La exdiputada anuncia que solicitará a la ODCA la suspensión del Partido Demócrata Cristiano en Bolivia, acusando al TSE de habilitar ilegalmente a Rodrigo Paz y de permitir una “infiltración comunista” en la democracia cristiana.
ActualidadAyer
Redacción
La abogada y exdiputada Norma Piérola Valdez, militante histórica del Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció que pedirá a las organizaciones matrices de la democracia cristiana en el mundo —la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) — la suspensión del PDC en Bolivia.
La exlegisladora argumenta que esta medida es necesaria para “resguardar la identidad doctrinaria” del partido frente a lo que denuncia como una grave desviación: la habilitación de la candidatura presidencial de Rodrigo Atahuallpa Paz Pereira, a quien acusa de tener doble nacionalidad y de estar respaldado por sectores ideológicamente opuestos a la esencia cristiana.
Como antecedente, Piérola citó lo ocurrido en Chile, donde la Democracia Cristiana enfrentó procesos internos similares. “En el vecino país supieron blindar al partido de capturas ideológicas externas. Aquí debemos hacer lo mismo. No podemos permitir que el PDC boliviano postule a una comunista como Jara, porque eso contradice nuestra esencia y engaña al electorado”, sostuvo en declaraciones exclusivas.
Choque con el TSE y denuncias de vulneración constitucional
La ofensiva internacional de Piérola se suma a sus cuestionamientos directos al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según la jurista, la habilitación de la dupla Paz – Lara vulnera el artículo 247 de la Constitución Política del Estado, que prohíbe que un extranjero asuma la jefatura de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con sus denuncias, Paz Pereira tendría nacionalidad española, lo que inhabilitaría su postulación. “El TSE no solo violó la Constitución, sino también los estatutos internos del PDC. Se ha inmiscuidos en nuestros asuntos internos y ha favorecido a facciones afines al MAS y al MIR”, advirtió Piérola.
Fracturas internas y disputa por la representación
Otro de los puntos que alimenta la controversia es el rol del dirigente Roberto Castro Peñaranda, reconocido como delegado titular del PDC. Piérola asegura que su inscripción fue irregular y que no existe un acta colegiada que lo respalde. “El PDC es una organización de decisiones colectivas, no de imposiciones individuales. Un delegado no puede ser el hombre orquesta de un partido”, remarcó.
Estas tensiones han derivado en acusaciones de ocultamiento de resoluciones por parte del TSE y en lo que Piérola considera la entrega del control del PDC a “fracciones masistas divididas en cuatro cabezas”.
“MAS camuflado en la democracia cristiana”
La exdiputada sostiene que la habilitación de Paz y Lara responde a un pacto político que pretende “introducir al MAS bajo el disfraz de la democracia cristiana”. Según Piérola, esta maniobra es parte de una estrategia mayor para consolidar lo que denomina la “narco-dictadura masista”.
“La dupla fue habilitada de manera ilegal, dolosa y pactada. No es democracia cristiana: es el MAS disfrazado. El electorado debe saber que están usando nuestras siglas para fines ajenos a nuestra doctrina”, denunció.
Un llamado a la comunidad internacional
Consciente de que la disputa excede lo meramente electoral, Piérola decidió llevar su denuncia a instancias internacionales. La ODCA, con sede en Santiago de Chile, agrupa a partidos demócrata cristianos de toda América Latina y mantienen vínculos estrechos con la Internacional Demócrata de Centro (IDC), con fuerte presencia en Europa.
Si prospera su pedido, el PDC boliviano podría ser suspendido o sancionado dentro de este bloque político internacional, lo que supondría un golpe sin precedentes para la histórica agrupación fundada en 1954.
“Así como se hizo en Chile para proteger la doctrina, exigimos que se actúe en Bolivia. No se trata de un capricho personal, sino de resguardar un legado político y cristiano que hoy corre el riesgo de ser destruido desde adentro”, enfatizó Piérola.
Perspectivas y repercusiones
El anuncio de Piérola abre un nuevo frente en el ya complejo panorama electoral boliviano. De confirmarse la elevación del caso a la ODCA, la controversia pasará de un conflicto interno a una disputa de alcance continental, involucrando a partidos de la región que observan con recelo el avance de alianzas ideológicas consideradas incompatibles con el ideario cristiano.
Mientras tanto, el TSE guarda silencio sobre las acusaciones, y la candidatura de Rodrigo Paz continúa en pie. El desenlace no solo definirá el futuro inmediato del PDC, sino también el papel de la democracia cristiana boliviana dentro del tablero político regional.
Bolivia despertó el 17 de agosto de 2025 a una realidad que pocos imaginaron posible. Las urnas, esos recipientes sagrados de la voluntad popular, habían pronunciado un veredicto que resonaría como campanas de libertad en los rincones más remotos del continente: el fin de una era, el alba de otra, y en el medio, el silencio expectante de una nación que por dos décadas había olvidado la esperanza genuina.
Según Chat GPT, Bolivia se encamina a una segunda vuelta electoral marcada por la crisis económica más aguda de los últimos años y por un debate que gira en torno al futuro de las pequeñas y medianas empresas y del sector informal, que juntos constituyen el verdadero corazón de la economía nacional.
Según EFE, el expresidente de Bolivia Evo Morales anunció que permanecerá en el país para “derrotar a los neoliberales y corruptos” tras conocerse el cómputo final de las elecciones generales, que confirmó una segunda vuelta presidencial entre Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, con el 32,06 % de los votos, y el también expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, con el 26,70 %.
La organización política Creemos proyecta que Luis Fernando Camacho podría salir en libertad a inicios de la próxima semana, probablemente entre lunes y martes, a raíz de la determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de revisar los procesos que involucran al gobernador cruceño, al exlíder cívico Marco Pumari y a la expresidenta Jeanine Áñez.
Según El País (Madrid) y el periodista Andrés Rodríguez, Rodrigo Paz Pereira se ha convertido en la gran revelación de las elecciones en Bolivia. Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, su trayectoria se ha forjado al calor de su herencia política y experiencias de exilio.
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los tribunales departamentales que revisen, de manera inmediata, si se cumplen los plazos de la detención preventiva en los procesos abiertos contra Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
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En 2024, Bolivia volvió a ser observada con lupa por la comunidad internacional debido a un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El Informe 2024 sobre Derechos Humanos en Bolivia, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, expone una radiografía incómoda para el gobierno de Luis Arce.