Bolivia enfrenta una crisis energética de gran escala debido a la escasez de diésel, que afecta a más de 40.000 unidades productivas y genera una presión sin precedentes sobre sectores clave como la industria, la agroexportación y el transporte. Mientras el Gobierno busca soluciones con limitadas reservas de dólares, las tensiones entre actores políticos y económicos se intensifican, con demandas de liberalización del mercado de combustibles y propuestas de precios internacionales que podrían marcar el fin del subsidio estatal.
Análisis11 de marzo de 2025
Redacción
El suministro de diésel en Bolivia ha experimentado interrupciones prolongadas en los últimos meses, afectando principalmente a sectores que dependen de este insumo para operar. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) advierte que más de 40.000 unidades productivas enfrentan dificultades, lo que podría traducirse en una reducción de la actividad económica y un incremento en los costos de producción.
En Santa Cruz, el principal motor agroindustrial del país, los productores de soya han alertado que la falta de combustible pone en riesgo la cosecha, lo que a su vez impactará en la disponibilidad de aceites y alimentos procesados. Según la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), la escasez ha obligado a los agricultores a retrasar la recolección de cultivos, afectando tanto la exportación como el abastecimiento interno.
El sector del transporte, fundamental para la distribución de bienes en el país, también ha sufrido las consecuencias de la crisis. Transportistas denuncian largas filas en estaciones de servicio y sobreprecios en el mercado negro. Esto podría provocar un incremento en los precios de los alimentos y otros productos básicos, aumentando aún más la inflación.
La administración de Luis Arce ha reconocido públicamente que la falta de dólares está limitando la importación de diésel. Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto vender el combustible a precio internacional a sectores productivos, lo que marcaría un cambio radical en la política de subsidios.
Desde hace décadas, Bolivia mantiene un esquema de subsidios al combustible, lo que ha permitido mantener precios bajos para el transporte y la producción agrícola. Sin embargo, esta política ha generado una creciente presión fiscal. Según cifras oficiales, el subsidio a los carburantes representó en 2024 un 4% del PIB y se prevé que el costo se vuelva insostenible si el Estado continúa absorbiendo la diferencia entre el precio de importación y el precio de venta interno.
El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, explicó que la medida de ofrecer combustible a precio internacional busca aliviar la presión sobre las reservas de divisas del Banco Central. Sin embargo, los sectores afectados han manifestado su rechazo, argumentando que un aumento en el costo del diésel generaría una cadena de aumentos de precios en bienes y servicios, perjudicando a la población en general.
La crisis ha llevado a que la Gobernación de Santa Cruz exija la liberalización de la importación de carburantes. Esta propuesta permitiría que actores privados traigan diésel y gasolina desde países vecinos, reduciendo la dependencia del Estado para la provisión de estos insumos.
El Comité Cívico de Santa Cruz, por su parte, ha advertido que si el Gobierno no garantiza el suministro de combustible en los próximos días, se iniciarán medidas de presión como bloqueos y movilizaciones en la región oriental del país. Santa Cruz, considerada el motor económico de Bolivia, ha sido históricamente un bastión de oposición al Movimiento al Socialismo (MAS), lo que sugiere que la crisis energética podría profundizar la fractura política entre el gobierno central y la región cruceña.
Otro actor clave en este conflicto es el sector del transporte. La Cámara Boliviana de Transporte ha señalado que, aunque el subsidio a los combustibles es insostenible a largo plazo, su eliminación debe hacerse de manera gradual y con medidas de compensación. De lo contrario, la economía popular podría sufrir un golpe severo, ya que cualquier alza en el precio del diésel se reflejaría en aumentos en el costo del transporte público y de bienes esenciales.
El levantamiento del subsidio al combustible es un tema históricamente sensible en Bolivia. En 2010, el intento del Gobierno de Evo Morales de eliminar el subsidio a los carburantes provocó protestas masivas y obligó a dar marcha atrás en menos de 48 horas. En el actual contexto de crisis económica, una decisión similar podría generar una reacción social de gran magnitud.
La crisis del diésel no solo pone en jaque la producción y el transporte, sino que también abre un debate más amplio sobre el modelo económico del país. Durante años, Bolivia ha dependido de la exportación de gas y otros recursos naturales para sostener su economía. Sin embargo, con la caída de la producción de gas y la reducción de los ingresos por exportaciones, el país enfrenta una encrucijada.
Los economistas advierten que si el Gobierno no encuentra una solución estructural a la crisis del diésel y la escasez de divisas, Bolivia podría verse forzada a adoptar medidas de ajuste económico, como devaluación de la moneda o una reducción en el gasto público.
Algunos analistas consideran que la apertura del mercado de combustibles podría ser un primer paso hacia una mayor liberalización de la economía. Sin embargo, esto implicaría un cambio en el modelo de subsidios y un potencial costo político para el Gobierno de Luis Arce, que hasta ahora ha evitado medidas que puedan generar descontento social.
Vision360: Industriales advierten que más de 40.000 unidades productivas están afectadas
El Deber: Sin dólares, el Gobierno ofrece combustible a precio internacional
El Deber: La Gobernación cruceña exige la liberación de importación de carburantes
El Deber: Transporte señala que la subvención de combustible tendrá que levantarse gradualmente
En este contexto, es crucial que los responsables de las políticas económicas (bancos centrales y gobiernos) busquen la forma de mitigar el impacto y fomenten la estabilidad económica.
Los efectos económicos y sociales seguirán estando presentes. Nunca un acto de liberación habrá costado tanto dinero a sus ciudadanos.
La UE y América Latina deben actuar con pragmatismo, equilibrando flexibilidad y firmeza para proteger sus economías en un entorno particularmente volátil y hostil.
Para los Estados miembros de la UE, junto con socios afines como Canadá, Noruega, Turquía y el Reino Unido, el rearme no puede retrasarse más.
El uso de dinero público para beneficiar a exmandatarios es una distorsión del principio de equidad. Los privilegios no se heredan de la función pública.
Parece casi una paradoja que el gobierno de Estados Unidos se plantee recortes en misiones espaciales de gran calado en nuestro conocimiento de los asteroides potencialmente peligrosos como la reutilizada OSIRIS Apex, que se encuentra ya en el espacio.
Mientras Caracas siga avanzando hacia una transformación urbana sin planificación inclusiva, la moto continuará siendo un síntoma más de la crisis, pero también una muestra de resiliencia ciudadana ante un sistema que no termina de responder a sus necesidades.
Los chinos no pueden sino esbozar una sonrisa: ellos ya vivieron su salvaje arremetida contra sus universidades durante la Revolución Cultural y saben que es una acción que no trae beneficios. América está viviendo sus propios momentos Mao, que quizás pronto se rebauticen como momentos Trump.
Lo importante es saber que podemos capturar fragmentos, preservar lo esencial y construir una memoria digital más sólida, menos vulnerable a los vaivenes tecnológicos o a las decisiones de unas pocas empresas o gobiernos.
El futuro sólo puede pasar por el fin del genocidio y del colonialismo y por el que todas las personas, sean judías, cristianas, musulmanas o ateas, tengan los mismos derechos.