cierto. Pero como historiador, no puedo evitar ver paralelismos inquietantes. Persisten políticas de subsidios desmesurados, un déficit fiscal crónico, una excesiva dependencia de materias primas, reservas internacionales reduciéndose a un ritmo alarmante, y una deuda pública que crece sin pausa.
No sugiero que la historia se repite tal cual. La historia es más astuta: rima, como decía Mark Twain. Y en esas rimas se esconden las advertencias. La sensación de que el Estado vuelve a gastar más de lo que produce, de que las decisiones se toman pensando en el corto plazo y en evitar costos políticos inmediatos, es un eco del pasado que resuena con fuerza.
La respuesta está en el análisis sereno y valiente de nuestra propia historia. Bolivia necesita, con urgencia, una reforma fiscal profunda, que amplíe la base tributaria y reduzca la dependencia de ingresos volátiles. Necesita desmantelar progresivamente los subsidios que son insostenibles a mediano plazo y que solo postergan los problemas. Pero, sobre todo, necesita diversificar su economía y fortalecer su aparato productivo interno.
Más allá de las medidas técnicas, hay algo más profundo que el gobierno y la sociedad deben recuperar: la confianza. Confianza en que la estabilidad no se compra con maquillaje económico, sino con políticas responsables, previsibles y sostenibles.
Como historiador, me permito una última reflexión: los pueblos que se niegan a escuchar las lecciones de su pasado, están condenados a revivir sus peores pesadillas. Hoy tenemos la oportunidad de evitarlo. Pero la historia no espera eternamente.
La pregunta es sencilla y brutal: ¿escucharemos a tiempo o volveremos a pagar el precio más alto?
Este artículo fue escrito por Sergio J. Pérez Paredes, historiador, periodista y analista político. Publicado originalmente en elfaro24.com.
En este contexto, es crucial que los responsables de las políticas económicas (bancos centrales y gobiernos) busquen la forma de mitigar el impacto y fomenten la estabilidad económica.
Los efectos económicos y sociales seguirán estando presentes. Nunca un acto de liberación habrá costado tanto dinero a sus ciudadanos.
La UE y América Latina deben actuar con pragmatismo, equilibrando flexibilidad y firmeza para proteger sus economías en un entorno particularmente volátil y hostil.
Para los Estados miembros de la UE, junto con socios afines como Canadá, Noruega, Turquía y el Reino Unido, el rearme no puede retrasarse más.
El uso de dinero público para beneficiar a exmandatarios es una distorsión del principio de equidad. Los privilegios no se heredan de la función pública.