Paz o Tuto: ¿qué dice la Inteligencia Artificial sobre el voto económico que definirá el rumbo de Bolivia?

La IA consultada acerca de ello, indica:

La inflación acumulada de 2025 ronda el 17 % y la escasez de divisas encarece los productos importados y los combustibles, el balotaje entre Jorge “Tuto” Quiroga y Rodrigo Paz Pereira enfrenta a dos visiones muy distintas sobre cómo salir de la tormenta y quién debe cargar con el costo del ajuste.

El candidato Jorge Quiroga ha puesto sobre la mesa un plan de estabilización inmediata que descansa en la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. Según sus proyecciones, ese pacto permitiría inyectar entre dos y cuatro mil millones de dólares de libre disponibilidad en el Banco Central, dinero vital para recomponer reservas y recuperar el acceso a divisas. El objetivo es volver a un esquema de tipo de cambio único y flexible, acabar con el mercado negro del dólar y frenar la espiral inflacionaria que golpea con más fuerza a los hogares pobres y a los comerciantes que dependen del día a día. Su propuesta incluye además privatizaciones selectivas, un giro pro-mercado en impuestos y apertura de negociaciones comerciales con Estados Unidos y otras potencias. Para las pymes, esto podría significar un entorno más predecible, acceso más sencillo a insumos importados y la posibilidad de planificar inversiones con mayor confianza. Sin embargo, el costo inmediato del plan recae sobre los subsidios a los combustibles y sobre el gasto público. Reducir esas transferencias puede encarecer el transporte, la electricidad y los alimentos, todos componentes esenciales para la vida diaria y los balances de pequeños negocios. El programa de Quiroga no detalla aún mecanismos de protección social específicos para amortiguar ese golpe en los sectores informales y de bajos ingresos, lo que genera la duda de si la estabilización rápida vendrá acompañada de un aumento de la precariedad.

Rodrigo Paz, en cambio, ha elaborado una propuesta menos centrada en la macroeconomía y más enfocada en la inclusión y la descentralización. Su llamada Agenda 50/50 propone que la mitad de los recursos fiscales se manejen desde el nivel central y la otra mitad desde municipios y gobernaciones, bajo el argumento de que las necesidades de la gente se atienden mejor desde la cercanía territorial. Para los comerciantes de mercados, los transportistas y los talleres familiares, esto significaría la posibilidad de acceder a programas locales de crédito, capacitación y apoyo directo, en lugar de esperar a políticas nacionales que suelen demorarse o perderse en la burocracia. Además, plantea un régimen transitorio de formalización de tres años, donde los trabajadores y microempresarios podrían entrar al sistema con impuestos simplificados, sin miedo a sanciones, y a cambio obtener acceso a la seguridad social y al sistema financiero. Con esto, se intenta abrir una puerta a la inclusión de ese 70 % de la población económicamente activa que hoy opera en la informalidad. Su plan prevé también el cierre de empresas públicas deficitarias, la reducción de impuestos y barreras aduaneras para dinamizar la actividad privada, medidas que beneficiarían a las pymes aligerando sus costos y trámites. El riesgo de la propuesta de Paz es que, al no tener un ancla de financiamiento externo de magnitud, no asegura de inmediato un freno a la inflación ni una recuperación rápida de las reservas. Si los precios siguen en aumento y el dólar continúa escaso, muchos pequeños negocios, incluso con menores trabas, podrían quebrar bajo la presión del alza de insumos y la caída del consumo.

La disyuntiva para pymes e informales es clara: con Quiroga, tendrían un entorno macroeconómico más ordenado en el corto plazo, lo que a mediano plazo puede estabilizar el mercado y dar previsibilidad, pero al precio de un ajuste que encarece la vida cotidiana y que se siente primero en los bolsillos de quienes menos tienen. Con Paz, encontrarían un plan que habla directamente a sus necesidades inmediatas, con alivios fiscales, acceso a crédito y programas de inclusión que reconocen la importancia de los mercados populares y de las pequeñas unidades productivas, aunque con el riesgo de prolongar la inestabilidad cambiaria y la inflación si no se consigue financiamiento externo suficiente.

Para los sectores carenciados, la apuesta de Paz luce más amigable porque promete sostén en salud, educación y asistencia social bajo gestión local, mientras que el plan de Quiroga se percibe más lejano, enfocado en cifras macroeconómicas. Para los pequeños y medianos empresarios, ambos caminos presentan oportunidades y amenazas. Los que exportan o dependen de insumos importados tienden a mirar con buenos ojos la promesa de estabilidad cambiaria de Quiroga. Los que trabajan sobre todo en el mercado interno valoran más la reducción de trabas, la posibilidad de créditos locales y la formalización gradual que ofrece Paz. Para los informales, que constituyen la mayoría silenciosa, la inclusión progresiva del plan de Paz es un incentivo claro, frente a un escenario de ajustes que podría marginarlos aún más.

El balotaje boliviano, por tanto, no solo definirá el próximo presidente, sino el rumbo de millones de pequeños comerciantes, artesanos, transportistas y emprendedores que cargan sobre sus hombros el peso de la economía diaria. La decisión que tomen los votantes será, en gran medida, un voto económico: optar por la estabilidad inmediata con sacrificios sociales, o por una transición más gradual y descentralizada que busca dar voz a los actores más invisibles, pero que podría no resolver a tiempo la crisis inflacionaria.

Al final, el resultado marcará si Bolivia camina hacia un modelo de ajuste duro que favorezca primero a la estabilidad macro o hacia una inclusión gradual que priorice a los sectores populares y productivos de base. En ese dilema se juegan no solo los números de las cuentas fiscales, sino el futuro del tejido económico que sostiene al país día tras día.